El Gobierno quiere que la minería a gran escala termine de arrancar en el país y tomó tres decisiones a finales del año pasado para destrabar los proyectos estratégicos que están en carpeta desde el 2010 y que aún no han comenzado a producir. En esta lista están Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha) y Panantza-San Carlos, que han tenido avances limitados según reconocen las mismas autoridades del sector.
La primera decisión del Régimen fue autorizar a Kinross el traspaso de las concesiones mineras del proyecto Fruta del Norte a la firma sueco-canadiense Lundin Gold, la cual tiene 18 meses para actualizar los estudios de factibilidad.
Luego se negociará el contrato para poner en producción un yacimiento de oro con 6,8 millones de onzas de oro en reservas, valoradas en USD 8 000 millones al precio actual.
Una segunda decisión del Ejecutivo fue expedir un reglamento que regula el cálculo del Impuesto a las Ganancias Extraordinarias (por el aumento en el precio de los metales) y el Ajuste Soberano (participación del Estado en más del 50% de la renta minera).
Con fórmulas de cálculo específicas, las empresas ya pueden hacer números antes de realizar una inversión, algo que también mantenía en ‘stand by’ las decisiones de inversión.
Finalmente, con la entrada en vigencia de la Ley de Incentivos a la Producción los últimos días de diciembre, además de brindar estabilidad tributaria a las empresas se regula la participación de compañías que tienen accionistas o su casa matriz en paraísos fiscales.Estas empresas pagarán 25% de Impuesto a la Renta mientras el resto cancelará el 22%, con lo cual se destrabará el proyecto de oro Río Blanco, a cargo de la compañía china Junefield, señaló el viceministro de Minería, Javier Córdova.
Junefield tiene su casa matriz en Hong Kong y la Ley de Minería prohíbe que una empresa domiciliada en un paraíso fiscal tenga concesiones mineras, indicó Córdova. Sin embargo, la Ley de Incentivos a la Producción tiene carácter de orgánica y la de Minería se “ajustará” al texto de mayor jerarquía, con lo cual puede avanzar el proyecto Río Blanco, dijo.
Otro proyecto en la mira oficial es Mirador, a cargo de Ecuacorriente. Se trata de la única minera que tiene un contrato suscrito con el Estado para la explotación de cobre a gran escala.El contrato se firmó en marzo del 2012 y la empresa china entregó USD 70 millones de regalías anticipadas, pero aún no produce. Este Diario pidió información sobre el avance del proyecto a Ecuacorriente desde hace cuatro semanas, pero no tuvo respuesta.
Córdova señaló que se ha resuelto un problema de servidumbres o tierras que debían pasar de los moradores del sector a la empresa para el desarrollo del proyecto. “Espero que en las próximas semanas estén todas (las servidumbres) entregadas”, afirmó.
Añadió que con ello se espera que este año arranque la construcción de la mina y de otras obras para que la extracción de concentrado de cobre empiece entre finales del 2016 y principios del 2017.
Ecuacorriente también está a cargo de Panantza-San Carlos, un proyecto de cobre en Morona, cuyo campamento está invadido desde hace más de siete años por alrededor de 20 activistas antimineros.
Córdova señaló que se ha entablado un diálogo con este grupo, pero que el “proyecto no puede seguir parado y debe avanzar”. Finalmente, indicó que entablará una reunión con la empresa INV para avanzar con el proceso de evaluación económica del proyecto Loma Larga (Quimsacocha) y una negociación del contrato de explotación.
También el Ejecutivo está evaluando la creación del Ministerio de Minas en este año. “Creo que es importante crearlo y darle vida propia y no tenerlo atado al tema petrolero porque son dos actividades distintas. Pero la decisión será del presidente.”, dijo Córdova.
El presidente de Lundin Gold en Ecuador, Ron Hochstein, indicó en semanas pasadas a este Diario que en este mes retomarán los trabajos en el campamento de Fruta del Norte y en las oficinas de la empresa en Quito con un personal de alrededor de 40 empleados.
Se espera que en junio del 2016 se tengan resultados de la actualización de los estudios de factibilidad del proyecto
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