La defensora de Derechos Humanos guatemalteca Yolanda Oquelí denunció hoy en Madrid que en su país el sector empresarial tiene el control sobre el Gobierno de Otto Pérez Molina, a quien acusó de ser “parte de los genocidas”
La defensora de Derechos Humanos guatemalteca Yolanda Oquelí denunció en Madrid que en su país el sector empresarial tiene el control sobre el Gobierno de Otto Pérez Molina, a quien acusó de ser “parte de los genocidas”.
En una entrevista con Efe, concedida tras la celebración de una de las jornadas denominadas “Personas defensoras de Derechos Humanos en el punto de mira” en Madrid, Oquelí lamentó la situación de “total impunidad” que se vive en Guatemala ante las amenazas y atentados contra los defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, afirmó no estar sorprendida ya que “el país está bajo el Gobierno de unos militares represivos”, entre los que incluye a Otto Pérez Molina, de quien afirma que “fue parte de nuestro genocidio, de hecho hay testimonios y vídeos que prueban que él fue parte”.
Sobre la condena del general Efraín Ríos Montt, lamentó que “conseguimos una gota de justicia con los 80 años de prisión y ahora por el recurso presentado por el sector empresarial han hecho que se anule”, dijo en referencia a la decisión de ayer del Tribunal Constitucional, que ordenó reanudar el juicio contra él.
Oquelí apeló a la comunidad internacional para que supervise las inversiones y las ayudas que se dan al Gobierno guatemalteco y el uso que de ellas se hace.
“Cuando hay fondos para invertir en seguridad pública, esta seguridad se utiliza para proteger los intereses de las multinacionales y reprimir al pueblo”, manifestó.
Oquelí es considerada la lideresa de la lucha pacífica conocida como “La Puya”, que combate la instalación del proyecto minero “Progreso VII Derivada” en los terrenos de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro de Ayampuc, lo cual le costó un atentado en junio de 2012 en el que casi pierde la vida.
“Yo tuve un proyectil a medio metro de mi columna que aún hoy me duele y tengo un trauma psicológico, pero sobre todo no perdono las secuelas que el atentado dejó en mis hijos de 12 y 13 años”, declaró.
La autoría de este atentado aún se desconoce y Oquelí aseguró que “no se va a resolver” y que todavía sigue “recibiendo amenazas”.
“Ser mujer, ser defensora de los derechos humanos y luchar es algo que no aguantan los militares represivos y por eso nos tienen entre ceja y ceja”, dijo.
A pesar de todo ello, Oquelí se mostró satisfecha por los resultados de la lucha de “la Puya” y el precedente que en su país está asentando.
“El gerente de Minas San Rafael y el ministro de Gobernación, Mauricio López, quieren botar nuestra lucha porque es una lucha pacífica contra la que no tienen argumentos. Nosotros no nos oponemos al progreso sino al desastre total de este proyecto”, argumentó.
Oquelí enumeró los peligros que la instalación de la empresa minera supondría “para la salud, para los recursos naturales, la contaminación y las cantidades de agua que éste necesitaría que nos dejaría sin líquido a las poblaciones”.
Las jornadas “Personas defensoras de Derechos Humanos en el punto de mira” se celebran en Madrid y Valladolid (centro de España) desde el pasado lunes hasta el próximo 24 de mayo, organizadas por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).