El acuerdo logrado el pasado 22 de agosto entre el gobierno y las organizaciones de mineros informales, ha provocado una ola de críticas desde diferentes sectores que perciben que el Ejecutivo vuelve a ceder frente a un sector que no desea entrar a un real proceso de formalización.
Representantes del gobierno han señalado que las interdicciones no se han suspendido y que los plazos definitivos tampoco han sido prorrogados, aunque si se reconoce que algunos plazos intermedios han sido modificados.
Al margen de la especificidad de los acuerdos logrados y si los plazos han sido ampliados o no, lo cierto es que existe la sensación que el proceso de formalización no logra consolidarse y los diferentes sectores del Estado no se presentan articulados para hacer frente a la problemática.
A continuación planteamos algunos elementos para el análisis:
Al margen de no contar con cifras oficiales, la realidad muestra que tanto el número de mineros como los ámbitos geográficos donde se ubica esta actividad, han venido aumentando. Hasta hace poco, se hablaba de principalmente de cuatro zonas: Sur Medio (Ica, norte de Arequipa y la provincia de Lucanas en Ayacucho), Madre de Dios, Puno y La Libertad. En la actualidad el mapa de la minería informal se ha ampliado drásticamente y hoy en día en la práctica no hay región en el país que no registre este tipo de actividad, tanto en la Amazonía, la Sierra y la Costa.
Se necesita con urgencia implementar un censo para dejar de especular sobre el número de mineros informales en todo el país. Es clave dimensionar adecuadamente el fenómeno y sus características en las distintas regiones del país.
No hay que perder de vista que durante casi una década, este sector de la minería peruana también se ha beneficiado de los precios altos de los minerales, principalmente del oro. Esto ha permitido un proceso de acumulación sin precedentes y un mayor poder económico de grupos de mineros en varias regiones. Los casos del clan Baca-Casos en Madre de Dios o el de la familia Torres Carcaso en Puno, son solamente algunos ejemplos del creciente poder económico de los clanes consolidados que operan en la minería informal.
Aparte de la acumulación económica, los mineros informales han ganado en niveles de organización e influencia política. Las distintas federaciones de regiones como Apurímac, Madre de Dios, Ica, Arequipa, La Libertad, entre otras, muestran mayores niveles de articulación y capacidad de convocatoria. Por otro lado, igualmente es notoria la influencia política que se expresa en representantes vinculados a esta actividad en el Congreso de la República, algunas autoridades regionales y municipales.
Se hace necesaria una respuesta articulada frente a un fenómeno de envergadura. No hay respuestas ni soluciones sencillas frente a un problema de la dimensión alcanzada por la minería informal.
Todo indica que un verdadero plan de acción para este sector debería contar con las siguientes características: debe estar articulado multisectorialmente; tiene que ser sostenido en el tiempo y debe contar con el financiamiento necesario. El objetivo es recuperar la presencia del Estado y definir con precisión las zonas donde no se puede ejercer la actividad minera. El ordenamiento territorial es una herramienta central para proteger ecosistemas y evitar los conflictos socio-ambientales.
También se hace necesario construir a partir del diálogo una verdadera base social para el impulso del plan de acción. Poblaciones afectadas por esta actividad, mineros dispuestos a formalizarse y las mejores experiencias de productores mineros, son la base social que debe ser incorporada plenamente a la implementación del plan de acción. En paralelo se debe monitorear los avances del plan de acción e informar con la mayor transparencia sobre los avances y los problemas que se enfrenten.
27 de agosto de 2013
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN