11 Febrero 2011
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI
En el Perú, como en todo el Abya Yala, los pueblos indígenas siempre fuimos invisibles para los Estados. Excluidos de las políticas públicas, se nos negaba incluso el derecho al voto. Fue la Constitución de 1979 la que eliminó esta vergonzosa restricción. Pero también la que nos encasilló como “comunidades campesinas” y “comunidades nativas”, pretendiendo despojarnos de nuestra identidad indígena, originaria, ancestral, diciendo muy poco de los derechos que como pueblos nos corresponde.
Cuando el derecho al voto nos fue otorgado, los partidos políticos y sus candidatos visitan durante las campañas electorales para repetir o inventar promesas que nunca cumplirían, para pedir que les pongamos un chullo o un poncho y sonreír para la foto. Nada más.
Uno de los casos más recientes de promesas electorales incumplidas es la del gobernante de salida, Alan García Pérez, quien anunció en su campaña que crearía un impuesto a las sobreganancias mineras y revisaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una vez en el poder hizo todo lo contrario: ha gobernado al servicio de las multinacionales extractivas, promulgó 102 decretos legislativos para facilitar el TLC, el despojo territorial y el saqueo de los bienes naturales, junto con la criminalización de la protesta social, cuya más grave expresión es la Masacre de Bagua del 5 de junio del 2009.
Por todo eso, ahora, el viejo Partido Aprista, de más de ochenta años, sin candidato a la presidencia y una lista al Congreso cuestionada por sus bases, ya está prácticamente extinguido.
Perfiles siniestros
Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, la mayoría de candidatos se llenan la boca asegurando que respetarán el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y acatarán la decisión que emane de esas consultas. De pronto se vuelven democráticos y defensores de los tratados internacionales, hasta ecologistas… Pero los pueblos no olvidamos. Los conocemos, sufrimos en carne propia su servilismo a las multinacionales, su defensa ciega del neoliberalismo extractivista, su nulo respeto por la vida y por los derechos humanos.
Recordamos, por ejemplo, que fue la dictadura de Alberto Fujimori la que luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 impuso una Constitución liberal que recortó nuestros derechos como comunidades, precarizando la tenencia de nuestros territorios al eliminar su condición de inembargables e inalienables, y gracias a la cual se emitieron normas tras normas para facilitar la inversión extractivista: contratos de estabilidad tributaria, cero derechos laborales, mínimos controles ambientales, etc. Poniéndonos en una relación asimétrica empresas transnacionales – Estados contra los pueblos.
Hoy la hija del ex dictador, Keiko Fujimori, es candidata a la Presidencia de la República. Y su única carta de presentación son las “obras” de su padre. Claro que entre esas “obras” no menciona esta imposición del neoliberalismo, ni los delitos de lesa humanidad y corrupción generalizada por los que Alberto Fujimori hoy está preso, condenado a 25 años de cárcel. Tampoco el despilfarro de 10 mil millones de dólares de la venta de las empresas públicas.
La dictadura cayó, el pueblo celebró el retorno de la “democracia”. Tras un breve período de transición, fue elegido Alejandro Toledo, el mismo que en la campaña anterior había prometido ser “el segundo piso” del gobierno de Fujimori: léase más libre mercado y más facilidades para las inversiones, con las consecuencias inevitables de mayores recortes de derechos de nuestros pueblos indígenas y mayor criminalización contra ellos.
Durante su mandato, Alejandro Toledo no tocó ni con el pétalo de una rosa el modelo económico. Respetó religiosamente los contratos gracias a los cuales a las empresas mineras no se les puede aplicar un centavo más de impuestos, se rindió frente a las resistencias empresariales al pago de regalías, reduciéndolas a su mínima expresión. Y siguieron multiplicándose las concesiones, lotizando el país y privatizando las pocas empresas públicas que quedaban.
Por su origen andino, quiso acercarse a los pueblos indígenas y creó una Comisión Nacional de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) que terminó en un escándalo de malos manejos de fondos, la que luego fue transformada en un Instituto Nacional de Desarrollo (INDEPA) que poco a poco ha ido excluyendo nuestra participación como pueblos indígenas y reduciéndose a su mínima expresión en el frondoso aparato estatal, hasta que hoy el gobierno del APRA lo liquidó definitivamente.
Luego de una multitudinaria marcha indígena desarrollada por la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Alejandro Toledo se comprometió a formar una comisión de diálogo tripartita (gobierno-comunidades-empresas mineras) que nunca se concretó. Y fue durante su gobierno que las protestas de las comunidades de Ayabaca, en el ande piurano (norte del Perú) contra la imposición minera fueron violentamente reprimidas, imponiéndose el proyecto minero Río Blanco en una zona única de páramos y bosques de neblina, muy cercana a la frontera con Ecuador, vulnerando todo tipo de normas y tratados internacionales.
Hoy Alejandro Toledo es otra vez candidato, quiere volver a ceñirse la banda presidencial. Y habla de derechos, claro, pero ya lo conocemos.
Mr. PPK
¿Y quién fue el Ministro de Economía de Toledo, el encargado de implementar el modelo económico? Pues Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el ciudadano norteamericano, viejo funcionario de instituciones financieras internacionales (IFI). Ese que ahora también quiere ser presidente y para eso, como no tiene partido propio, ha formado un “sancochado” de partidos y movimientos de diversas tendencias a los que solo une la ambición de poder.
Mr. PPK ha sido ministro de diversos gobiernos en los que siempre cumplió el papel de vínculo con las IFI: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Pero no solo eso, también está directamente vinculado a empresas mineras, como miembro de muchos directorios. Y como tal es responsable del despojo de territorios de los pueblos indígenas.
Examinemos un caso, el de las comunidades de Espinar, Cusco, que durante veinte largos años sufrieron los impactos de las operaciones de la Minera Nacional Tintaya, la misma que emprendió un brutal proceso de expropiación y despojo de tierras.
En los años ochenta, cuando Tintaya inició sus operaciones en Espinar, Mr. PPK era Ministro de Energía y Minas del gobierno de Fernando Belaunde. Y continuó con el mismo proceder en el período iniciado el 2001, con la empresa ya privatizada con BHP Tintaya, siendo Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo, cuando mediante artimañas legales e incluso con violencia, la empresa logró apoderarse de 1,263 hectáreas de tierras de la comunidad Tintaya Marquiri, 246 de la comunidad Alto Huancané, 400 de la comunidad Huano Huano, 477 de la comunidad Alto Huarca y 875 de propietarios individuales.
Luego Mr. PPK, como lobista profesional, al dejar el cargo de ministro pasó a formar parte del directorio de BHP Billiton Tintaya, continuando con la agresión, dividiendo la comunidad de Antaycama en cinco comunidades y despojando totalmente de territorios a la comunidad Tintaya Marquiri, reduciéndola a un centro poblado de media hectárea.
Ahora Mr. PPK se pone poncho y chullo y promete respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Que se lo diga a los despojados de Espinar, a los muertos de Ayabaca, a ver si le creen. Es patético su afán por superar su actual 3.6% de intención de voto, la desesperación de los partidos en los que apoya su candidatura.
No lo logrará, Mr. PPK, porque ya lo conocemos, porque no olvidamos. Porque es nuestra memoria histórica la que nos ha permitido sobrevivir más de quinientos años de políticas de exterminio. Porque ya no somos el folclor para la foto y la postal turística. Porque los pueblos indígenas pasamos ya de la resistencia a la propuesta, estamos dispuestos a decidir sobre nuestros destinos y somos actores políticos.