El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la votación que se iba a realizar este 30 de octubre. Desde inicios de este año, son varias las luchas que ha dado la comunidad de Ibagué para lograr una consulta popular que les preguntaría a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio. Pero a pesar de que la iniciativa fue celebrada por muchos, pues se suponía que sería la primera vez que una ciudad capital realizaría este tipo de proceso, en el camino se han ido destapando todos los “vacíos” que existen para que se logre cumplir con lo que la Corte Constitucional ya ha advertido: los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.
El primer paso para llegar a la consulta, hoy suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, se dio en enero del 2016, cuando se supo que Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, radicó en el Concejo de la ciudad un proyecto para empezar el trámite de una consulta popular que frenara las operaciones de La Colosa.
Desde el comienzo, una de las mayores preocupaciones que ha tenido la comunidad es que la explotación que tiene planeada la minera Anglogold Ashanti y que comenzaría en el 2020, terminé por afectar el recurso hídrico de la cuenca del Río Coello.
“De ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio”, aseguró Jaramillo a El Espectador en ese momento.
Desde entonces ha sido solo espera. Hasta julio de este año, el Tribunal Administrativo del Tolima dio un veredicto positivo para que se realizará la consulta. No sin que antes varios funcionarios del Gobierno visitaran el Consejo de Ibagué para intentar disuadirlos de votar a favor de la consulta.
“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”, fue la pregunta que se proponía responder la consulta.
Y a pesar de que, por fin, parecía que los ibaguereños tenían vía libre para irse a las urnas, dos obstáculos más aparecieron: la primera fecha que se dio para realizar la votación – dos de octubre – fue aplazada porque coincidía con la fecha del plebiscito, y a sólo 17 días para que se realizará la consulta popular en la segunda fecha propuesta – 30 de octubre – el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la votación, mientras “se toma una decisión de fondo en la tutela presentada en contra del fallo del Tribunal Administrativo” que convocó a la votación.
Ante esto el Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), una de las organizaciones que han liderado la votación a favor del No a la minería en Ibagué, advirtió en un comunicado público que seguirán trabajando de para defender el territorio. Por esto, a pesar de que el 30 de octubre no se hará la votación, sí celebrarán un “carnaval por el agua y la vida”.
“La Consulta Popular de Ibagué no ha sido derogada por el Consejo de Estado, sino suspendida provisionalmente, argumentando que se requiere tiempo para resolver la tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello, vocero de la abstención y presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima”, se puede leer en el comunicado.
Para Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la “decisión del Consejo de Estado, paradójicamente, aunque dice proteger los derechos fundamentales, pone en riesgo los derechos fundamentales de la gente de Ibagué que iba a ser protegida con la consulta popular”.
Por su parte, en entrevista con Semana, Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, aclaró: “Nos parece muy extraño que justo ayer (el martes) saliera una decisión de la Corte Constitucional que define cómo los municipios tenemos derecho sobre el suelo, que no es solamente facultad de la nación, que podemos definir su uso, y al otro día paran una decisión tan importante para decidir sobre el uso de este territorio que es de vocación agrícola”.
Ahora los ibaguereños tendrán que volver a lo mismo: la espera. Pues mientras el Consejo de Estado analiza las tutelas contra la aprobación dada por el Tribunal Administrativo del Tolima puede que pasen meses.