La paralización forzada de proyectos mineros en Chile llamó la atención también en otros países de la región, que hacen de la minería una de sus principales actividades exportadoras.
Durante varios años Chile fue un ejemplo de estabilidad y buenas condiciones para realizar negocios mineros. Disfrutó de primeros lugares en rankings como el informe Fraser, del instituto del mismo nombre que encuesta a destacados ejecutivos mineros del mundo y luego publica sus resultados.
Varios países de la región han mirado a Chile como ejemplo minero. Incluso en los últimos años se ha visto que la justicia ha cumplido un rol importante en los límites que deben tener las actividades mineras que declaran en sus Estudios de Impacto Ambiental los compromisos de cuidado y respeto de pueblos originarios, ecosistemas y recursos hídricos, y luego han hecho lo que realmente han querido, atropellando derechos sociales, culturales, económicos y ambientales de comunidades afectadas.
Pensábamos que lo que sucedía en países como México, donde empresas canadienses desarrollaron proyectos sin permisos ambientales y contra medidas judiciales contrarias, no sucedería en Chile. Nos referimos al tristemente célebre proyecto Cerro de San Pedro, en San Luis, Potosí, México, donde la empresa San Xavier ha iniciado el abandono de faenas, luego de años de explotación, sin haber sido autorizada para explotar el yacimiento. (http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=14)
También pensamos en Guatemala y el igualmente célebre proyecto minero Marlin, de la multinacional Goldcorp Inc., que incluso fue paralizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no respetar a las comunidades aledañas, contaminarlas y afectar seriamente sus viviendas.
(http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=12)
Otro caso reciente es el de Minas Conga en Perú. Máxima Acuña y su familia han ganado diversos juicios contra la empresa Yanacocha, de capitales norteamericanos y peruanos, demostrando la legalidad de su propiedad, requerida por la minera para su proyecto, y a pesar de ello continúan los acosos y amenazas contra ella y su núcleo familiar, como si la voz de la justicia se la llevara el viento.
(http://wp.ocmal.org/noticias/19-peru/17503-la-verdad-sobre-maxima-acuna-de-chaupe)
Ejemplos todos donde las legislaciones no se cumplen y donde las empresas mineras hacen virtualmente lo que quieren, imponiendo sus proyectos contaminantes a las comunidades locales.
Pues ahora, también le ha tocado la hora a Chile, modelo de minería y donde según dicen sus políticos y autoridades: “las instituciones funcionan”.
Han sido varias las batallas legales, donde finalmente Pelambres S.A., propiedad de uno de los grupos económicos más importantes de Chile, el clan Luksic, las ha perdido todas. La comunidad de Caimanes, ubicada en el Valle de Pupío, junto a sus abogados -que incluso fueron criminalizados por la empresa, acusados de prevaricato, pero sin resultado- lograron que la Corte Suprema determinara la restitución de las aguas intervenidas y arrebatadas por la empresa a la comunidad caimanina.
Hace más de 80 días, miembros de la comunidad aguas abajo del tranque de relaves, se encuentran movilizados para lograr el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución total y natural de las aguas a dicha comunidad, ya que la minera no ha respetado el fallo emitido por la Corte Suprema el pasado 22 de octubre de 2014, que determina la restitución del cauce natural de las aguas del Estero El Pupío, intervenidas por el tranque de Relaves El Mauro y que ha afectado gravemente la salud de la comunidad y las actividades productivas tradicionales de la zona.
(http://wp.ocmal.org/noticias/9-chile/17442-semillas-de-agua)
Es importante también mencionar que las demandas van más allá de la restitución de las aguas. La peligrosidad de un tranque de relaves sobre la cabeza de la comunidad no es menor, sobre todo en un país sísmico, pues el tranque soportaría sólo 7,5 grados Richter. Se trata de 1.700 millones de toneladas de residuos mineros a solo 8 kilómetros de distancia del pueblo de Caimanes, con una población de 1.200 habitantes. Ello le valió ser declarado por la justicia “obra ruinosa” en mayo de 2014.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que luego del fallo del máximo tribunal, Pelambres no solo siga depositando relaves en su tranque sin ejecutar la sentencia, sino que además, siguiendo los pasos de otros países de la región, cuestionados por sus practicas de no respeto a los derechos humanos, ha logrado la protección policial contra quienes solo exigen que se cumplan los fallos judiciales de última instancia.
Nos preguntamos si esto es una excepción en la práctica nacional o se transformará en una constante en los conflictos entre comunidades y empresas mineras, donde el brazo represivo del Estado se pone al servicio de quienes incumplen la normativa y la ley.