Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.
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Este artículo apareció en la edición impresa del South China Morning Post como: Empresa minera china en Perú “oculta cifras de infección”.
Autor: Eduardo Baptista
Traductora: Laura del Aguila
16 de setiembre de 2020
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales acusan a empresas chinas de ocultar el “número real” de casos.
El Perú se encuentra entre los países más afectados, con más de 650 000 contagios confirmados.
En los últimos seis meses, Luís López ha intentado que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China y propietario de la mina de cobre de Toromocho, en el centro de Perú, revele lo que sería el número “real” de mineros infectados con el COVID-19. El líder sindical afirma que luego lo despidieron.
Según López, de 39 años, Chinalco aún no ha revelado cuántos mineros dieron positivo al COVID-19 en julio y agosto, lo que según él pone en riesgo a miles de trabajadores en la mina situada a cuatro horas en carro de la capital, Lima.
Sus demandas son respaldadas por organizaciones no gubernamentales de Perú y otros países de Sudamérica quienes reclaman que las minas dirigidas por empresas chinas no revelan las cifras de infección y no siguen las directrices locales para combatir la enfermedad.
El Perú, con una población de 33 millones de habitantes, ha experimentado un repunte en el número de infecciones de COVID-19 y se encuentra ahora entre los países más afectados del mundo, con más de 650 000 casos y 29 000 muertes.
Los funcionarios contactados en la sede de Chinalco en Pekín se negaron a comentar las acusaciones y dos correos electrónicos enviados al equipo de comunicaciones de la filial de Perú no recibieron respuesta.
La explotación minera de cobre, zinc, oro y otros minerales constituye más del 9% de la economía peruana de 227 000 millones de dólares, pero representa un 60% del valor de las exportaciones, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.
El Banco Mundial prevé que la economía peruana se contraerá en un 12% este año debido al COVID-19, el país con mayor caída en Sudamérica. El gobierno se encuentra luchando contra la pandemia al mismo tiempo que busca la reactivación de las actividades económicas.
El decreto presidencial publicado en marzo ordenó la paralización de actividades comerciales en el país por dos semanas, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, a finales de junio, el Gobierno anunció que permitiría que empresas en riesgo de quebrar debido a la pandemia apliquen la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores.
China donó suministros médicos a más de 20 países de América Latina para ayudar a combatir la COVID-19, según reporta un artículo publicado en julio en el periódico estatal People’s Daily. El mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció que Pekín ofrecería un préstamo de mil millones de dólares a la región para acceder a las vacunas que se están desarrollando en China.
No obstante, ha aumentado el número de quejas sobre la falta de protección contra infecciones en las minas chinas en el Perú, principalmente de trabajadores y ONGs. La industria minera en el Perú generó más de 208 000 empleos directos en el 2019, pero generó 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector de servicios para la industria, según cifras del Gobierno.
Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, una ONG que monitorea las empresas mineras chinas en el Perú, explica que la preocupación es que las minas se han convertido en “vehículos de contagio”.
Cuadros señaló que otras empresas mineras extranjeras en el Perú han enfrentado brotes de COVID-19, siendo el mayor en una mina de la multinacional británica Glencore. Sin embargo, indicó que las empresas chinas han sido menos transparentes.
“No sabemos cuántos trabajadores han sido infectados con COVID-19 en las minas chinas, es un misterio”, comentó. Agregó que estas empresas necesitan comprender la importancia de establecer relaciones con las partes interesadas locales.
Desde abril, los residentes de varios pueblos han bloqueado las carreteras que conducen a la mina de cobre de Las Bambas, en el sur del Perú. Esta mina es gestionada por la empresa australiana MMG y su principal accionista es la empresa estatal China Minmetals Corporation. La población local teme que los mineros que viajan a las instalaciones en los autobuses puedan infectar a las comunidades locales en el camino, explicó Cuadros.
Las quejas sobre las actividades de las mineras chinas no se limitan al Perú. En mayo, 73 ONGs de toda Sudamérica firmaron una carta de protesta dirigida a Pekín, alegando que seis empresas estatales chinas que operan en Perú, Ecuador y Argentina habían violado los derechos laborales y provocado daños al medio ambiente. Cuadros indicó que no recibieron respuesta.
“Siempre hemos tenido dificultades para contactar a los representantes oficiales de China, no suelen contestar los correos, mucho menos en épocas de pandemia”, afirmó.
Shougang Hierro Perú, una unidad de la siderúrgica china Shougang Group, fue nombrada en la carta, junto con Chinalco y MMG. Según la carta de la ONG, Shougang, que dirige la mina de hierro Marcona en la costa sur de Perú, no proporcionó equipo de protección a los trabajadores.
Dos correos electrónicos enviados a la sede de Shougang en Pekín no fueron contestados y se hicieron tres llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa en Perú que tampoco fueron contestadas. Dos correos enviados a la sede de MMG en Melbourne y a las oficinas en Perú no recibieron respuesta. Un funcionario de la sucursal en Hong Kong se negó a hacer comentarios.
El exlíder sindical López declaró que, según Chinalco, 71 trabajadores de la mina Toromocho que dieron positivo al COVID-19 habían sido evacuados en junio, el último mes en que se comunicó el número de infecciones. “Pero esto no tiene en cuenta a los mineros que se contratan a corto plazo”, explicó en una entrevista.
López indicó que la mina tenía alrededor de 1.400 trabajadores a tiempo completo y 2.000 con contratos a corto plazo y que al incluir estos últimos, el número total de casos de COVID-19 en la mina estaría en los cientos.
Cuadros, de la ONG CooperAcción, que lleva más de dos décadas rastreando la inversión extranjera en el Perú, comentó que su equipo trata de negociar con los inversores extranjeros para resolver disputas con las comunidades locales y que ahora está en conversaciones con MMG y el Gobierno sobre el bloqueo de Las Bambas por parte de los locales debido al COVID-19.
Mencionó que en el pasado han presentado demandas contra mineras extranjeras por conflictos laborales y contaminación, pero siempre como último recurso, ya que el proceso era muy largo y costoso y a menudo requería presentar una demanda ante tribunales extranjeros. “Con China es más difícil, no nos escuchan,” indicó Cuadros.
Guo Jie, profesora adjunta de relaciones internacionales de la Universidad de Pekín, dijo que las empresas chinas luchan por adaptarse a la cultura sindical en América Latina.
“En China, las empresas nombran al jefe del sindicato de trabajadores, y por lo general éstos sólo se encargan de organizar actividades lúdicas, así que cuando (estas empresas) salen del país, no han tenido experiencia tratando con sindicatos conflictivos”, explicó.
Guo ha realizado una investigación de campo en el Perú y ha entrevistado a empleados chinos en empresas como Shougang.
“Las empresas chinas en América Latina también se quejan de cómo los trabajadores son perezosos y parecen estar en constante oposición a los intereses de la empresa”, mencionó. “En la cultura china este tipo de mentalidad conflictiva es inadmisible”.
López indicó que entre marzo y julio todos los intentos de organizar reuniones entre el sindicato y el director general de la filial peruana de Chinalco, Luan Shuwei, habían fracasado. Comenta que nunca recibió respuesta.
Según Cuadros, las empresas mineras chinas han debido estudiar los países en los que invirtieron. “Saben menos sobre la cultura y tienen más dinero, pero no aprenden de sus errores.”
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