Un documento oficial del gobierno de Estados Unidos enviado por el ex embajador de ese país en El Salvador, Charles Glazer, remitido al Departamento de Estado en diciembre de 2007, es una nueva evidencia con la que la defensa de la República en conflicto con la empresa minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, busca que el tribunal de esa instancia del Banco Mundial reabra la decisión intermedia que tomó en junio de 2012 en este caso.
El documento desclasificado a finales de septiembre de este año, luego de la petición que hiciera meses atrás el bufete Foley Hoag, que se amparó en la Ley de Transparencia y Libertad de Información de EE.UU., llegó al bufete a mediados de la semana pasada y en seguida prepararon una nueva moción que ya introdujeron en el tribunal conformado por tres árbitros.
El abogado Luis Parada, coordinador del equipo de defensa de El Salvador, considera que esta nueva prueba evidencia que Pacific Rim ya estaba preparando el terreno para interponer la demanda contra el país mucho antes de lo que ha argumentó durante los alegatos todos estos años, pues ha dicho desconocer que existía un conflicto antes de 2008.
No obstante, en el cable con referencia CO5849485 ya desclasificado, se comprueba que el ex embajador Glazer informa a la entonces Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, jefa de la diplomacia estadounidense en el segundo término del expresidente George W. Bush, que había una preocupación en el sector de las empresas mineras ante los retrasos en las respuestas de los Ministerios de Medio Ambiente y de Economía de El Salvador a las solicitudes de explotación del recurso minero.
“Es un cable de la embajada de Estados Unidos en El Salvador dirigido a Washington, que tiene como título: “Las protestas de las compañías mineras sobre los retrasos en la otorgación de permisos ambientales”, específicamente trata sobre el caso de la empresa Pacific Rim y transmite que la empresa ya estaba considerando un arbitraje contra El Salvador”, explica el abogado Luis Parada.
El documento diplomático antecede en un año y medio la demanda registrada en el tribunal bajo el indicativo “Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12”, interpuesta a mediados de 2009.
Este experto en litigios internacionales enfatiza que mientras surgían esas gestiones a nivel diplomático en El Salvador, Pacific Rim transfirió el nombre de la compañía minera desde las Islas Caimán -jurisdicción de Gran Bretaña- hacia Estados Unidos para ampararse con los beneficios deTratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA por sus siglas en ingles.
Aunque el tribunal desestimó los reclamos bajo el tratado comercial, si dio el visto bueno para seguir al fondo del caso bajo el Capítulo 15 de laLey de Inversiones de El Salvador -derogado con una reforma a esa Ley en septiembre de 2013.
Así se llamó al juicio en la etapa de fondo que se desarrolló durante nueve días desde mediados de septiembre del año pasado, donde cada una de las partes expuso ante los jueces con el apoyo de peritos para demostrar la validez de sus reclamos.
Al cierre de esos alegatos, Luis Parada afirma que pidieron al tribunal considerar reabrir la decisión intermedia que emitió el tribunal dos años atrás, pues con el paso del tiempo se ha evidenciado las acciones de la empresa minera para violar los procesos arbitrales ante el organismo financiero que dirime estas querellas.
Otro de los datos que expone el ex embajador Glazer en el cable diplomático es que las inversiones hechas por Pacific Rim para los permisos de exploración suman un poco más de $30 millones de dólares y que las inversiones a futuro que piensa hacer la compañía, entonces capital canadiense, rondaría los $100 millones de dólares.
Esas cifras también fueron sobrevaloradas en la demanda inicial. Pacific Rim argumentó en el juicio que con las inversiones que proyectaba hacer esperaba obtener unos $301 millones de dólares del oro y plata que extraería de los yacimientos de metales preciosos descubiertos en la zona de El Dorado, el departamento de Cabañas.
Pero al final del juicio la empresa minera bajo la cuantía del reclamo a $250 millones de dólares, que es la estimación que mantiene el tribunal en la sentencia que ha esperado más de un año y por la que hay mucha incertidumbre en las partes que esperan el veredicto.
Moción sin precedentes
Esta nueva moción dirigido al tribunal conformado por los jueces, V. Vender, británico que funge como presidente; Brigitte Stern, de Francia, y Guido Santiago Tawil, de Argentina, escogidos por cada una de las partes, es una acción sin precedentes para revalorar una decisión ya tomada.
El abogado Luis Parada considera que si bien la defensa no ve cómo El Salvador no podría ganar este caso, cierran todos los espacios y esperan que los árbitros tengan el valor de reabrir una decisión para que quede evidencia en litigios futuros en el CIADI sobre acciones premeditadas de un demandante para violar los procesos arbitrales.
“No es un argumento nuevo, es algo que ya quedó a nuestro modo de ver comprobado que Pacific Rim le mintió al tribunal, la fuerza de nuestra petición pidiendo que reabriera la decisión sobre la jurisdicción es para ver que Pacific Rim abuso del proceso arbitral al haber cambiado la nacionalidad a su subsidiaria de papel cuando ya sabía que había una disputa con El Salvador, esto puede ayudar al tribunal a reabrir la decisión anterior que ya estaba tomada, así como una decisión de otorgarle a El Salvador los costos del arbitraje que ascienden a $12.7 millones de dólares”, comento Parada.
Al cierre de esta nota, el tribunal CIADI no se ha pronunciado si acepta o no la solicitud hecha por la defensa argumentada con la nueva documentación facilitada por el Departamento de Estado. La empresa demandante es sabedora de esta gestión y está obligada a presentar un escrito para rebatir ese punto ante los jueces.
Pacific Rim, otrora empresa canadiense, se fue a quiebra a finales de 2013 y tanto la marca como sus activos fueron comprados por la transnacional Oceana Gold, de Australia, que ahora es quien dirige los reclamos contra el país ante el CIADI y la que trabaja en El Salvador para conseguir adeptos a la minería en la zona paracentral del país.