Organizaciones de Bariloche judicializarán la lucha contra el cianuro. La legisladora del ARI, Magdalena Odarda, explicó que llevarán a la Justicia el reclamo contra la autorización de uso de cianuro en la minería. Además, entre hoy y el lunes, presentará un proyecto de Ley para «regresar a la normativa anterior», que prohibía esa «práctica contaminante».
La iniciativa contempla la protección del agua subterránea que se pretende usar para la explotación minera. La acción legal que iniciarán las asociaciones ambientalistas, reclamará la declaración de incostitucionalidad de la Ley aprobada el 29 de diciembre.
La Legisladora provincial (CC ARI), Magdalena Odarda, de extensa militancia en la protección del medioambiente y los recursos naturales, confió que «las organizaciones ambientalistas de Bariloche, iniciarán acciones legales» para evitar que se aplique la Ley que permite el uso de cianuro en la minería. En un mismo sentido, reveló que respaldará «el proceso en todas sus aristas».
Por otra parte, la parlamentaria confirmó que entre hoy y el lunes, presentará un proyecto de Ley retrotrayendo la normativa de la provincia de Río Negro en relación a su política minera, para impedir que la actividad extractiva incluya la autorización de uso de cianuro y mercurio, tal como fue aprobado por la Legislatura el pasado 29 de diciembre.
Odarda explicó que la iniciativa es superadora de la presentada por el legislador Claudio Lueiro, porque «contemplará la restricción del uso de agua subterránea en la región». La iniciativa contó con el asesoramiento de organizaciones ecologistas de Bariloche -entre ellas Árbol de Pie- y los colaboradores del proyecto son el secretario del Bloque ARI, Darío Rodríguez Duch, y la ambientalista Claudia Rivero.
Odarda recordó que, oportunamente, desde el Boloque ARI pidieron un informe a la Dirección de Minería de la Río Negro, del que se desprendió que «hay más de 37 proyectos mineros en proceso de exploración», aunque, según sostuvo, «seguramente ese número se ha incrementado en el último tiempo».
Las acciones legales que iniciarán las organizaciones ambientalistas de Bariloche -con el apoyo de la legisladora arista- se constituirán bajo la figura de «inconstitucionalidad» de la Ley vigente -pro cianuro- , que derogó la normativa que prohibía el uso de cianuro -Nº 3981- en la minería a cielo abierto.
El marco lo otorgará la Ley Nacional Ambiental -Nº 25675- que impide la regresividad sobre los avances en temas ambientales. Es decir, que se estaría apelando a la figura de «violación de principio de Progresividad», definido en el artículo 4 de la mencionada ley, que especifica: «Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos».
Según la interpretación de los juristas «… la progresividad implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada vez mayor, sobre todo a la sazón de las reglas derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN). Dicho principio se enmarca en la no regresividad contenido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC)».
Por su parte, el secretario del Bloque ARI, y representante legal de las asociaciones ambientalistas de Bariloche, Darío Rodríguez Duch, reveló, en diálogo con ANB, que la estrategia legal, abarca tres puntos fundamentales: el primero relacionado a «una serie de Ordenanzas que se implementarían en cada ciudad y pueblo», para accionar de manera local. Un segundo trazo, que tiene que ver con las comunidades indígenas afectadas, quienes por normativas internacionales, «deben poder elegir la forma de desarrollarse -económicamente- y no fueron consultados», según lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Y en tercer lugar, se apelará al mencionado proyecto de Ley que presentará el Bloque en la Legislatura, en el que se contempla «impedir el uso de agua subterránea», lo que lograría que las empresas mineras «deban obtener ese recurso desde mayores distancias», por lo cual «el negocio ya no sería tan rentable».