El Barzón Chihuahua, ha enfrentado una campaña sistemática de desprestigio orquestada desde el Gobierno estatal que pretende sumergir en el descrédito a sus dirigentes, y generar un rechazo en la sociedad, exhibiéndoles como personas violentas, esto allana el camino a que se cumplan las amenazas
El gobierno de Chihuahua en complicidad con la mina canadiense Mag Silver y su filial Cascabel, fabrican delitos en contra de defensores de derechos humanos (DH).
Mediante un comunicado emitido por el Barzón, señalaron que luego de algunos triunfos y denuncias del grupo en contra de diversas acciones gubernamentales, se ha estado criminalizando la protesta social.
Lo anterior, porque según la empresa, carátula mexicana de la minera canadiense Mag Silver, las y los defensores del medio ambiente chihuahuense, en su acto de protesta para exigir se cumpliera la decisión de la asamblea ejidal de sacar el equipo de la minera del ejido, “robaron y destruyeron muestras de extracción minera” por un valor aproximado de 550 millones de pesos, “fruto” del trabajo de seis años en los terrenos ejidales.
Ante ello, el pasado 14 de junio, diversos medios de prensa dieron cuenta que la Fiscalía General del estado, inició una investigación, luego de que la empresa minera Cascabel interpusiera una denuncia por los supuestos delitos de “robo y destrucción de la propiedad privada” en contra de más de doscientos integrantes de la comunidad de Benito Juárez del municipio de Buenaventura en el estado de Chihuahua.
Por lo anterior, el Barzón señaló que la demanda es absurda e infundada, pues las muestras jamás se destruyeron y además no puedan valer 550 millones de pesos. No obstante, comentaron que lo más preocupante es que el Gobierno del estado se aplique con inusitada diligencia a su investigación, en un estado donde la impunidad de feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones forzadas rondan en 98 por ciento.
“La fabricación de delitos en contra de dirigentes del Barzón, que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una acción revanchista y de amedrentamiento perpetrada por el Gobernador César Horacio Duarte contra la organización que ha estado fungiendo como el más fuerte contrapeso a su política autoritaria y corrupta” enfatizó el comunicado.
El Barzón Chihuahua, ha enfrentado una campaña sistemática de desprestigio orquestada desde el Gobierno estatal que pretende sumergir en el descrédito a sus dirigentes, y generar un rechazo en la sociedad, exhibiéndoles como personas violentas, esto allana el camino a que se cumplan las amenazas de muerte que pesan sobre los dirigentes barzonistas y se pretende justificar la represión y encarcelamiento de sus líderes.