Alejandro Villamar, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que algunas empresas canadienses que operan en México contratan sicarios para controlar, amenazar e incluso matar a activistas y opositores que se opongan a sus proyectos en diversas comunidades del país.
Esta organización basó su acusación con la documentación de 10 casos en los que están involucradas las compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder– por los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo del 2012, en San José del Progreso, Oaxaca.
Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) informó que envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que pide se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza Silver de México, pues en regiones enteras del país, las mineras canadienses “están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación”.
Alejandro Villamar, representante de la Rema expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras “abrumadoramente canadienses” contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los sitios en que están las concesiones que explotan.
En agosto de 2009, la Rema presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que “sicarios de TeckCominko” dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido.
“Tres meses más tarde, en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por Blackfire Exploration.
Expuso que en octubre del año pasado fueron asesinados Ismael Solorio y su compañera Manuela Martha Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana, Cascabel.
Mencionó, asimismo, la desaparición el pasado 23 de octubre de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa misma comunidad.