De acuerdo con Naciones Unidas, la actividad minera ha impactado seriamente la vida de comunidades indígenas, lo cual se ve reflejado en crecientes tensiones entre extranjeros y habitantes locales.
“El Comité (Para la Eliminación de la Discriminación Racial) expresa seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales destacando en particular los casos de explotación minera”, expresó el Comité de Naciones Unidas en marzo de 2012.
En el caso de México, éste ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales productores de 16 minerales diferentes, según datos de la Secretaría de Economía.
Además, un reporte de Metal Economics Group colocó al País como el primer destino en exploración minera de América Latina y el cuarto del mundo.
Al mismo tiempo, el estudio realizado para el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) estimó que en México hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales.
Según cifras del Inegi, en 1992 se expidieron mil 460 títulos mineros, de exploración y explotación, en 614 mil hectáreas.
Durante 1997 se otorgaron 2 mil 80 títulos en 9 mil 525 hectáreas.
Esta tendencia continuó hasta que en 2012 se otorgaron 2 mil 5 títulos mineros distribuidos en 5 mil 426 hectáreas. Lo que sumaba un total de 26 mil 71 títulos expedidos y 30 mil 782 hectáreas del territorio nacional en concesión.
Detrás de esto se encuentra la modificación al Artículo 27 Constitucional, que en enero de 1992 autorizó la entrada de capital privado al campo y la venta de ejidos, así como una Ley Minera aprobada ese mismo año en la cual se considera dicha actividad de utilidad pública y preferente.
Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Minas en 2010 el territorio total concesionado a mineras era casi el doble, 56 mil 7.8 hectáreas, es decir, más de la tercera parte del País.
En mayo de 2013, un estudio del Foro Permanente abordó el reclamo de los pueblos indígenas ante la falta de cumplimiento de las autoridades en el respeto y protección de sus derechos, así como su exigencia de ser consultados antes del otorgamiento de concesiones extractivas en su territorio.
Además del territorio, UNDESA señala que las amenazas se extienden a la agricultura, la seguridad alimentaria y la pobreza, además de que desatan retos al turismo, la apropiación del conocimiento indígena y una brecha en salud con respecto al resto de la población.
Refleja estudio de la ONU injusticias
Pese a que la Secretaría de Economía desconoce la ubicación geográfica de los pueblos indígenas afectados por concesiones mineras, un estudio realizado por Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, resalta algunos casos.
Habitantes de la región de la Montaña de Guerrero identificaron en 2011 helicópteros de la empresa Casmin sobrevolando para hacer prospecciones mineras. Al poco tiempo se supo que se habían otorgado 22 concesiones a empresas privadas sin que ningún habitante de la región supiera.
De acuerdo con el reporte, la mitad de las concesiones coinciden con territorio de la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Una parte del proyecto está suspendido, pero las comunidades argumentan que fue violado el Artículo 2 de la Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos indígenas y la Ley 701 del estado de Guerrero.
Otro caso es el del Valle de Ocotlán, Oaxaca, donde en 2008 Fortuna Silver Mines Inc. compró las concesiones de Continuum Resources, que exploraba desde 2006 el subsuelo de la población zapoteca de San José del Progreso.
“A este megaproyecto se opone la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), que lucha para defender su tierra y territorio, señalando que la empresa minera les despoja de sus tierras y se asienta, según la concesión otorgada, en un área que abarca parte de las tierras donde vive la población”, indica el estudio.
Ejidatarios entraron en conflicto con la asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos, creada, según los primeros, con apoyo de la empresa minera para intimidar a la población.
“Poco tiempo después de las entrevistas, dos de los líderes que habían participado en ellas resultaron muertos por gente armada. El conflicto se ha extendido a otras comunidades donde la empresa pretende extraer agua para sus actividades”, afirma el estudio de la ONU.
Critican expertos apertura a extranjeros
El 70 por ciento de la inversión minera en México está en manos extranjeras, criticó el investigador de la UNAM Andrés Barreda.
De acuerdo con el especialista, lo mismo podría ocurrir con la apertura del sector petrolero a la inversión privada y de otros países, pues durante 30 años sólo se han quitado barreras y permitido la proliferación de empresas, principalmente canadienses.
“Ése es el juego, entregarle literalmente el País al capital extranjero. Ha habido una desregulación encaminada a atraer la mayor cantidad de capital posible, la mayor cantidad de inversión, en donde el juego es fundamentalmente la desregulación”, afirmó en entrevista.
Según datos de la Secretaría de Economía, durante el sexenio de Felipe Calderón se emitieron 2 mil 175 concesiones mineras al año, por lo que al cierre de 2012 había en total 26 mil 71 concesiones que abarcaban más del 15 por ciento del territorio nacional.
A pesar de que las reformas se hicieron en los ochenta y en 1992, 1995 y 2005, hasta ahora -cuando la minería ha desatado escándalos por conflictos sociales y daños ambientales- es que se piensa en una nueva Ley Minera y en cobrar mayores impuestos.
“De manera que lograron hacer de México el País con mayor desregulación del mundo, y eso lo reconocía el Instituto Fraser, de Canadá. Ellos explican como las reservas mineras de México no son estratégicamente las más importantes del planeta, para ellos de 60 zonas mineras estábamos en el lugar 24, pero por desregulación estábamos en primer lugar”, aseguró.