El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.
Cabe señalar que la DIRESA Cusco socializó el plan de atención en mención, indicando que se viene trabajando coordinadamente con DHSF y comuneros interesados de las zonas de influencia directa del proyecto minero Antapaccay. “El día 17 de noviembre el personal médico de 9 especialidades, urología, dermatología, neurología, ginecología, nefrología, entre otros, llegarán desde Lima para instalarse en la provincia y poder iniciar la atención desde el 18 hasta el 22 de noviembre”, manifestó la Lic. Karen Choque, responsable de la estrategia regional para metales pesados de la DIRESA Cusco.
Sin embargo, las y los comuneros que participaron en la reunión, indicaron que en el pasado las atenciones no habían sido de prioridad para las comunidades afectadas ubicadas en el entorno minero. ‘En agosto que también hubo atención, vimos con mucha pena que nuestros hermanos de comunidades se regresaron porque no tenían SIS y no se les dio prioridad para atenderlos’ señaló Carmen Chambi, vocera de Espinar en la Plataforma Nacional de Afectados por metales Tóxicos. Además, los comuneros manifestaron que ‘ya están cansados’ de que solo se les proporcione paracetamol, sabiendo que sus problemas de salud son de gran complejidad.
Por otro lado, los comuneros evidenciaron que la mayoría de personas afectadas por metales tóxicos viven en comunidades campesinas, y es difícil (económica y geográficamente) trasladarse hasta el Hospital de Yauri (donde será la atención), por ello solicitaron apoyo, principalmente para el traslado de adultos mayores, exigiendo que el personal de salud tenga especial atención con ellos.
En base a todas estas observaciones y preocupaciones planteadas desde las comunidades campesinas, las instancias presentes se han comprometido a mejorar la atención en salud y que ello se enmarca en los siguientes acuerdos:
- La Municipalidad Provincial de Espinar, a partir de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, pondrá a disposición 01 movilidad que apoye en el traslado de comuneras/os que no puedan viajar hasta Yauri. Mientras que la Gerencia de Desarrollo Social brindara carpas, sillas y alimentación durante el proceso de atención.
- Con respecto a las malas atenciones que pudieron darse en el pasado, la DIRESA ratifica su compromiso de mejorar la atención desde el equipo que acompañe este proceso. Así mismo la DIRESA se compromete en remitir al MINSA la relación de personas que no cuenten con SIS y que se encuentren expuestos a su salud por metales pesados, para que así puedan recibir la atención gratuita completa.
- La Red de salud Canas Canchis Espinar, Hospital de Espinar, Microred y CLAS Espinar se compromete en operativizar la atención garantizando todo el recurso humano necesario.
- DHSF se compromete a capacitar y promover la participación de traductores e intérpretes quechuas que acompañen los días de atención en salud.
- Finalmente, las comunidades campesinas se comprometen a socializar estos acuerdos en sus bases para garantizar la atención de sus comuneras/os los días programados. Así mismo registrar a las personas que requieren urgente atención de salud para que puedan gestionar su ingreso al SIS.
Desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos que es importante resaltar este tipo de acuerdos, que involucran a todos los actores sociales e institucionales, pues permitirán garantizar la salud de las comunidades campesinas que desde hace muchos años exigen atención de calidad.
