Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”,
realizado en San Salvador el miércoles 14 de abril, representantes de
organizaciones comunitarias, indígenas y ambientalistas de México y
Centroamérica planteamos lo siguiente:
Empresas de Canadá y Estados Unidos realizan proyectos mineros que –
en vez de generar desarrollo nacional y beneficio comunitario– saquean
recursos naturales, dañan el medioambiente y provocan conflictos sociales:
grave contaminación ambiental y asesinato de opositores a la minería en
México, Guatemala, El Salvador y demás países de la región.
A pesar de la resistencia comunitaria y del rechazo mayoritario de la
población de nuestros países, estas compañías se imponen mediante la
compra de voluntades de presidentes, ministros, diputados, alcaldes y
líderes comunales; y violentan leyes nacionales, tratados internacionales
de derechos humanos y hasta sus propios códigos de conducta.
Algunas empresas demandan a Estados en tribunales como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Pacific
Rim exige a El Salvador $100 millones por negarle un permiso de
explotación, y Commerce Group también $100 millones por cancelarle una
licencia de operación; mientras Blackfire amenaza al gobierno mexicano
con una demanda de $800 millones.
Las demandas contra el Estado salvadoreño se procesan a través del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (CAFTA-DR); y el posible arbitraje contra México sería con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Todas,
amparadas en el principio de “expropiación indirecta” y mecanismos solución
de controversias.
Dada la situación señalada, exigimos a los Estados mesoamericanos
implementar medidas urgentes de protección ambiental y social, que incluyan:
1-Aprobar leyes prohibitivas de la minería metálica, especialmente en El
Salvador donde no se han permitido estos proyectos; y acelerar los planes
de cierre de minas en los países donde existe explotación minera.
2-Renunciar a los tratados de libre comercio: derogar el CAFTA-DR y el
NAFTA, no firmar el ADA y descartar el acuerdo comercial con Canadá,
que podría beneficiar aún más a las compañías extractivas canadienses.
3-Castigar a los responsables intelectuales y materiales de las amenazas,
atentados y asesinatos de activistas contra la minería en México,
Guatemala, El Salvador y demás países afectados por la violencia minera.
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Centro de Acción
Legal, Ambiental y Social (CALAS), y Coordinadora Nacional Indígena
y Campesina (CONIC), de Guatemala; Mesa Nacional frente a la
Minería Metálica, de El Salvador; Comité Ambiental del Valle de Siria,
Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y Asociación de Organismos
No Gubernamentales (ASONOG), de Honduras; Centro Humboldt, de
Nicaragua; y Mining Watch, de Canadá.
San Salvador, 14 de abril de 2010.