18 de Septiembre de 2011
Culminada una movilización y un mitin en la Plaza de Armas de Arequipa, al promediar las cuatro de la tarde del 16 de septiembre fue detenido el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) Pablo Salas Charca. Además, la Justicia ordenó la captura a nivel nacional y pidió 35 años de cárcel efectiva para otros cuatro dirigentes indígenas acusados por la minera Afrodita.
17/09/2011. Salas, secretario de Organización de CONACAMI fue detenido a golpes por dos policías y tirado en el piso en la Plaza España ubicada en el centro de Arequipa, para luego ser subido a empujones a un patrullero. En ese mismo momento, a unas cinco cuadras de distancia, cuatro miembros de la Policía Judicial vestidos de civil, aprovechando la luz roja de un semáforo, abrieron a la fuerza un taxi donde iban dirigentes de CONACAMI de la regiones Puno y Pasco, y sacaron violentamente al dirigente Janios Gora (Pasco), quien fue subido a un auto color plateado con lunas polarizadas de placa FH 2797, al que luego de verificar su identidad soltaron unas cuadras más allá, al haberlo confundido con el indígena puneño detenido en ese momento en la Plaza España.
Según comentó el taxista testigo de la detención extrajudicial de Gora, uno de los policías que participó en el operativo trabaja para las mineras de la zona. Está claro que esto más que una equivocación es una forma de amedrentamiento contra dirigentes indígenas que se atrevieron a debatir y protestar a unas cuadras donde se desarrollaba la 30ava Convención Minera.
Mientras tanto, la abogada Katia Pinedo asesora legal de la CONACAMI viene realizando las indagaciones sobre la detención del dirigente indígena. Al parecer Salas Charca ya habría sido trasladado a la ciudad de Puno donde supuestamente se lleva el proceso judicial por el que lo detuvieron.
Paradojas de la vida pero realidades de la política, la Región Puno de donde es originario el dirigente Pablo Salas Charca, que cerca a la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en junio pasado se encontraba en un paro indefinido contra la minería y había decidido seguir con la lucha a pesar del evento electoral, finalmente decidió dar un tregua y así los puneños quechuas y aymaras fueron a votar por abrumadora mayoría a favor del hoy presidente Ollanta Humala.
Por otro lado, la Sala Liquidadora de Bagua ordenó la captura a nivel nacional y pidió 35 años de cárcel efectiva para el presidente de ODECOFRO Zebelio Kayap Jempekit , el comunario de Huampami Gabriel Arroyo Paredes, el presidente de la Organización ODECUAC Eloy Anjis Juwau y el presidente del Comité de lucha distrital Andrés Diaz Danducho, todos ellos acusados por el el presunto delito de secuestro agravado en contra de ocho trabajadores de la empresa Minera Afrodita.
La minera se dedica a la explotación de oro en la Cordillera del Cóndor a cincuenta kilómetros en la línea de frontera, pese a que la ley dice bien claro que a menos de esa distancia no puede haber presencia de actividades mineras.
En una entrevista exclusiva con el diario Ahora, Zebelio Kayap dijo estar sorprendido de que el Ministerio Público tenga que avalar a la ilegalidad de esta empresa, que cada día contamina el medio ambiente. «Lo que desconocen los señores fiscales es que esta empresa hace años viene explotando nuestra riqueza en forma ilegal, pese a las reiteradas denuncias que hemos realizado y seguiremos haciéndolo por el atropello que está cometiendo en nuestra propia casa. Están explotando nuestro oro sin ningún permiso, ni autorización, atentando contra las cuencas donde nacen los ríos más importantes de esta parte de la frontera norte de la región Amazonas», denunció.
El 15 de enero de 2009 los comuneros de Huampami retuvieron a ocho trabajadores de la Minera Afrodita, cansados de no encontrar respuesta de parte del Gobierno desde la época de Alan García. El dirigente explicó que su función fue la de mediador entre las esferas del Gobierno y la comunidad.
Salas declaró indignado que solicitó la presencia de los Ministros del Ambiente y de Energía y Minas y la misma defensoría del pueblo, pero «sólo llegó el Vice ministro de Energía donde nos explicó que la empresa no tenía ninguna autorización, esa denuncia fue presentada al Congreso anterior y fue el mismo Congreso que la derivó a la Fiscalía de Chachapoyas dando un plazo de 120 días para las investigaciones; sólo han transcurrido 70 y las cosas son al contrario, nos determinan orden de captura a nosotros como qué si fuéramos los responsables».