Los permanentes conflictos, la falta de equidad y la débil institucionalidad siguen siendo los principales elementos que caracterizan a la gestión de los recursos hídricos en el Perú sostiene un artículo del último número de la Revista Agraria.
La poca o nula participación de la población —principalmente agricultores familiares y comunidades campesinas— en la gestión de las cuencas ocurre a pesar de que existen normas y políticas que, se supone, promueven una visión participativa sobre el agua.
Así lo indican Beatriz Salazar y Nelly Rivera, las autoras, quienes observan que los conflictos hídricos se incrementan y agudizan debido a que las comunidades campesinas y pequeños agricultores siguen en desventaja frente a los distintos grupos de poder locales y regionales.
La situación se agrava debido a que el gobierno promueve de manera agresiva las inversiones sacrificando los plazos necesarios para alcanzar consensos con las poblaciones locales involucradas.
Las autoras -luego de analizar tres casos ocurridos en Huancavelica, Cusco-Arequipa y Áncash – concluyen en que el gobierno tiene la responsabilidad de fortalecer a las instituciones encargadas de promover el diálogo en las cuencas.
Asimismo, consideran esencial identificar los conflictos en etapas tempranas, para atenderlos antes de que se agudicen y desemboquen en protestas violentas.
A continuación el artículo:
La equidad en la gobernanza del agua: esencial para evitar conflictos
Por Beatriz Salazar y Nelly Rivera
Los permanentes conflictos y la falta de equidad siguen siendo los principales elementos que caracterizan a la gestión de los recursos hídricos que se realiza en nuestro país. La poca o nula participación de la población —principalmente agricultores familiares y comunidades campesinas— en la gestión de las cuencas ocurre a pesar de que existen normas y políticas que, se supone, promueven una visión participativa sobre el agua. Por ejemplo, esta visión está incorporada en la política número 33 del Acuerdo Nacional (1) «Política de Estado sobre los recursos hídricos»— y también en la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), vigente desde 2009.
Sin embargo, los conflictos hídricos se siguen incrementando y agudizando en nuestro país. En este artículo revisaremos tres casos actuales que pueden dar luces sobre los factores que explican esta situación.
La exclusión de los huancavelicanos
El ámbito del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) abarca la cuenca alta del río Pampas, en Huancavelica, y la cuenca del río Ica. Hasta hace poco, toda esta área se administraba como una cuenca integrada, al estar unida por las obras de trasvase hacia la costa de Ica. Sin embargo, actualmente se consideran como cuencas separadas, lo que ha provocado la protesta de las comunidades campesinas de la cuenca alta del Pampas, quienes consideran que esta es una maniobra para excluirlas de los procesos participativos de gestión del agua en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, GIRH.(2)
Un ejemplo es que el Gobierno Regional de Ica no ha informado a las comunidades de la cuenca del río Pampas sobre el balance hidrológico de la presa Tambo —una de las obras relacionadas con el trasvase—, según manifiesta Silvano Guerrero, de la comunidad campesina de Ccarhuancho, ubicada en la cuenca alta del Pampas. Guerrero exige que se informe también a los usuarios de su cuenca sobre Tambo, porque «van a seguir extrayendo agua de aquí, para llevarla a la represa». Además, reclama que, en aras de la transparencia, las autoridades huancavelicanas y las comunidades de la cuenca alta del Pampas deben participar en el Consejo de Recursos Hídricos del Río Ica, para poder influir en las decisiones sobre el uso del agua de esta cuenca. En sus propios documentos(3), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) parece dar la razón al señor Guerrero, pues establece que las cuencas adyacentes articuladas por obras de infraestructura hidráulica se consideran como sistemas hidrológicos integrados y se les incluye en una unidad administrativa.
Majes Siguas II margina a los cusqueños
El conflicto entre Cusco y Arequipa por el Proyecto Majes Siguas II también está relacionado con el trasvase de aguas desde una cuenca donde predomina la producción campesina, en Espinar (Cusco), hacia otra cuenca dedicada a la agroexportación (Proyecto Majes Siguas II en Arequipa). En Cusco reclaman que Majes Siguas II reducirá el caudal de los ríos de la zona, amenazando más de 60 proyectos de riego y el abastecimiento de agua potable de Espinar.
Según concluye un estudio reciente sobre este conflicto(4), la población de Espinar percibe que el gobierno central pretende viabilizar el Proyecto Majes Siguas II «sí o sí», sin considerar la opinión cusqueña. Asimismo, las entidades públicas encargadas de impulsar el diálogo, como la Administración Local del Agua, no mostraron fuerza suficiente. Tras la protesta en Espinar, que dejó un muerto y varios heridos, se recomendó la formación urgente del Consejo de Cuenca del Río Apurímac,que involucre a Arequipa y Cusco, pero es un proceso que aún no se concreta.
El favoritismo hacia las empresas
El conflicto por la laguna Parón, en Áncash, enfrenta a la población de la provincia de Huaylas con la empresa Duke Energy, que utiliza la laguna como reservorio y mantiene una licencia que garantiza el uso de sus aguas para generar electricidad, aun si el volumen de agua disponible se reduce o la demanda local de agua aumenta. Desde 2001, la población local muestra insatisfacción con la gestión de Parón por parte de Duke Energy, en parte por el insuficiente volumen de agua que entregaba la empresa para uso local.
Luego de varios intentos frustrados para resolver el conflicto por vías formales, los actores locales optaron por tomar las instalaciones de la laguna en 2008, y por un tiempo colaboraron formalmente en la gestión multisectorial de la infraestructura de la laguna. Pero desde octubre de 2011, la ANA desactivó el comité multisectorial que gestionaba la laguna. Desde entonces, las relaciones entre los actores principales han sido tensas.
Mayor institucionalidad en la gestión del agua
Hay varios factores comunes a los tres casos, como la debilidad de las entidades estatales, sobre todo regionales y locales, para intervenir antes de que los conflictos se agraven. Como señala Adam French —investigador de la Universidad de California en Santa Cruz—, es necesario que las entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil sean proactivas, aunque las instituciones estatales no tienen personal suficiente para intervenir en todos los lugares donde se incuba un conflicto. Cuando la población local reclama reiteradamente, el Estado y otros actores involucrados deben reaccionar y escuchar. Este diálogo abierto y multisectorial es un aspecto fundamental de la visión de la GIRH.
María Teresa Oré —profesora de la PUCP(5)— señala que la nueva Ley de Recursos Hídricos ha incorporado a diversos actores que antes no participaron en la gestión formal del agua —como las comunidades campesinas—, que ahora si tienen voz y un rol en la negociación en el Consejo de Recursos Hídricos de las Cuencas. Pero las comunidades campesinas y pequeños agricultores siguen en desventaja, y las Administraciones Locales y Regionales del Agua no tienen suficiente fuerza para imponerse sobre los distintos grupos de poder locales y regionales. Por eso, es necesario conocer primero la dinámica social de las cuencas, para determinar los niveles de poder e influencia de sus actores y así facilitar los procesos de negociación que permitan implementar los Consejos de Recursos Hídricos.
Actualmente el gobierno está promoviendo agresivamente las inversiones para enfrentar la desaceleración de la economía. Sin embargo, la prisa por concretar nuevos proyectos no debe implicar que se sacrifiquen los plazos necesarios para lograr el consenso de las poblaciones locales involucradas. Además, el gobierno tiene la responsabilidad de fortalecer a las instituciones encargadas de promover el diálogo en las cuencas y de identificar conflictos en etapas tempranas, para atenderlos antes de que se agudicen y desemboquen en protestas violentas.
Notas:
(1) Esta política compromete al Estado peruano a priorizar la prevención y gestión de controversias sobre el agua, mediante la participación activa de los usuarios.
(2) La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y otros recursos, para maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
(3) ANA (2009). «Demarcación y delimitación de las Autoridades Administrativas del Agua».
(4) Salgado, Marlene (2012). «Análisis de la gobernanza del recurso hídrico en la cuenca alta del río Apurímac, Perú».
(5) Pontificia Universidad Católica del Perú.