El sacerdote Alejandro Solalinde visitó este miércoles el Congreso local para exigir a los diputados el cierre de la mina Buenavista del Cobre, y declarar zona de desastre al municipio de Cananea. Acompañado por damnificados por el derrame y activistas sociales, también solicitó que el Congreso aplique la consulta ciudadana en marzo de 2017 en los 72 municipios del estado, para detener o regular la expansión de la minera Grupo México.
El activista a favor de los derechos de migrantes indicó que recorrió zonas aledañas a la mina propiedad de Grupo México de Germán Larrea, y el área afectada en agosto de 2014 por un derrame de 40 millones de litros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado al río Sonora. Afirmó que el crecimiento de la mina contaminante y los daños que causa hacen necesario exigir su cierre.
Reunido con legisladores presidentes de las comisiones de Salud, Protección Civil y Especial del Río Sonora, esta última creada recientemente para atender a dicho caso, solicitó a los diputados que realicen una consulta ciudadana para detener la expansión del Grupo México en Cananea, hasta que el consorcio cierre la mina y repare daño generado por el derrame tóxico.
Indicó a los legisladores que su deber se debe centrar en escuchar y atender el reclamo de la sociedad, no el de empresarios que paguen por continuar con el desplazamiento de poblaciones, como aseguró sucede en el estado de Sonora.
Solalinde destacó que la contaminación por metales pesados del río Sonora debe considerarse un crimen de lesa humanidad, porque implicó el desplazamiento forzado de comunidades que se quedaron sin agua para consumir y realizar actividades productivas en siete municipios.
Acompañado por damnificados por el derrame y activistas sociales, solicitó que el Congreso aplique la consulta ciudadana en marzo de 2017 en los 72 municipios del estado, para detener o regular la expansión de la minera Grupo México. Explicó que con la consulta se decidiría sobre el retiro de la concesión para explotar la mina de Cananea al Grupo México, moderar su crecimiento desmedido e imponer protocolos de seguridad y atención a las víctimas por el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Adelantó que a finales de este año llegará a Sonora una misión internacional de observadores integrada por activistas de derechos humanos, ambientalistas y activistas sociales, para vigilar la organización de ese ejercicio de participación ciudadana.
Solalinde advirtió que si el resultado de la consulta ciudadana es el retiro de la concesión a Grupo México, se interpondrán denuncias contra el consorcio minero ante la Corte Penal Internacional, para que se juzgue a los directivos de la empresa y a las autoridades que hayan incurrido en omisiones. Dijo que de lo contrario, únicamente exigirá el pago de los daños a los perjudicados.