El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la Ley de Prohibición la Minería Metálica que incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o de manera subterránea de metales en el país, además prohíbe el uso de Cianuro, mercurio y otros químicos letales en cualquier proceso de minería metálica y establece un período de transición de dos años, a partir de la aprobación de la ley, para la eliminación de la minería artesanal y la reconversión de los mineros artesanales (Guiriceros) a otra actividad productiva.
La ley fue aclamada internacionalmente como una victoria para ambientalistas en todo el mundo y particularmente para el amplio movimiento de comunidades salvadoreñas, organizaciones sociales, ONGs, iglesias y organizaciones internacionales que incidieron ante el gobierno por más de 12 años para aprobar la prohibición, así como ante empresas mineras multinacionales para respetar la voluntad del pueblo salvadoreño.
La prohibición de la minería metálica es una reivindicación conquistada por la lucha de todo un pueblo que aspira a un medio ambiente sustentable para las generaciones futuras. Es una victoria dedicada a aquellos defensores ambientales que continuaron su lucha a pesar de una brutal campaña de desinformación y represión liderada por la empresa minera canadiense Pacific Rim, más tarde adquirida por Oceana Gold, bajo la sombra de asesinos a sueldo y un sistema judicial corrupto. Primordialmente esta victoria, revindica la lucha de defensores ambientales como los mártires de Cabañas, que ofrendaron sus vidas por la defensa de nuestros escasos recursos hídricos.
El gobierno salvadoreño también generó elogios en todo el mundo por elegir proteger los intereses de su pueblo sobre los intereses de las corporaciones mineras multinacionales, cuando fue demandado por más de $250 millones US por la empresa australiana/canadiense Oceana Gold.
A un año de esta victoria, comunidades organizadas, iglesias y organizaciones comunitarias han expresado preocupación porque los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la derogación de la ley.
El gobierno a un año de la aprobación de la ley, no ha implementado medidas para garantizar la sostenibilidad de esta, tampoco ha implementado el reglamento de la misma: nunca reformó otras leyes y tratados relacionados con la minería y la inversión extranjera para excluir explícitamente las actividades mineras, el Ministerio de Economía y MARN no han implementado medidas concretas para la transición de la minería artesanal ni ha gestionado los recursos necesarios para la reconversión de los mineros artesanales y las empresas subsidiarias de Oceana Gold, Minerales Torogoz y la fundación El Dorado siguen activas en la región de las Cabañas.
Los resultados de las elecciones legislativas celebradas el 4 de marzo inclinaron la balanza del poder a favor de partidos pro-empresariales, dejando al derechista ARENA con el mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa. Con este nuevo escenario político, la ley de prohibición minera podría ser fácilmente derogada con mayoría simple, la derecha pro empresarial tiene incluso los curules suficientes para revocar un eventual veto presidencial. También es conocido que uno de los aspirantes presidenciales favorito de la cúpula de ARENA, tiene vínculos cercanos con prominentes inversionistas mineros internacionales.
En toda la región centroamericana, la minería ha demostrado ser una industria agresiva que no proporciona crecimiento económico, salud y sostenibilidad ambiental para las poblaciones locales; por el contrario, la industria minera es conocida por su destrucción ambiental, por crear condiciones para la violación de derechos humanos y por fomentar la corrupción en gobiernos locales y por agudizar la pobreza.
Reiteramos que la introducción de la minería metálica en el país agudizaría la crisis ambiental existente y generaría impactos sociales desastrosos para la población. El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado del continente, se encuentra en una región conocida por su alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y estudios recientes demuestran que nuestras reservas forestales y suministros de agua se agotan de manera acelerada.
Cualquier amenaza a la derogatoria de la ley de prohibición minera debe ser enérgicamente rechazada por la población salvadoreña.
El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, declaró en su conferencia de prensa del domingo 25 de marzo que derogar la prohibición minera y otorgar a las corporaciones multinacionales el control de los recursos naturales sería considerado un acto de traición a la población salvadoreña.
Durante la conferencia de prensa se pronunciaron las representantes de organizaciones ambientalistas. Luis González de UNES, Luis Pineda de CORDES, Vidalina Morales de ADES, Bernardo Belloso de CRIPDES, Rosy López de CCR y Raúl Durán de ARPAS (de izq. a der.).
Como organizaciones sociales representantes de comunidades interesadas en la sustentabilidad ambiental de nuestro país, nuevamente rechazamos de manera categórica, la reciente campaña que está siendo divulgada en redes sociales, sobre los “beneficios” de la “minería verde” y tal como lo denunciamos en su momento, no existen tales bondades de dicha práctica, ya que cualquier modalidad de extracción minera genera serios impactos en la salud de las personas, en el agua y en otros bienes naturales. Queremos hacer eco a las palabras de todos los actores presentes en esta lucha en contra de la minería por lo que demandamos:
• Que la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental de este país.
• Que los y las diputadas de la nueva Asamblea Legislativa respeten la decisión tomada por la legislatura anterior y se mantenga la integridad de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
• Que representantes de la industria minera en nuestro país respeten la voluntad popular y se abstengan de promover campañas de desinformación que fomentan la “minería verde”.
• Que el gobierno salvadoreño tome las medidas necesarias para asegurar que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su respectivo reglamento sean implementados de manera integral para salvaguardar su sostenibilidad.
• Hacemos un llamado a la Iglesia Católica por medio del Eminentísimo Cardenal Rosa Chávez y el Excelentísimo señor Arzobispo Escobar Alas a mantener una posición firme en la defensa de los bienes naturales en concordancia con lo solicitado por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí.
San Salvador, 4 de abril del 2018.