No es la primera vez que ocurre. Es más, los peruanos ya hemos perdido el derecho a sorprendernos cuando un nuevo conflicto minero estalla. Sin embargo, las reacciones y los alineamientos se repiten…
Peor aún, las respuestas desde el gobierno parece que apuntan a estrategias más duras.
Los grandes medios de comunicación hacen lo suyo y envían mensajes que buscan caricaturizar el conflicto y no se acepta otra lectura sobre lo que viene ocurriendo. La idea fuerza que se difunde y que, según ellos explica el conflicto minero, es la del complot. Se dice que hay una estrategia perfectamente orquestada en todo el país que quiere traerse abajo la inversión minera y con ello el crecimiento que es igual al desarrollo y el bienestar de todo un país. También ahora se afirma que lo de la preocupación ambiental es una patraña.
El complot por supuesto tiene rostro, aunque va cambiando según las circunstancias y el escenario del conflicto. En Cajamarca es el presidente regional, Gregorio Santos o el ex sacerdote Marco Arana y ahora en Espinar le ha tocado el turno al alcalde provincial, Oscar Mollohuanca. Ellos y otros más son los enemigos que hay que destruir, sacarlos del escenario como sea y según el razonamiento así y sólo así el conflicto desaparecerá casi por arte de magia.
En CooperAcción manejamos otras hipótesis para explicar lo que viene ocurriendo en las zonas de influencia de la actividad minera. Por supuesto rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Consideramos que la violencia termina deslegitimando cualquier demanda por más justa que sea.
Partimos de la idea que lo que viene ocurriendo en el país es el resultado de una serie de errores y vacíos que venimos arrastrando desde hace un buen tiempo y que siguen sin resolverse. Son más de 20 años de expansión minera que ha generado impactos acumulativos; estrés social y ambiental en varias regiones del país. Los conflictos se multiplican, aumentan en número e intensidad.
Según datos de la propia Defensoría del Pueblo durante el período del gobierno aprista «195 personas murieron como consecuencia de los conflictos sociales» y «2,312 fueron heridas en medios de enfrentamientos». Y en lo que va de este gobierno ya son 12 personas fallecidas como consecuencia de conflictos, sobre todo después de que Oscar Valdés asumiera la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los conflictos hoy en día polarizan el país. Los conflictos mineros ya no sólo cuestionan al proyecto tal o cuál; también cuestionan las políticas que están detrás: las políticas de concesiones, los Estudios de Impacto Ambiental, la ausencia de fiscalización y control, una gestión ambiental deficitaria, la ausencia de verdaderos mecanismos de participación ciudadana y consulta, etc.
Los conflictos nos vienen diciendo desde hace un tiempo que algo no funciona. La solución no es criminalizar la protesta y detener alcaldes. Se necesitan reformas; cambios sustantivos. El presidente ha hablado de una nueva minería pero hasta ahora la única novedad es que por primera vez en el país una autoridad democráticamente elegida ha sido detenida «de manera preventiva» nada menos que por cinco meses. El mensaje es claro: si a un alcalde lo meto preso, sin ningún tipo de contemplaciones, imagínense lo que le puede pasar a un dirigente o a un comunero. La apuesta del gobierno es mano dura y por supuesto los que no votaron por Humala aplauden.
Se vienen tiempos difíciles y en este contexto tenemos que seguir enarbolando tercamente las banderas de la justicia social y ambiental, la defensa de los derechos de las comunidades, de la no violencia, del respeto y la equidad.