PRECISAN QUE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO HA ESTADO MARCADO POR UNA NUEVA ARREMETIDA ESTATAL Y EMPRESARIAL PARA IMPONER EL DESARROLLO DE PROYECTOS
MINEROS QUE NO CUENTAN CON LICENCIA SOCIAL
21/07/2024
Al mismo tiempo se han intensificado las acciones de criminalización de la protesta social
Este 18 de julio a las 9:00 am se realizó la presentación del 34° Reporte del Observatorio de
Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides. Como en anteriores
oportunidades, la presentación del informe contó con la participación de prensa regional,
nacional e internacional, expectante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con
la minería, el ambiente y la conflictividad social del primer semestre del año.
Al respecto, José De Echave de Cooperación señaló que la primera idea fuerza es que la
conflictividad social se ha complejizado, que no es la misma de hace cuatro o cinco años,
complejidad que tiene que ver con el crecimiento explosivo de la minería informal que disputa
espacios a la minería formal. Agregó que el segundo aspecto tiene que ver con los anuncios
recientes del ministro de Ambiente que, en lugar de promover el respeto de estándares
ambientales para evitar efectos contaminantes, por el contrario, se muestre como un
promotor de las inversiones omitiendo que las mismas deben respetar dichos estándares.
Por ello, se anuncia un paquete de medidas que asumirían plenamente las propuestas
empresariales y que, entre otras cosas, señalan que en Perú hay mucha “tramitología”. Pero
De Echave señala que respeto de estas afirmaciones no se presentan evidencias y, por el
contrario, las evidencias que existen es que esto no es así. En efecto, de la información oficial
contenida en el portal de SENACE respecto de 13 grandes proyectos de inversión, los procesos
del EIA de 10 de ellos no llegaron al año de duración y de los otros 3 restantes, 2 demoraron
poco más de un año y 1 demoró dos años. Además, se pudo observar que la demora en dichos
procesos es atribuible a las empresas por haber presentado información de baja o incompleta
calidad que requería ser subsanada.
Por otro lado, Miguel Meza señaló que están seriamente afectados por las acciones de
criminalización de los funcionarios de este gobierno y de las empresas, pero que, igual,
continuarán con sus luchas. Agregó que es falso que el proyecto minero Tía María cuente con
el apoyo de la población. Por el contrario, recordó que ya la población del Valle del Tambo,
con una mayoría abrumadora, en una Consulta Vecinal, se ha pronunciado a favor de un
modelo de desarrollo social basado en la agricultura y no en la Minería. Situación que fue
ratificada por la Congresista Luque en su intervención
A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación por la continuación de
los conflictos sociales en la Región Cajamarca, generados por las empresas mineras que
tienen grandes extensiones en concesión minera y, por la actitud de las mismas de generar,
incluso, enfrentamiento entre diferentes grupos de campesinos, recordando que la minería
ilegal en la Región Cajamarca, también, viene generando conflictos.
Finalmente, David Velazco de FEDEPAZ señaló que lamentaban el hecho de que se haya
incrementado la presión de los funcionarios estatales y los representantes de empresas
extractivas mineras, para intentar imponer el desarrollo de proyectos mineros bajo la
formulación de informaciones falsas. Es el caso del proyecto Tía María en la cual la empresa
Southern Perú que ha señalado que ya cuentan con licencia social, pero uno llega al Valle del
Tambo (donde se ubica el proyecto minero) y puede observar que mayoritariamente la
población está en contra, expresándose dicha situación en la colocación de bandera de color
verde con las expresiones “Agro Si”, “Mina No”, “Tía María No Va”, en todas las casas ubicadas
en dicho Valle.
También, se afirma que el inicio del desarrollo del proyecto Tía María promoverá la inversión
y el desarrollo de otros proyectos minero en gran medida, pero en realidad ello no es
necesariamente cierto, porque muchos de esos proyectos o no cuentan con licencia social o
no están, por el momento, dentro de las prioridades de inversión de las empresas titulares de
la concesión o proyecto minero, como el caso de las concesiones que tiene Newmont
Corporation en la Región Cajamarca.
Asimismo, los funcionarios del estado y los representantes de las empresas tienen buena
relación con la dirigencia, sin embargo, continúan las acciones de criminalización, con mayor
razón cuando las protestas se reinician ante los intentos de imposición de los proyectos
mineros. En el caso de Tía María, por ejemplo, uno de los voceros de los agricultores, Juan
Miguel Meza Igme, que se oponen al desarrollo de dicho proyecto minero acaba de ser
denunciado por una supuesta comisión de delitos de extorsión, coacción y violencia contra la
mujer contra dos funcionarios de la empresa minera, cuando todo ello es falso. Por eso, ya el
Juzgado de Familia Especializado en Violencia Familiar de Islay ha archivado la solicitud de
medidas provisionales y ha ordenado que se comunique a Inspectoría de la Policía para que
investigue a los efectivos policiales a cargo del caso por considerar que se trata de una
denuncia manifiestamente infundada.
Finalmente, siguió cuestionando los contratos de seguridad privada suscritos entre las
empresas, sobre todo del sector extractivo, con la Policía, porque ello constituía en la práctica
la privatización del uso de la fuerza pública a cambio de una remuneración que comprometía
la autoridad pública, la logística de la policía, la labor del personal policial, que son
solventados por todos y todas las peruanas con sus impuestos.
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