La semana pasada el país puso en marcha una de las medidas claves para frenar el flagelo de la contaminación por mercurio: entró en vigencia la prohibición de este elemento en la producción legal de minería de oro. Sin embargo, su alarmante uso ilegal sigue siendo el mayor obstáculo para que Colombia sea libre de este tóxico.
La medida, que se estipuló desde la Ley 1658 de 2013 y ya venía implementándose, busca poner en cintura los procesos de los títulos legales, que antes contaban con autorización ambiental para el uso de mercurio. Con esto, según el Minambiente, se evita la importación de cerca de 95 toneladas de químico nocivo, utilizado para la separación del oro de otros elementos durante su procesamiento.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos químicos críticos para la salud pública por su efecto tóxico en los ecosistemas y los humanos. Tras acumularse en el ambiente, puede causar desde malestares como dolores de cabeza hasta graves enfermedades neurológicas a quienes están en contacto con este tóxico.
En algunos lugares del país donde hay explotación minera informal ya empiezan a registrarse casos de niños que nacen con extrañas enfermedades que expertos atribuyen al contacto con este elemento.
La gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos.
La prohibición impuesta por el Gobierno es, entonces, más que necesaria. Sin embargo, la gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos. De acuerdo con el Ideam, anualmente en promedio se están vertiendo a fuentes de agua y suelos cerca de 200 toneladas de este material.
La situación es especialmente crítica en el Chocó y algunas zonas de Antioquia y Córdoba, pero este mal ya empieza a abrirse paso en ecosistemas invaluables como el de la Amazonia. La población rural de esas regiones es la más vulnerable y hay suficiente evidencia científica para alertar sobre la grave situación de salud pública al respecto.
Esta decisión es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero la moneda tiene otra cara: la de los serios obstáculos para hacer efectiva la proscripción. Estos incluyen el contrabando fronterizo de este elemento y, sobre todo, la debilidad institucional de las corporaciones autónomas regionales para monitorear y hacer cumplir la ley.
Es fundamental también el apoyo para la transición tecnológica de los mineros informales. Como se puede ver, es largo todavía el camino que deben recorrer las autoridades mineras y ambientales para que efectivamente el mercurio salga de los sistemas de producción aurífera, pero no por esto se puede desfallecer.
Además, el desafío con este material es también excluirlo de los procesos industriales como la fabricación de bombillas, algunos electrodomésticos y ciertos equipos médicos. La norma en este sector entraría en vigencia en el año 2023.
El camino, entonces, es largo para erradicar el mercurio en el país, pero los esfuerzos deben persistir con el nuevo gobierno.
Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/erradicar-el-mercurio-editorial-246482