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Foto: OCM 12/07/2022
En las últimas dos décadas el Perú ha tenido un crecimiento sostenido de su economía, pero, acompañado de los conflictos sociales, principalmente, vinculados a la minería que no están siendo resueltos de manera efectiva por los distintos gobiernos. Por ende, urge cambiar la estrategia gubernamental de resolución de conflictos considerando que las mesas de diálogo no son eficaces, coincidieron diferentes especialistas que participaron en la presentación del reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM.
“Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado”, comentó Cesar Flores, investigador de CooperAcción durante su participación en el evento.
Según el reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, en los últimos meses la naturaleza de los conflictos vinculados a la minería ha venido cambiando. Uno de esos cambios es la gran fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas.
Por ejemplo, en el corredor minero del sur andino, cada 30 kilómetros se puede identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articular entre sí. En esta zona, el OCM identifica que se ha configurado una suerte de situación de conflictividad casi permanente.
Incluso se evidencia cierta competencia entre distritos, provincias y regiones; también compiten entre comunidades: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Ante este escenario, según los especialistas que participaron de la presentación del informe es urgente realizar un giro en el abordaje de los conflictos sociales
“Se hace necesario construir un sistema de gobernanza para los territorios, donde estén representados el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones”, indicó Flores.
Para Mirtha Villanueva, directora de Grufides, las políticas gubernamentales promueven la inversión minera sin la protección de los derechos de las comunidades adyacentes a los proyectos mineros. Advirtió que actualmente, la minera Yanacocha sigue ampliando su territorio de exploración e incluso tiene aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para desarrollar minería subterránea de cobre
“Yanacocha Sulfuros se prepara para realizar minería subterránea, pero sin informar a la población sobre los impactos ambientales que tendría sus operaciones. La falta de transparencia en este proyecto tiene preocupado a la población”, comentó Villanueva.
La congresista Ruth Luque coincidió en la importancia de crear un sistema de gobernanza para los territorios con el fin de convertirse en una plataforma para resolver los conflictos sociales mediante consensos, no obstante, advirtió que “no existe la voluntad política” desde el poder Ejecutivo y Legislativo para dicho fin.
Por el contrario, Luque afirmó que el Estado peruano en los últimos años viene aprobando normas que debilitan la gestión ambiental y la protección al medio social y ambiental. “Todo este debilitamiento a la institucionalidad ambientas debemos denunciarla. Existen intereses claros de ciertas fuerzas políticas que están esperando aprobar normas que ya fueron dejadas de lado. Ahora mediante Plenos de madrugada se busca aprobar dichas normativas”, aseguró la parlamentaria.
Por último, el informe resalta que la contaminación minera cada vez más amenaza a Lima, la capital del país, y a sus más de 10 millones de habitantes. Muestra de ello es el derrame de zinc en el rio Chillón a consecuencia de la volcadura de un camión que brindaba servicios a la empresa minera Volcan. Así mismo, los relaves mineros de Tamboraque y el proyecto Ariana son a su vez otras amenazas al abastecimiento de agua potable en la capital.
Avance de la minería informal
La minería informal o la abiertamente ilegal sigue “ganando terreno”. El reporte advierte del avance de la minería de oro en la Amazonía que sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión, violencia y enfrentamientos con los pueblos indígenas. En los últimos meses los mineros informales aprovechando los altos precios de los minerales vienen explotando cobre.
Según el reporte, en el primer semestre también se ha visto como la minería informal le quita territorio a la minería formal. “En el Valle de Condebamba, la población de la zona viene denunciando el impacto negativo del proyecto Shahuindo, operado por Pan Américan Silver, en sus fuentes de agua. Y en los últimos meses se ha sumado la minería informal que opera al lado de la empresa minera. Ahora los mineros formales e informales afectaron las fuentes de agua de la zona”, manifestó Villanueva.
Al respecto, Augostina Mayán Apikai, defensora awajún, quien ahora se encuentra amenazada por mineros ilegales del Cenepa, una zona de la Amazonía peruana en la frontera con Ecuador, denunció que el inicio de la pandemia y la falta de recursos es un problema que impide a las autoridades de la zona desarrollar adecuadamente su labor de fiscalización.
“No se han realizado interdicciones en la parte baja del Cenepa, por lo menos desde el año pasado, lo que ayuda al fortalecimiento de la minería ilegal que viene acompañada de violencia”, dijo.
Según David Velasco, director de Fedepaz, los diferentes gobiernos han implementado una política estatal diseñada para la criminalización de la protesta. “El Estado peruano continúa priorizando una solución fáctica llevando a la policía y las FF. AA para reprimir las protestas legitimas que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos. La represión a la protesta viene acompañada de la instrumentalización del derecho penal”, dijo.
El reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, es elaborado por CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
Puedes descargar el reporte del primer semestre del 2022 aquí: https://bit.ly/3yZHKyr
