En la mina de Río Blanco es tiempo de guerra fría

La paralización de la actividad extractiva en Río Blanco no ha traído la paz a la parroquia de Molleturo, en el cantón Cuenca. Se trata de uno de los cinco proyectos mineros más importantes del país y, probablemente, el más conflictivo. Desde agosto de 2018, está suspendido por orden judicial, pues omitió el requisito constitucional básico de la consulta previa. Sin embargo, el conflicto y la tensión se mantienen intactos. Si en mayo del año pasado las cosas se pusieron duras, con enfrentamientos violentos entre los campesinos y la policía, heridos de lado y lado y militarización de la parroquia, hoy Molleturo vive una suerte de guerra fría. Todo parece concentrarse en el control de los caminos.

A 2.700 metros sobre el nivel del mar y a poco menos de un kilómetro monte adentro desde la carretera Molleturo-Naranjal está San Pedro de Yumate. La comunidad es (o era) el paso obligado de volquetas y retroexcavadoras que practicaban el vertiginoso ascenso hasta Río Blanco, 1.200 metros más arriba y a ocho kilómetros de camino lastrado. Aquí los comuneros, que no se fían de la efectividad de las decisiones judiciales, han instalado su propio puesto de control, con una pluma levadiza que suben o bajan según los visitantes sean amigos o enemigos. Si es volqueta, no pasa.

Para evitarlos, la empresa minera (Ecuagoldmining, perteneciente al consorcio chino Junefield) se ha tomado un camino de herradura. Uno que abrieron en minga los propios comuneros y atraviesa todo el páramo desde Migüir, sobre la misma carretera, a 15 kilómetros de Molleturo. Desde la suspensión de la actividad minera, la ruta ha sido ampliada y adecuada para el tránsito de maquinaria pesada y es constantemente patrullada por guardias y policías que se trasladan en vehículos de la misma compañía. En la entrada de Migüir, Ecuagoldmining ha instalado su propio puesto de control y su propia pluma levadiza con garita policial. A los comuneros de Yumate no les cabe duda de que la Policía trabaja para la minera.

Si hubiera que elegir un lugar donde se condensen todos los conflictos y problemas que acarrean los proyectos mineros instalados en zonas de recarga hídrica, ese lugar sería Río Blanco. Su ubicación, en plena zona de humedales, plantea las contradicciones de la permisiva política nacional de áreas protegidas. La bocamina ha sido practicada a 300 metros de la laguna de Llantaguaico. A no más de cien metros del campamento se multiplican los ojos de agua y se observan los primeros afluentes que se precipitan por las quebradas y alimentan las cuencas del río Cañar y del Jubones. Hasta acá llegó Jorge Glas, cuando era el hombre duro de los sectores estratégicos, y se sacó una foto conduciendo una retroexcavadora con cara de minero responsable. El lugar es considerado como zona de amortiguamiento de la reserva de El Cajas pero no está a salvo de la minería, pues se encuentra fuera de los límites del parque nacional.

Antes de parar, la mina de Río Blanco (con 605 mil onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata) se encontraba en fase de explotación. Había exportado ya 330 toneladas de material mineralizado. En agosto de 2017, una inspección del Consejo Provincial del Azuay constató los primeros daños ambientales, que incluyen la desaparición de una laguna (la de Cruz Loma), donde se vertió más de 4 mil metros cúbicos de material de desecho, y la disminución del cauce del río Canoas, que baja hasta La Troncal.

Pero hay más: hoy Molleturo es, también, un laboratorio de conflictos sociales. En Yumate, bajo la tejavana desde donde vigilan el camino, sentados alrededor de una gran olla en la que se cuecen plátanos al fuego, los comuneros cuentan historias de peleas y rupturas que se volvieron pan de cada día desde que comenzó esta historia. Debe haber un alto índice de estrés en esta parroquia. No solo por el hostigamiento más o menos constante de la policía, que desde el estallido de violencia del año pasado no deja de hacer requisas y controles, sino por la división entre los propios campesinos. Algunos eligieron trabajar de asalariados para la compañía y hoy viven enfrentados con los que se mantienen fieles a su tradición agrícola.

No es fácil para los integrantes de estas comunidades empobrecidas resistir la arremetida de regalos y ofrecimientos con que llegan las mineras: que el centro de salud, que la ampliación de la iglesia, que la comunidad del milenio; que los uniformes para los escolares, que las semillas, que los pollos, que los cuyes… De todo regala la compañía. También dinero, dicen, y se acuerdan del dirigente a quien terminaron echando “porque se vendió”.

Y, en medio de todo, los talleres donde les cuentan más o menos de qué va la cosa de la minería, les regalan arroz y anotan sus nombres en una lista. A eso llaman “socialización” y dan, con ello, la consulta previa por cumplida: un esquema que se repite en decenas de lugares donde se asientan proyectos de extracción minera o petrolera. Por eso no fue difícil ganar la acción de protección, porque no hay constancia de una consulta real. Hoy los “defensores del agua” de Molleturo (así se llaman a sí mismos) podrían estar celebrando, pero les entra la duda: han pasado nueve meses desde que el juez mandó a cerrar la mina por no consultarles; pero, en lugar de hacerlo, la compañía abre otro camino, como si supiera que esta situación es transitoria y que pronto volverá a la carga. Mientras tanto, la policía no para de vigilarlos. A ellos, que son los que ganaron la acción de protección, en lugar de a la minera, de la que debieran protegerlos. Muchas cosas ocurren al revés como para no pensar que algo está por ocurrir (otra vez) en Molleturo.