El último trimestre del año pasado hubo una invasión de minas industriales ilegales en Napo y se han detectado hasta 15 de estas
Ante la mirada curiosa de sus cuatro pequeños hijos, Martha Grefa muestra el oro que logró conseguir en el río Jatunyacu. «No es ni un gramo, pero me costó cinco días de trabajo», comentó la mujer, moradora de la comunidad de Cando, a 27 km al noreste de Tena, en la provincia de Napo.
Al igual que ella, la mayoría de los cerca de 150 moradores de la localidad se dedican a la extracción de oro artesanalmente. «Es para mejorar nuestra forma de vida», aseguró Telmo Andi, también morador, quien agregó que la agricultura, principal actividad de los moradores, «ya no da para poder subsistir».
De igual forma, Néstor Vargas labora en el río con una draga para extraer oro. Diariamente, consigue extraer de 1 a 5 gramos. En Tena, el valor promedio es de $23 el gramo. «Es también cuestión de suerte, a veces se saca varios gramos y a veces ninguno», comentó Vargas.
La actividad atrapó a los moradores el año pasado, cuando llegaron ciudadanos colombianos a instalar maquinaria en los ríos.
A la falta de una buena carretera, luz eléctrica y agua potable, los moradores de Cando deben también afrontar los daños causados al medioambiente por las minas ilegales para la extracción de oro que se ubican a orillas del Jatunyacu y de al menos otros cinco ríos en la provincia de Napo.
«El último trimestre del año pasado, hubo una invasión de minas industriales ilegales en la provincia. Hemos detectado hasta 15 de estas», admitió Armando Chamorro, director provincial del Ministerio del Ambiente. Además, del río Jatanyacu, las minas ilegales se ubican también en las orillas de los ríos Blanco, Guambuno, Chumbiyacu, Yutzupino y Dorado.
Al ser ilegales, ninguna de ellas cuenta con un plan de manejo que contemple un plan de remediación ambiental y un plan de compensación social por las afectaciones a las comunidades.
César Andi, presidente de la comunidad de Cando, reconoció que en un inicio la comunidad aceptó la presencia de las mineras ilegales debido a que les ofrecieron beneficios como entregar el 15% de las ganancias de la extracción de oro al propietario de los terrenos y un 5% a la comunidad, además de otro tipo de ayuda.
«Ni las autoridades ni las empresas que hacen turismo en este sector nos han ayudado. Por eso aceptamos que entren los mineros», manifestó Andi y acotó que cuando los ofrecimientos que les hicieron no fueron cumplidos prefirieron que las minas se vayan. Sin embargo, los daños causados al medioambiente son visibles.
«El río es parte de la vida de las comunidades que se asientan en las orillas y los daños son terribles. El agua queda contaminada, los terrenos se vuelven inservibles para el cultivo, se talan árboles, se daña la vegetación y el paisaje pierde su belleza natural», aseguró Alejandro Suárez, director de la Estación Biológica Jatunzacha, que se dedica a la educación, conservación e investigación en temas ambientales.
«El problema no es que extraigan, sino en la forma en que lo hacen. Además, el dinero que comprometen las empresas para remediación ambiental es ínfima y ridícula», acotó Suárez.
De igual forma opinó Geovanny Arce, morador de la comunidad Serena, ubicada a orillas del río Jatanyacu. «Esas minas solo destruyen la naturaleza», se lamentó mirando los perjuicios causados en su comunidad.
«Tenemos derecho a progresar, pero no dañando el ecosistema», fue la opinión de Mario Corral, empresario dedicado al ecoturismo desde hace más de 20 años en la provincia amazónica. «Estas minas afectan de gran forma a la cuestión turística y las autoridades no hacen nada», aseveró Corral.
El alcalde de Tena, Washington Varela, aceptó conocer la situación de la minería ilegal. No obstante, sostuvo que espera que el marco legal lo faculte para intervenir en el problema. «Las comunidades se ven afectadas por el desplazamiento de la agricultura, además de los daños ambientales, y estas empresas van destruyendo todo lo que encuentran a su paso», afirmó el burgomaestre y fue tajante al decir que ellos no darán permiso para que funcione ninguna mina de oro en la provincia, pues la nueva Ley de Minería faculta a los municipios para regular este tipo de actividades.
«No daremos nunca esos permisos, ese será un candado que las empresas no podrán pasar», dijo.
Al respecto, Chamorro aseguró que, conjuntamente con la Fiscalía local y la Gobernación, han iniciado operativos para el cierre de las minas ilegales. Al momento, se han realizado dos operativos que han concluido con la incautación de una retroexcavadora, una clasificadora de oro, y una bomba de agua y combustible.
«En muchas casos, los moradores de las comunidades no quieren informar sobre quiénes son los propietarios de las minas ilegales», explicó Chamorro.
Incluso, en el segundo operativo realizado, los moradores de la comunidad de Santa Mónica impidieron el decomiso de más de una docena de maquinarias pesadas, pues «argumentan que las minas les ayudan a subsistir debido al dinero que les facilitan los dueños».
No obstante, Chamorro afirmó que los operativos continuarán. (GCM)