¿Cuáles son los signos vitales de la megaminería en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? Este es un tema que debe tratarse abordando otra pregunta que ayuda a guiar la discusión: ¿Cómo se transformó el territorio mexicano con la megaminería a partir de la apertura comercial?
Durante los 34 años del periodo neoliberal del sistema capitalista, la etapa en la que se presentó un punto de inflexión en la megaminería fue a partir de 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, que conllevó la privatización del territorio mexicano, expresado en incrementos acelerados de la superficie concesionada para la industria minera y de la inversión extranjera directa destinada a dicho sector, con incidencia directa en el agotamiento de los recursos naturales.
Este análisis se presenta como respuesta a la necesidad de ofrecer una contribución mexicana a las discusiones que, a nivel global, se tienen sobre las alternativas de transformación social que surgen desde los conflictos sobre la minería; y que además sirva como referencia empírica para la comparación internacional de resultados en otros estados nacionales con presencia de esta actividad empresarial: la megaminería.
El artículo se divide en tres partes, en la primera se analiza el comportamiento de la superficie del territorio mexicano concesionado a la industria minera, en la segunda el seguimiento a la inversión extranjera directa en la minería, y en la tercera se revisan los signos vitales de la megaminería en el marco del agotamiento de los recursos naturales.
Las concesiones mineras en el territorio mexicano
La megaminería a cielo abierto en México ha generado, durante el periodo 1982-2016, impactos sociales mediante el desplazamiento de las comunidades y la sobreexplotación del trabajo; así como afectaciones ambientales en los territorios donde se agotan los mantos acuíferos y se generan altos volúmenes de residuos sólidos. Por ello se sostiene que la megaminería a cargo del capital privado transnacional no ha generado desarrollo en las comunidades mexicanas donde está presente la extracción de metales preciosos.
La institucionalidad que brinda soporte a las empresas mineras de capital transnacional presentes en territorio mexicano es principalmente el gobierno federal de México que, mediante reformas al Artículo 27 de la Constitución y el Artículo 6 de la Ley Minera, ha facilitado la expropiación de tierras consideradas de utilidad pública para destinarlas a la extracción de minerales, por considerarse en términos legales como preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras. Mediante dichos mecanismos, el Estado mexicano ha subordinado sus decisiones en respuesta a la presión lobbística de la Cámara Minera de México, la Embajada de Canadá en México y el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá.
En México, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Minera, se otorgan concesiones mineras por un periodo de 50 años con derecho a prórroga por otros 50 años. De esta manera, la legislación minera vigente ha permitido, a mes de marzo de 2016, la privatización de 112’82 millones de hectáreas, el equivalente al 57’4% del territorio mexicano durante el periodo neoliberal del sistema capitalista (1982-2016). Durante estos años se observó una tendencia general de crecimiento pero, con el fin de realizar un análisis más riguroso, vemos que dicho espacio temporal se presenta en dos subperiodos: el tiempo previo al TLCAN (1982-1993) en el que se concesionaron 9’46 millones de hectáreas; y el periodo posterior, en el que fueron 103’36 millones de hectáreas de territorio las concesionadas a la industria minera durante los 23 años del TLCAN (1994-2016).
Tales cifras también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se concesionaron en promedio 0’78 millones de hectáreas por año, mientras que desde la irrupción del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se han concesionado 4’49 millones de hectáreas de suelo mexicano por año, es decir seis veces más (véase gráfica 1).
La dinámica del capital privado transnacional en la minería en México
Desde el Estado mexicano se ofrece un discurso pro-minería resaltando que la industria extractiva de la megaminería utiliza tecnología de vanguardia en sus procesos de exploración, explotación y beneficio de los minerales; que entre 2010 y 2016 México lleva seis años consecutivos posicionado en el primer lugar mundial de producción de plata; o que en 2013 México se ubicó como el séptimo productor de oro a nivel mundial. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, la inversión extranjera directa en minería captada en México durante el periodo 1982-2015 fue de un total de $24.118’8 millones (de dólares estadounidenses), equivalente al 4’7% de los $504.816’7 millones de inversión extranjera directa total captada en México durante el mismo periodo.
Al desagregar dicha información en dos subperiodos, previo y posterior al TLCAN, vemos que en la primera fase (1982-1993) se captaron únicamente $348 millones de inversión extranjera directa en minería, cifra que contrasta con los $23.770’8 millones que han entrado durante el periodo del TLCAN (1994-2015) (véase gráfica 2). Dichos datos también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se recibió un promedio de $29 millones por año y se obtuvo un 822’3% de incremento durante dicho periodo, equivalente al 68’5% de incremento anual. Mientras que en los 22 años del TLCAN se han recibido, en promedio anual, $1.080’5 millones y un 3.725’8% de incremento, equivalente al 169’3% de incremento promedio anual, es decir 2’5 veces más que en el periodo previo.
Agotamiento de los recursos naturales. México territorio de sacrificio en América del Norte
Al ir a fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros, se observa que la tendencia al saqueo de recursos naturales por parte de la megaminería irá en aumento en los próximos años. Esto se debe a que en esa lógica existen puntos de coincidencia entre la CAMIMEX, que representa los intereses del capital minero en México, y las instancias como ProMéxico, que desde el gobierno federal mexicano “se encarga del fortalecimiento de empresas transnacionales a través del cabildeo para la mayor cantidad de inversión extranjera directa en México, así como posicionar a empresas mexicanas en el mercado exterior” (ProMéxico, 2015).
Ambas instancias públicas y privadas se convirtieron en negociadores de primer orden con el objetivo de facilitar el control del territorio mexicano para beneficio de los empresarios que han invertido en la megaminería, y que ahora cuentan también con la protección del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico liderado por Carlos Pavón Campos.
Los datos sobre el agotamiento de recursos naturales, indican que el principal territorio de sacrificio en la región de América del Norte es México, que durante el periodo 1982-2014 tuvo un promedio anual acumulado de agotamiento de su riqueza natural del 4’8%; cifra que contrasta con el 2’6% de Canadá y el 0’9% de Estados Unidos para el mismo periodo. Otro aspecto sustantivo que se desprende de los datos de la gráfica anterior, es que durante el periodo 1982-1994 en los tres países se registró una tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.
Sin embargo, a partir del año 1994, con la entrada en vigor del TLCAN que implicó la apertura de los mercados y la privatización de los bienes comunes, se observó un punto de inflexión en la tendencia creciente de agotar los recursos naturales, algo que se dio en los tres países; aunque dicha tendencia de incremento se registró de manera asimétrica. Mientras que para el caso de Estados Unidos se trató de un aumento marginal, para el caso de Canadá, y sobre todo de México, el saqueo de materias primas fue más drástico. Otro elemento que se desprende es que a partir de la crisis de 2008, y de manera reciente cuando se produjo la caída del boom de las commodities, se observó una ligera tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.
A partir de los datos anteriores, se aprecia la necesidad de reflexionar colectivamente y diseñar una estrategia nacional frente a la megaminería en México, que ponga en el centro el desarrollo de las comunidades y los municipios con presencia de la industria extractiva y contaminante. Algo que debe trabajarse mediante una sinergia donde intervengan los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; los legisladores federales y locales; las universidades y centros de investigación; las organizaciones civiles ambientalistas; y las comunidades afectadas y los sindicatos mineros, tomando como parámetros de referencia lo que se está decidiendo en otras regiones del mundo y de América Latina en materia de distribución de la renta minera y de cargas fiscales por contaminación ambiental. Por ello, resultaría necesario promover una consulta pública nacional a la población mexicana para abordar el tema de la megaminería y el desarrollo, en línea con la que se hizo recientemente en Costa Rica. De esta manera, se conocería la opinión y la decisión de los mexicanos sobre estos asuntos de interés público nacional. Pero, además de ello, deberían emprenderse una serie de acciones colectivas, algunas de ellas ya en proceso:
1) Organizar un foro de análisis sobre megaminería. Dicho marco de debate y análisis se realizara en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión bajo el nombre “Megaminería: revisión de la legislación y distribución de la renta minera en el marco de una posible renegociación del TLCAN”. Deberían considerarse como puntos centrales del debate las propias concesiones mineras y el homologar los salarios de los trabajadores mineros de América del Norte, ya que actualmente por una jornada de ocho horas, en México, se percibe un salario de 20 dólares, mientras que un trabajador minero canadiense o estadounidense percibe un salario promedio de 40 dólares por hora.
2) Realizar una mesa de trabajo sobre la institucionalización del “impuesto de responsabilidad ambiental”, también llamado “impuesto ecológico estatal” en las entidades federativas con presencia de industrias extractivas y contaminantes, para discutir sobre el papel de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en la captación y aplicación de recursos públicos derivados del impuesto ecológico estatal y del reparto de la renta minera. Dicha mesa será organizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tomando como punto de partida el decreto gubernativo que implementó en 2017 de manera novedosa, en el Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de Zacatecas y Coordinador de la Comisión de Minería de la CONAGO; situación a tono con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, presentado en 2016, para revisar las fuentes de ingreso de los gobiernos subnacionales de América Latina.
3) A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en México, resulta necesario promover una reforma constitucional para incorporar los derechos de la naturaleza, como ocurre en el capítulo séptimo “Derechos de la naturaleza” en la Constitución del Ecuador; impulsado por instituciones académicas y organizaciones ambientalistas.
4) Promover reformas y adiciones a la Ley Minera, especialmente al Artículo 6 de dicha ley, para que la minería en México deje de ser una actividad pública preferente y otorgue la posibilidad para que, por leyes de carácter federal y estatal, la federación, los estados y los municipios con presencia de proyectos mineros puedan establecer contribuciones que graven estas actividades.
Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/el-saqueo-del-territorio-mexicano-la-megamineria-y-el-tlcan/