El pasado 05 de noviembre el alcalde de Espinar Óscar Mollohuanca hizo un llamado de emergencia a los medios de comunicación y a la opinión pública, por la ocupación de la ciudad de 700 efectivos de la Policía Nacional; el hecho atemorizó a la población. Pero, ¿por qué se dio la orden de ocupar Espinar de manera sorpresiva y desproporcionada?
Pues para controlar posibles conflictos mineros y por la inminente resolución del Tribunal Constitucional respecto al largo conflicto por el proyecto hidroeléctrico y de irrigación Majes-Siguas II, que como se sabe, no cuenta con la aceptación de la población de Espinar, que teme quedarse desabastecida de agua gran parte del año, por el trasvase de aguas hacia Arequipa. “El Ejecutivo intenta amedrentarnos para imponer su proyecto” declaró Mollohuanca.
Como consecuencia de esta ocupación policial, en la comunidad campesina de Urinsaya, en el distrito de Coperaque, se denunció que aproximadamente cien policías golpearon brutalmente a 15 comuneros y detuvieron a Reynaldo Taco. ¿El motivo? La comunidad se opone a la construcción de una carretera que beneficiará al megaproyecto minero Xstrata – Las Bambas, en tanto la empresa se siga negando a compartir los beneficios.
Inmediatamente autoridades cusqueñas pidieron el retiro de policías, la congresista Verónika Mendoza solicitó mediante oficio al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, una explicación sobre las razones de la presencia policial en Espinar.
Desde CooperAcción nos preocupan los mensajes que, de alguna manera, está enviando el Gobierno con decisiones tan controvertidas: sitiar una ciudad de manera sorpresiva da señales asociadas a priorizar el uso de la violencia y la represión, más que al diálogo.