EDITORIAL (BOLETÍN AMP N°249, MARZO 2020) Cooperaccion
Imagen: Correo
Estamos viviendo un escenario inédito en todo el planeta del cuál nadie puede pronosticar ni cómo ni cuándo vamos a salir. La pandemia desatada por el covid 19 toca a todos y el mundo ha entrado a un escenario de parálisis casi total.
Está claro que desatada la pandemia en todo el mundo espera y exige que los estados reaccionen, se hagan cargo y asuman el desafío. A nadie se le ocurre esperar algo de la mano invisible del mercado, que para estos casos, está claro que es totalmente invisible y brilla por su ausencia. Lo que se espera es que los sistemas de salud públicos funcionen y estén a la altura de las circunstancias, mientras que el sistema de salud privado se lava las manos. Ahora, todos se comienzan a dar cuenta que se necesitan estados fuertes para enfrentar la pandemia y en cada país las respuestas rompen todos los esquemas porque está claro que no es posible escatimar ningún esfuerzo.
En estas circunstancias y frente a la emergencia, no hay rol subsidiario del Estado que valga. Los estados intervienen, tienen que hacerlo y, por supuesto, despliegan sus esfuerzos en función de sus propias realidades. Para eso hace falta solvencia económica (por eso se debió guardar pan para mayo). Es en estos momentos en que se puede evaluar qué tan responsable se ha sido; cómo se aprovecharon los tiempos de bonanza y cómo se implementó mejoras sustantivas en el gasto en educación, saneamiento, salud, etc.
En una coyuntura como la que enfrentamos, se hace evidente los errores del pasado reciente; de no haber aprovechado la bonanza económica de toda una década; de no haber implementado las reformas que el país necesitaba; de haber mantenido, por ejemplo en el caso del Perú, un gasto en salud muy por debajo del promedio de los países de América Latina. Además, el Perú se ubica en el grupo de los países en el mundo con menor recaudación como porcentaje del PBI y, pese a que América Latina presenta niveles de recaudación relativamente bajos, desde hace tiempo estamos bastante lejos de la presión tributaria promedio de la región.
Alguien comentaba que cuando pase este capítulo, tendremos una mejor o más actualizada idea de quién es quién en el país. Situaciones como la que estamos viviendo muestran la capacidad de reacción e iniciativa para enfrentar la amenaza y al mismo tiempo la miseria humana de algunos.
El gobierno está mostrando buenos reflejos y capacidad de reacción. Desde el anuncio del domingo 14 de marzo y la declaración del Estado de Emergencia Nacional, ha desplegado una gran iniciativa que las encuestas confirman que cuentan con el respaldo mayoritario de la población.
Al mismo tiempo, también han salido los que, hasta en estas circunstancias, tratan de poner por delante sus intereses. Desde políticos -sobre todo varios ex congresistas que al parecer no cesan en su empeño de caer cada vez más bajo, hasta los representantes de gremios empresariales que, por ejemplo, desde un inicio han tratado de limitar los alcances del mencionado decreto supremo para sus actividades productivas.
Un ejemplo de esto último fueron las declaraciones que dio la presidenta de la Confiep, María Isabel León, a inicios de semana de la declaratoria de emergencia: “uno no puede pensar que los campamentos mineros se van a detener durante quince días porque paralizarían la actividad minera”. Cabe señalar que, previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, había señalado que los campamentos mineros sí se iban a detener.
Finalmente esta pulseada la ganó la Confiep y las empresas mineras fueron incluidas dentro de las actividades que pueden seguir desarrollando sus operaciones. Si bien en un comunicado del Ministerio de Energía y Minas se habla de autorizar operaciones críticas, se incluyen las actividades de “explotación; beneficio; cierres de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de mineral por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformado”. Es decir todas las operaciones mineras, habidas y por haber y además sin ninguna posibilidad práctica para que un organismo del Estado peruano de control y fiscalización, pueda hacer su tarea regular.
Esta es una decisión cuestionable y que va en contra del objetivo de controlar la infección en el todo el territorio nacional. Hasta el momento el covid 19 en el Perú es un problema urbano: 99.9% de los casos confirmados se han presentado en ciudades y de estos casi el 86% se ubican en Lima y Callao. Los territorios rurales, sobre todo de nuestras comunidades campesinas y pueblos indígenas, no han sido por el momento afectados. Como se sabe, la minería se ubica en zonas predominantemente rurales, pero al mismo tiempo sus trabajadores provienen de las ciudades y que por los vigentes sistemas de trabajo, tienen una gran movilidad (entran y salen de los campamentos y se trasladan permanentemente a sus ciudades de origen donde viven sus familias). Por eso, la decisión tomada representa un grave peligro de expansión del virus en áreas rurales en el país. Varias comunidades y municipios rurales han reaccionado y están haciendo respetar sus territorios. Ojalá el gobierno pueda corregir esta decisión que va en sentido contrario de los objetivos expuestos.