Un tribunal internacional decidió finalizar el litigo legal en que se encontraba el Estado salvadoreño tras la demanda por $100 millones por parte de una empresa minera que recibió permisos de administraciones anteriores para exploración, los cuales con el tiempo fueron revocados.
El país no pagará los $100 millones que exigía la empresa minera Commerce Group como indemnización por la revocación de los permisos ambientales para la exploración de la minería metálica en el país. La empresa se ampara en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El fiscal general de la República, Luis Martínez dijo este lunes que la semana pasada fue comunicada la decisión por el Secretario General del Centro de Arreglos de Diferencias (CIADI) con sede en el Banco Mundial, Washington.
“El tribunal que conoce del arbitraje iniciado por la empresa minera Commerce Group en contra de El Salvador ha decidido dar por terminado a favor de El Salvador, eximiendo del pago de cien millones de dólares que la empresa minera demandaba”, confirmó el funcionario.
Según se comunicó, el CIADI tomó la decisión de finalizar el arbitraje, no por el reconocimiento de los peligros contaminantes y destructivos de la industria minera, sino porque la empresa no contaba con los recursos financieros necesarios para continuar con el litigio.
El fiscal general dijo esperar que el tribunal internacional condene a la empresa al pago de las costas procesales, que ascienden a 1.4 millones de dólares, $800.000 en la primera instancia y $600.000 en la segunda.
Martínez se mostro satisfecho con la resolución, el país “se agencia una victoria legal más de carácter internacional muy importante para el beneficio de la población salvadoreña y en especial de las comunidades más vulnerables”, afirmó.
La demanda presentada por esta empresa minera ya había sido ganada en primera instancia a favor de El Salvador en marzo del año 2011.
Sin embargo, el 11 de julio del mismo año, la empresa minera interpuso un recurso de nulidad de la sentencia en donde se eximía al país del pago multimillonario.
Este es uno de los dos arbitrajes en los que El Salvador ha sido demandado bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La otra batalla legal es con la empresa Pacific Rim que ha demandado al Estado por $315 millones, proceso que podría tardar dos años más.
El litigio entre la multinacional y el Estado data de 2009, fecha en la que se suspendieron las licencias de exploración que habían sido autorizadas en 2002, durante la presidencia de Francisco Flores