Por Javier Llorens
Pocos días atrás, el juez federal de San Juan, Angel Manuel Gálvez, decreto la suspensión parcial de la ley de protección de glaciares (n º 26.639) en la provincia de San Juan. Lo hizo con una medida cautelar, ante un pedido efectuado por el sindicato de obreros mineros (AOMA), la Cámara Minera de San Juan, y otras entidades privadas relacionadas con la minería. Más rápido que Juancito Gálvez, el juez se despachó en 48 horas, sin darle participación alguna a la contraparte (la Nación). Y sin pedirle demostración alguna a los interesados, porqué la ley los perjudicaba directamente, y en qué casos concretos.
En una sentencia de cuatro hojas, de contenido aún más pobre que su extensión, Gálvez adujo en sustancia que la aplicación de la ley avallasaría la autonomía provincial de San Juan.
Del juez Gálvez se puede decir que es un peronista de ley, que siempre ha sabido ponerse cerca del calor del poder. Apenas recibido de abogado durante la dictadura de Lanusse, fue designado Director General del Trabajo en Neuquén. Seguidamente, durante el interregno peronista, conservó su puesto como asesor del Director. Y durante la dictadura pasó a desempeñarse con el mismo cargo en el Ministerio de Trabajo en San Juan, conservándolo hasta 1995. Se desempeñó además como diputado provincial por el justicialismo, presidiendo el Bloque Lealtad y Transformación, desde 1991 hasta 1995. Año en el cual, por los servicios prestados, Menem lo nombró juez federal de San Juan. Con los mismos requisitos intelectuales y morales con los que había designado a los famosos “jueces de la servilleta”. En base a estos méritos, hasta hace muy poco Gálvez integró el Consejo de la Magistratura nacional en representación de los magistrados, como hombre confiable para el poder.