La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación aprobó el proyecto de remediación ambiental en la ex mina de uranio de Los Gigantes, cuyos desechos tóxicos se filtraron en la década del ochenta a la cuenca del lago San Roque. La premisa de los trabajos será evitar cualquier tipo de derrame que pueda producirse sobre los afluentes del embalse y además se prohibió que el complejo sea utilizado como «un basural de desechos nucleares».
Según pudo conocerse, la remediación se llevará a cabo con la participación y la fiscalización de organismos independientes nacionales e internacionales y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Para ello, se impulsará nuevamente el Programa de Remediación de Material de Uranio (PRAMU) del gobierno nacional que se encontraba paralizado en los últimos años. El proyecto dispone además la prohibición expresa de autorizar futuras explotaciones en el lugar y/o trasladar residuos tóxicos al mismo, una de las demandas que tenían los vecinos de Punilla.
Las tareas servirán para encarar el encapsulamiento del material (cola del mineral) que ha quedado depositado en el lugar; forestar a los efectos de generar menor impacto ambiental, y al mismo tiempo evitar el derrame del material sobre los arroyos circundantes. La remediación se deberá llevar a cabo con la participación de organismos independientes nacionales y/o internacionales que están capacitados, a los efectos de controlar el tratamiento de los residuos radiactivos y no radiactivos del lugar y coordinador por el gobierno de la Provincia de Córdoba.
El complejo de Los Gigantes operó hasta el año 1990, se encuentra ubicado a 28 kilómetros de la localidad de Tanti y a 33 km de Villa Carlos Paz, en un valle que se encuentra circundado por los arroyos El Cajón, Cambuche, Malambo y Los Vallecitos, estos aportan sus caudales al río San Antonio, el cual, en su recorrido, atraviesa las localidades de Cuesta Blanca, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz. Los materiales depositados en ese lugar comprenden 2.400.000 toneladas de colas de mineral, 1.000.000 de toneladas de otros estériles y 600.000 toneladas de mineral marginal, productos residuales de la explotación y producción de concentrados de uranio, dicha labor estuvo a cargo de la firma Sánchez Granel Ingeniería S.A. a través de un contrato de concesión. La empresa que operó la mina solo tenía experiencia en el rubro de la construcción, y sus obreros, en tanto, trabajaron la mayor parte del tiempo adheridos a la UOCRA y no a AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina). En toda el área del predio existe una compleja red de drenaje que desemboca en los arroyos Cajón y Cambuche, que son afluentes del río San Antonio, en esta zona la precipitación es de más de 960 mm anuales con una evaporación de 1000 mm de acuerdo a mediciones de 1991 y 1997.