Pobladores de la comunidad de Naopa, municipio de Molango de Escamilla, estado de Hidalgo, desde hace una semana protagonizan una serie de protestas para detener las operaciones de la Minera Autlán, a la que acusan de producir daños en la salud, el reblandecimiento de un cerro y amenaza con posibles brotes de violencia, denunciaron.
Desde hace una semana, pobladores de dicha comunidad, junto a representaciones de las comunidades aledañas –Ixcatlán, Zacuala, Chicalango, Tehuizco e Ixcotla– cerraron el complejo industrial productor de manganeso, debido a que ha incumplido demandas firmadas entre las dos partes desde 1996.
Con dichos acuerdos, se proponían soluciones para la reducción del impacto ambiental y la creación de infraestructura de desarrollo.
«La mina se paró porque no cumplieron con algunos compromisos con la comunidad. En septiembre de 2011, volvieron a trabajar creando un grupo de choque y dando 40 empleos. Así la mantuvieron: comprando a los delegados. Pero ahora ganó el delegado que puso el pueblo, y el pueblo exigen que se cumplan con los acuerdos que están firmados desde el año de 1996», refirió la activista Diana López.
Hidalgo cuenta en su territorio con uno de los depósitos de manganeso más grandes e importantes a nivel internacional, motivo por el que este recurso se explota en el área desde hace cuatro décadas; de hecho, su producción supera el 80 por ciento del total nacional. Este mineral es vital para la elaboración de acero, pilas y fertilizantes.
No obstante, como da cuenta un informe elaborado por Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), los Servicios de Salud de Hidalgo y el Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo, la exposición a dicho material ha comenzado a generar afectaciones entre la población.
Habitantes de Naopa, Chinconcoac y Tolago, así como otras comunidades aledañas, han comenzado a referir que sus habitantes sufren dolores de cabeza, garganta, ojos, rodillas, algunos nacimientos con retraso mental, así como diarreas, gripes y pérdida de memoria.
De hecho, el 17 de octubre del 2013, el diputado federal Víctor Hugo Velasco Orozco publicó un informe en la Gaceta Parlamentaria donde advertía:
«Se registran concentraciones de manganeso en aire superiores a las recomendaciones internacionales de 0.05 ug/m3, primordialmente en las localidades cercanas a las plantas de procesamiento, en las cuales alcanza hasta 1.5 ug/m3, concluyéndose que la principal fuente de exposición es la inhalación, dadas las características toxicológicas del manganeso y la presencia de partículas finas emitidas por la chimenea, la erosión y la resuspensión».
En días pasados, el uso de explosivos de la veta expuesta causó daños estructurales en caminos y 104 viviendas, las cuales, a decir de López, se encuentran al lado de un cerro que está a punto de desgajarse.
Los inconformes denunciaron que el edil Gabriel Neri Hernández y el cuerpo de seguridad municipal están a las órdenes de la empresa minera, pues ésta repartió dinero para debilitar la protesta y el viernes pasado se ausentó de una reunión en la que se daría solución al conflicto, motivo por el decidieron seguir con la protesta.
«Lo que nos extrañó fue la actuación del presidente municipal. El paro comenzó el día lunes de hace ocho días, y el viernes se llevó a cabo la junta en donde se solicitó la presencia de la empresa; pero éstos nunca llegaron», expusieron.
Por último, refirieron que desde el 2011, cuando nuevamente la empresa se puso en labores después de un paro, ésta contrató grupos de golpeadores al servicio del director de la empresa, a quien identificaron como el «ingeniero», el cual presuntamente consignó al delegado municipal, Margarito Castillo, la tarea de impedir la llegada de periodistas.