Por: Lydia Cacho
¿Qué diría el Vaticano si el gobierno francés decidiera concesionar la explotación de minerales preciosos en la ruta sagrada que cada año miles de fieles caminan hacia Lourdes donde se encuentra el manantial de agua que se considera bendita por la Iglesia católica?
O si en Portugal se hiciera lo mismo con las grutas sagradas de Fátima, enclavadas en la montaña con potencial minero. Cientos de rutas de peregrinación en el mundo, de todas las religiones, católicas, judías y musulmanas, son consideradas patrimonios intocables gracias a acuerdos entre los líderes de dichas Iglesias y los gobiernos, y por una fuerte pasión protectora de las y los fieles a sus tierras sagradas (además de los intereses económicos en la promoción turística de las visitas sagradas y sus objetos milagrosos en venta.)
La pregunta que me parece indispensable hacernos es: ¿Cómo se atrevió gobierno federal de México a entregar para su destrucción total una zona sagrada para el país? En ella, a lo largo de la historia, millones de personas wixarika o huicholes y extranjeros han peregrinado, la han cuidado y han vivido de ella respetuosamente. Calderón la concesionó a una minera canadiense. ¿Por qué hay una reacción tan pobre de parte de todo el país? ¿Dónde está la UNESCO en esta protesta? Y debería estar aquí ya que el propio Felipe Calderón, como ya se ha dicho muchas veces, junto con miembros de la UNESCO a principios de este sexenio, prometió proteger la zona como patrimonio de la Nación y respetarlo como ruta sagrada hacia los manantiales de agua bendita para las y los huicholes.
Y sí, hay que reiterar con indignación hasta que todo México se entere y actúe: El gobierno entregó 22 concesiones mineras a la canadiense First Majestic Silver Corp en el área de Real de Catorce, a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. De las 6 mil 326.58 hectáreas que abarca la superficie concesionada a esta empresa, el 70% están dentro de la Reserva de Wirikuta. ¿Y las y los diputados y senadores?, calladitos.
Imagine que se concesionaran casi siete mil hectáreas del Camino de Santiago en España, o cerca del Muro de los lamentos de Jerusalén, para hacer minas a cielo abierto, que no solamente impedirían el paso que los miles de fieles recorren cada año, sino además, al abrir minas a cielo abierto contaminarían el manto acuífero de toda la región con cianuro, xantantos y metales pesados. Imagine que los expertos limnólogos advirtieran al gobierno que, de abrir las minas, poco a poco las cuencas hídricas quedarían secas dejando a toda la región, llena de viviendas, sin agua potable y contaminando los pastizales del ganado que se cría en la región montañosa de los alrededores. Eso es lo que está sucediendo en México y debemos detenerlo.
¿Dónde están los anuncios públicos que dicen “El gobierno del Presidente también concesionó la destrucción la zona de El Bernalejo, en la comunidad de Margaritas, a la minera canadiense West Timmins Mining”? A partir de su entrada, no se podrá cazar venado para alimentarse y se cerrará la ruta de peregrinaje religioso de miles de personas que desde hace centenares de años acuden a sus centros ceremoniales, justo como lo hacen quienes van a La Meca, a Lourdes, a Fátima, a Jerusalem y un centenar más de centros religiosos similares del globo, rodeados de comunidades que viven sus usos y costumbres alrededor de sus ritos sagrados…
Y vaya que la Comisión Nacional del Agua ya advirtió al presidente Calderón y su gabinete el peligro inminente de que la minera, por su tipo de explotación a cielo abierto para sacar oro, dejará en muy poco tiempo sin agua a toda la región, pues utiliza 100 millones de litros de agua al día; además de dañar una comarca denominada por el propio gobierno calderonista como Reserva y Zona de amortiguamiento para uso tradicional.
De una manera muy similar, los gobiernos de todo el mundo, incluido el mexicano, han hecho acuerdos con la Iglesia católica y recientemente con poderosos líderes de denominaciones cristianas, para concesionar zonas protegidas, donarles terrenos e incluso han hecho grandes donativos para la construcción de catedrales, iglesias y protección de zonas de aguas benditas o donde aparecieran, según la Iglesia, mantos y vírgenes milagrosas.
Desde el Vaticano hasta los millones de fieles, e incluso personas no fieles, afines a la diversidad y el respeto a los cultos religiosos de todas las denominaciones, hubiesen opinado y exigido cuentas. En México esto no está sucediendo con suficiente fuerza, porque seguimos sin comprender que una parte importante del pueblo mexicano, como las y los wixáricas o huicholes tiene tanto derecho como cualquiera que exija libertad de culto y respeto a sus sitios sagrados. Yo le pregunto al presidente Felipe Calderón: ¿Por qué su gobierno concesionó la destrucción, sequía y profanación de una zona tan importante para la Historia de México, que abarca a tres estados de la República? ¿Lo hubiera hecho igual con grupos cristianos o católicos? Conozco la respuesta, pero igual la planteo. ¿Por qué el racismo, el desprecio y la destrucción de una zona fértil, sagrada, amada y respetada por las y los mexicanos?
Y ya que estamos en ello, me gustaría saber qué harían las y los candidatos presidenciables ante semejante atropello ecológico, religioso e histórico.