Ponencia presentada en el Seminario Internacional «Justicia en Transición: una mirada al juicio contra Ríos Montt y las experiencias de países posconflicto en la búsqueda de verdad y justicia», organizado por CALDH.
Alrededor del tema que nos convoca en esta Mesa y este Encuentro (Territorio, racismo, genocidio, justicia e impunidad) voy a reflexionar sobre el impacto de la actuación de empresas transnacionales en los territorios en Guatemala. El título de mi presentación es Empresas transnacionales: poder configurador y resistencias.
Las transnacionales son, para el chileno Alejandro Teitelbaum, el Poder determinante en nuestros días, el verdadero poder. Poder configurador, añade (sin contradecir) el filósofo alemán Martin Heidegger. Así, las empresas determinan y configuran un modelo económico, o una lógica de relaciones económicas, y además un modelo político-social, que incluye leyes, normas, valores, símbolos, institucionalidad.
El vértice del poder se configura, para analistas, a partir de una alianza estratégica entre sistema financiero y transnacionales (que incluye a las transnacionales criminales).
Estos poderes configuradores, o poder configurador que articula multitud de empresas en alianza con oligarquías, instituciones estatales y ejércitos, se enfrenta y anula frecuentemente la capacidad de decisión de comunidades y personas sobre su destinos, así como los poderes legales. Si es cierto que existe una “Lex mercatoria” (Juan Hernández Zubizarreta), un conjunto de leyes e instituciones destinadas a proteger las inversiones impunes de las empresas, no es menos evidente que las empresas desconocen/niegan/anulan las decisiones de instituciones, cuando no son favorables a sus intereses: en Santa Cruz Barillas, la transnacional española Hidro Santa Cruz desconoció y atacó de forma reiterada la negativa de la Municipalidad a otorgarle licencia de construcción, y comenzó a construir pese a esta negativa.
El poder determinante decide, impone, avasalla, abruma. ¿Qué es eso, me van a decir ustedes? Abrumar, avasallar, no son términos científicos, no explican nada, no se pueden cuantificar ni demostrar. Son calificativos subjetivos, prejuiciados, propios del fanatismo cuasi religioso anti desarrollo, como diría nuestro buen amigo Alfred Kalsmith.
Pero es real. El poder configurador de las empresas no es una abstracción. En los territorios y comunidades su presencia física es visible, amenazante, efectivamente avasalladora.
Dos ejemplos de lo anterior: la Municipalidad de Santa Cruz Barillas percibió en el año 2013 unos trece millones de quetzales en concepto de Situado Constitucional, [1] y dos millones por ingresos propios. La empresa Hidro Santa Cruz reconoce una inversión de 30 millones de dólares ó 230 millones de quetzales para la ejecución de su proyecto Canbalam, en la primera fase. En concepto de beneficios, se estima que Canbalam I generaría 20 millones de quetzales anuales, entre venta de energía y venta de bonos de carbono (no existen estimaciones oficiales). La diferencia de poder es abrumadora.
Segundo ejemplo: las 15 licencias de exploración y explotación minera otorgadas en Jalapa (Datos del Ministerio de Energía y Minas a 31 de octubre) abarcan 365.40 kilómetros cuadrados de extensión, es decir, el 17% de la extensión total del departamento (2,670 km2). Una sola empresa, de origen canadiense, posee concesión sobre 145.73 km2, más del 7% del departamento, en un fenómeno de reconcentración de tierras en el marco del Estado finca. ¿Puede alguien pensar que el dueño del 7% de las tierras de un departamento no es además quien pretende definir el modelo económico y el modelo político en el mismo?
Además de su expansión en los territorios, las empresas tienen presencia poco disimulada en los principales ámbitos de toma de decisiones: en el Ministerio Público a través de operadores (en muchos casos ex militares, como el capitán Juan Garrido en Barillas); en las redes de abogados, con quienes establecen relaciones o contratan sus servicios (tres millones de quetzales costó la defensa de los asesinos de Andrés Francisco Miguel el 1 de mayo de 2012 en Barillas, según testimonios de abogados, pero ¡quién les cree, aunque sean de izquierdas!).
Influyen en los jueces, como la conocida magistrada Patricia Bustamante (vocal asimismo del caso Ríos Montt), quien, según la fiscal general Claudia Paz y Paz, no resistió las amenazas y el miedo y falló a favor de los acusados (empleados de Hidro Santa Cruz) en el caso mencionado del asesinato del primero de mayo. [2]
Influyen en los gobiernos, que se convierten en operadores y voceros de intereses transnacionales, una figura que analistas definen como la del Presidente Gerente o Gobierno Gerente. En Guatemala, estas alianzas parten de intereses y tienen beneficios mutuos: la crisis económica en Europa determina una ofensiva de expansión transnacional. El gobierno patriota, inestable, débil, acaparador, incapaz de construir consensos y un proyecto colectivo, pierde apoyos –incluso entre elites económicas- y encuentra su sostén más firme en el respaldo transnacional y las embajadas de los países amigos, especialmente España. La matriz ideológica ultra liberal o fascista de la que se alimentan el Partido Patriota y el Partido Popular, gobernantes en Guatemala y España, facilita las coincidencias.
Dominio y colonización
El modelo económico propuesto/impuesto por las empresas refuerza la reprimarización del modelo agroexportador dependiente (Raúl Zibechi) o del capitalismo en su fase extractivista, de acumulación primaria agresiva, según la categorización de Carlos Marx (¿se acuerdan ¿verdad?, el marxismo, el comunismo, las utopías…)
Si este es el modelo económico, ¿cuál es el modelo político que imponen las empresas transnacionales? Presenta tres características fundamentales:
1. Es vertical y autoritario (antidemocrático y dictatorial).
2. Es centralizador y desterritorializador.
3. Es intrínseca y estructuralmente violento.
Alberto Acosta, economista ecuatoriano, afirma que “todos los extractivismos, no solamente la minería, son procesos verticales, que desplazan, que uniforman, que dominan y colonizan. En esas visiones no existen los colectivos o las plurinacionalidades”.
No existen, añado, los derechos ni la democracia. O se desconocen cuando contradicen y resisten la lógica de acumulación.
El derecho permanentemente negado es el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Constitución Política de la República, pero no es el único.
La democracia se desconoce cuando se promueven Estados de excepción, que recortan libertades fundamentales. Si son emblemáticos y recientes los Estados de Sitio decretados durante este gobierno en Barillas, Jalapa, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla y Casillas, la apuesta pública de las empresas por Estados de Sitio y regímenes sin derechos viene de antes: el 4 de marzo de 2010, ocho Cámaras empresariales extranjeras solicitaron al gobierno de Álvaro Colom la instauración del Estado de excepción en todo el país, por la creciente conflictividad contra las empresas, especialmente contra Unión Fenosa, distribuidora de energía. Entre las cámaras solicitantes se encontraba la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala, un poderoso grupo de presión a favor de transnacionales españolas, que cuenta con financiamiento del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
Así, las empresas necesitan modelos políticos propios y específicos que gestionen la implantación y la acumulación económica. Las formas democráticas, las leyes y las representaciones comunitarias autónomas no son funcionales a estos intereses de acumulación. Las transnacionales aceptan la democracia por corrección política y no por convencimiento.
Centralismo y desterritorialización
El carácter centralizador y desterritorializador de la implantación de las empresas implica, en algunos casos, el desplazamiento físico de comunidades (Chixoy como ejemplo histórico, Xalalá como amenaza inmediata). [3]
Siempre, implica la persecución y el debilitamiento de la organización comunitaria y social: criminalización, favorecimiento de procesos penales a través de los operadores de justicia, ataques directos contra líderes comunitarios: San Juan Sacatepéquez, Barillas, Jalapa, Monte Olivo en Alta Verapaz, con dos ataques consecutivos en agosto y noviembre de este año (dos niños asesinados y un joven herido).
Las empresas niegan y rompen la organización comunitaria normada en los Consejos de Desarrollo, cuando estos manifiestan su oposición a los proyectos.
Las empresas, al tiempo que negocian con las Municipalidades, desconocen su autoridad y el principio de la autonomía municipal, establecido entre otros en la Constitución Política de la República y el artículo 4 del Código Municipal:
“En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales…”.
El ejercicio (permanente) de la violencia
Por fin, el modelo político defendido por las empresas incluye el ejercicio de la violencia, como condición sine qua non para su proceso de acumulación. La violencia en los territorios en disputa entre población y empresas, no es así, temporal, reactiva (respuesta a la resistencia de las comunidades) ni coyuntural, sino un modo de operación.
Las empresas transnacionales se organizan y configuran para la violencia, por ejemplo, a través de la contratación de macroempresas de seguridad, que van más allá de la defensa física de sus instalaciones, y se convierten en agentes para la intimidación; contratan asimismo ex militares como Gerentes (San José del Golfo), encargados de operaciones, encargados de promoción social (Barillas, San Rafael). [4]
La configuración de las empresas para la violencia implica, además, el establecimiento de relaciones políticas y económicas con actores militares y con grupos del poder paralelo (el rey del tenis en Huehuetenango, Chamalé y Unión Fenosa en el departamento de San Marcos, antes de la “retirada” del país de ambos.
Si bien las empresas justifican la contratación de seguridad en razón de las protestas y la tensión existente en las comunidades, lo anterior evidencia que la “militarización” comienza con la llegada de las empresas a los territorios.
En este marco de violencia estructural y permanente, ¿cuál es el papel del diálogo, bendecido por empresas y gobiernos? El análisis de los distintos procesos de diálogo determina que:
1. Se realizan en condiciones de persecución contra líderes y organizaciones sociales (por tanto, sin garantías de participación).
2. Se efectúan después de capturas que debilitan la interlocución (casos de Saúl y Rogelio en Santa Cruz Barillas, detenidos el 29 de agosto, días antes del inicio de diálogo el 3 de septiembre).
3. En algunos casos, son acompañados de fuertes operativos militares (norte de Huehuetenango, 28 a 30 de septiembre, cuando ya había iniciado el trabajo del Sistema Nacional de Diálogo)
4. No permiten negociar ni discutir la presencia de empresas.
5. Al tiempo que las empresas proponen y participan en procesos de diálogo, niegan los resultados democráticos de las consultas comunitarias, que deberían estar establecidas como el mecanismo de diálogo ideal.
Conquista y violencia actual
Durante la conquista, argumenta el boliviano Hugo Moldiz, “la hegemonía se estructuró sobre una política de exterminio. Es completamente falso que los indígenas se rindieron rápidamente por una mezcla de temor y admiración”.
Esta lógica de dominio está presente en la expansión transnacional hoy, en un marco de continuidad histórica, que no excluye la permanente readaptación y reconfiguración de actores y sus estrategias.
Resistencias
Ahora viene la pregunta del millón:
¿Podemos cuestionar y detener este poder determinante, para recuperar con un sentido democrático el poder de los actores originarios?
Les lanzo a ustedes la pregunta: ¿Creen que podemos? ¿Sí o no? Y votemos: ¿prefieren a mano alzada según la costumbre o con Juntas Receptoras de Votos?
La respuesta no es Sí o No, porque la pregunta está mal formulada. La pregunta o el cuestionamiento adecuado debería ser aproximadamente el siguiente:
¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo ya para detener este poder, y cómo potenciamos lo que ya estamos haciendo?
No quiero detenerme y ahondar mucho en este punto, porque atañe a estrategias y visiones de las organizaciones y, en esta lógica de Estado Militarizado y Seguridad Nacional, pueden comprometer su sobrevivencia.
Pero es importante dejar constancia de esto:
1. A pesar de millones de quetzales invertidos, del uso de la fuerza, del apoyo estatal y de la comunidad internacional, proyectos extractivos estratégicos no han podido ser inaugurados: Barillas, San José del Golfo…
2. A pesar de la implantación de cinco estados de sitio en dos años de gobierno y el encarcelamiento y asesinato de decenas de dirigentes, continúa la resistencia en los territorios.
La pregunta tiene una segunda parte, tan importante como la primera:
¿Qué hemos hecho bien y cómo nos hemos organizado para detener estos proyectos (a pesar de la persecución, la falta de recursos, la desarticulación social, los hegemonismos)?.
Las respuestas, en todos los casos, coinciden en que las articulaciones de actores diversos, el protagonismo de comunidades como nuevos sujetos históricos, las movilizaciones y resistencia masiva y pacífica, las formas asamblearias de organización, la heterogeneidad de acciones y de visiones (en la defensa del territorio confluyen movimientos sociales, pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, jóvenes, sectores urbanos, estudiantes, religiosos y otros), la articulación urbano-rural/mestizo-indígena, el fortalecimiento de la conciencia y los proyectos políticos (la defensa de la vida, el territorio cuerpo tierra, la autonomía comunitaria más allá de la resistencia concreta a proyectos, y la construcción de alternativas) han permitido confrontar el poder determinante.
Este es el momento en que estamos: una intensa disputa de territorios, ideas y proyectos de vida.
Frente al poder determinista de las transnacionales, las comunidades y organizaciones en lucha configuran, desde la resistencia y la acción, nuevos poderes: democráticos y comunitarios. Poderes que, en vez de la acumulación y la mercantilización de todos los bienes y todos los seres, proponen y promueven el cuidado y reproducción de la vida.
Ciudad de Guatemala, 14 y 15 de noviembre.
[1] Se refiere al aporte a las Municipalidades del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.
[2] Entrevista El Periódico, 13 de octubre de 2013.
[3] Chixoy fue un proyecto hidroeléctrico promovido por gobiernos militares, que implicó desplazamiento de comunidades y una masacre de más de 400 habitantes. Para la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá, la segunda mayor del país, se prevé desplazamiento de comunidades y población afectada en tres municipios (no se ha determinado el número de habitantes que serán desplazados).
[4] Juan Garrido, ex capitán con un historial de conexiones con narcotráfico y asesinato, fue operador de Hidro Santa Cruz en Barillas. Pablo Silas, ex teniente, es encargado de operaciones en el proyecto minero de San José del Golfo. El coronel Mario Roberto Figueroa Archila es Gerente General en la misma mina. El encargado de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, en El Estor, Izabal, también ex militar, está acusado por violaciones a mujeres.