Sólo se olían gases lacrimógenos. Sólo se veían manifestantes enfurecidos lanzando piedras contra la Policía y a la Policía enfurecida haciendo resistencia. Gritos, llanto, un sol intenso y un disparo, un único disparo y un único muerto: Félix Manuel Mendoza, 44 años, taxista, simple observador de la protesta que se libraba en La Jagua de Ibirico, Cesar -el segundo municipio productor de carbón en Colombia-.
El hombre cayó al suelo y el pueblo enardeció. Hostigaron a los uniformados. Les arrebataron las armas. Amenazaron con mantenerlos retenidos hasta que fueran escuchadas sus exigencias. Pedían que nos pavimentaran la carretera principal, que nos solucionaran los problemas de contaminación que nos habían traído las minas, que nos descongelaran las regalías, cuenta Álvaro Castro, concejal. Era febrero de 2007.
De aquí no nos movemos hasta que venga el presidente Álvaro Uribe, gritaba alguien y la multitud repetía la consigna también a gritos. Al cuarto día llegó el Presidente. Prometió invertir en salud, medio ambiente y carreteras. La turba se disipó y La Jagua de Ibirico volvió a su realidad: ser el municipio más rico del Cesar, recibir regalías por miles de millones al año -en 2009 fueron $85 mil millones, el 21% de lo que recibió todo el departamento-, y no poseer ni acueducto ni alcantarillado, no gozar con cobertura plena en educación y salud, y tener por lo menos cinco ex alcaldes con problemas judiciales (ver nota anexa).
¿Cierto que en Bogotá tienen agua las 24 horas?, pregunta el concejal Castro. ¿Dónde están los más de $400 mil millones que han recibido en regalías desde 1995, según cuentas de la Alcaldía?, se preguntaría cualquiera, se pregunta el Gobierno que presentó un proyecto de ley para reestructurar la entrega de estos recursos: ya no les corresponderán sólo a los municipios con producción minera, sino que beneficiarán a todo el país, especialmente a los más pobres.
Está húmedo. Desde hace dos semanas, religiosamente, ha llovido cada día. Los 30°C promedio de temperatura y la lluvia incesante provocaron esta humedad de la que se queja Eliana Zuleta, coordinadora de los comedores escolares. La carretera principal, ésta por donde vamos, se llama Félix Manuel Mendoza, en honor a un habitante del pueblo que murió aquí en una revuelta de 2007, dice la señora Zuleta y empieza a reconstruir esos cuatro días de febrero, imborrables para cualquiera en La Jagua. Estábamos cansados de la contaminación, de los niños enfermos de neumonía, del mal estado de la avenida. Empezaron los disturbios. Los gases lacrimógenos se metieron hasta en las casas. Yo vi cuando el señor Félix se derrumbó. ¿Quién lo mató? A estas alturas no sé sabe quién disparó.
La Jagua luce como un pueblo apenas en construcción. Montañas de arena y gravilla en las aceras. Casas sin revocar, sin puertas ni ventanas ni techo. Obreros alzando bultos y canecas rebosadas con material. La mayoría de construcciones que usted ve sin terminar son de los trabajadores de las minas que con lo que ganan, de a poquitos, van construyendo su propia casa, dice Zuleta. A cada paso saluda a un conocido. Cómo siguió el niño. No va a parar de llover. Lanza cualquier comentario y continúa el camino. ¿Quiere conocer cuáles son los elefantes blancos del pueblo? ¿En los que se han robado las regalías? Venga le muestro.
Llega a la Casa de la Cultura. La que iba a ser la Casa de la Cultura: una mole enorme, en obra negra, carcomida por la maleza y la humedad. Está ahí, inútil, cayéndose, por lo menos hace ocho años, desde que el alcalde de turno fue encarcelado. Los alcaldes aquí no duraban ni un año. Se los llevaban presos porque decían que malgastaban la plata de las regalías. La verdad es que con ese dinero se quedaban casi siempre los paramilitares. Si los alcaldes no les daban la plata los mataban. Se cobraron muchos contratos ficticios, quedaron muchas obras inconclusas. Como ésta. Esta casa inservible de tres pisos que hoy vigila un hombre de gorra y uniforme azul. Esta casa que tiene el acceso restringido. Restringido para los niños que acaban de arribar en busca de una pista donde bailar hip-hop o break-dance, y para el grupo musical que vendrá más tarde con un acordeón y una trompeta. El ensayo será en la calle.
En La Jagua se hizo famosa la Porra. Con la famosa Porra llegaban hombres uniformados y armados -paramilitares, de eso no hay duda, dice Eliana Zuleta- y demolían la puerta de la casa del que ellos consideraban colaborador de la guerrilla, del que tenía plata, del que les debía, del que querían. Un solo golpe. La puerta al piso. Y las mujeres a gritar como desesperadas y los hombres de uniforme a amenazar o a matar como enfermos. Eso fue entre el 97 y el 98. Ya nosotros sabíamos lo que eran los grupos armados porque siempre habían estado en La Jagua. Primero fue la guerrilla del Eln, el frente Manuel Martínez Quiroz. Luego la guerrilla de las Farc, ¿el frente 37 o el 41?, se pregunta el concejal Álvaro Castro.
Asegura que fueron quinientos los muertos que dejó la última guerra. Murieron campesinos. Murieron concejales. Profesores. Líderes. Amas de casa. Murieron quinientos y se perdieron miles de millones en la última guerra. Eso dice el concejal Castro y dice también que La Jagua de Ibirico era el banco de las Autodefensas. Su botín.
No le miento cuando le digo que encañonaban a los alcaldes y les decían «usted tiene que darnos una cuota mensual de tanto». Los alcaldes cedían a esas presiones. Y eso se combinaba con corrupción. Aquí hay cosas muy delicadas: contratación indebida, robo, alcaldes encarcelados y también, hay que decirlo, complicidad de empleados del Gobierno. Así explica Castro el desfalco histórico de las regalías en La Jagua. Y en esa tesis coincidirá también el personero, Héctor Mendoza, hijo de Félix Manuel Mendoza, el único hombre que murió en la rebelión de febrero de 2007.
En la memoria de La Jagua de Ibirico hay un año -1998- y el nombre de una alcaldesa -Ana Alicia Quiroz-, con los que se empieza a escribir la historia reciente del desangre de las regalías del municipio. En el caso de la alcaldesa Quiroz hubo denuncias por corrupción. Hubo investigaciones por delitos relacionados con irregularidades en contratación y despilfarro de dinero público. Hubo destitución. Y a partir de ahí la historia se volvió a repetir. Una y cuatro veces. Cuatro alcaldes con problemas judiciales por los motivos similares: Hernando Díaz, Ósman Mojica, Édinson Lima y Laureano Rincón.
Edinson Lima: alcalde de la Jagua entre agosto de 2005 y febrero de 2006, recluido en la cárcel de Valledupar, tres condenas. Atiende una llamada de El Espectador desde la prisión. Defiende los contratos que se firmaron en su administración -entre otros, uno para aprovisionar el cuerpo de bomberos, y uno más para ensanchar la tubería del alcantarillado-. Advierte que de grupos armados, de paramilitares, no habla. Es reserva del sumario. Sólo dice, enfático, que el país sabe lo que pasó en el departamento del Cesar con esos grupos.
De esos grupos sí habla Héctor Mendoza, el personero. Eran ellos quienes querían manejar los recursos. Las presiones y las amenazas eran recurrentes: «Usted, o trabaja con nosotros o lo matamos. Si renuncia matamos a su familia; ya sabemos quiénes son y dónde están». A eso se suma que los alcaldes no eran buenos administradores y que la dirigencia política departamental también está metida. Sólo le interesa sustraer los recursos para sus beneficios. Familias ‘prestantes’ que se valen de la política para incidir en las contrataciones.
Todas las desgracias del pueblo más rico del Cesar convergieron por esos años. Muerte. Amenazas. Corrupción. Contaminación. Pobreza. En 2007 llegó la hora de la rebelión. Nos reuníamos por las noches a planear cómo nos íbamos a manifestar: jóvenes, docentes, profesionales, líderes. A las 12:00 m. del 10 de febrero unas 500 personas nos plantamos en la carretera principal (concejal Álvaro Castro). Fue llamada la gran huelga. La gente no tenía oportunidades de trabajo en las minas, que eran las mismas causantes del impacto ambiental y de las enfermedades. El único camino que le quedaba a la comunidad era alzarse en contra del Gobierno. Empiezan las confrontaciones con la Fuerza Pública y ahí dan muerte al señor Félix, mi padre. (personero Mendoza).
Al costado derecho de la Avenida Félix Manuel Mendoza, internándose cerca de dos cuadras en el barrio 17 de Febrero, está el Centro Recreativo La Jagua. Una zona verde enorme con cuatro piscinas, una barra para la venta de bebidas y alimentos, un techo azul y vistoso, y espacios libres para improvisar canchas de fútbol. El diseño arquitectónico es ostentoso, llamativo. Sobre todo porque las piscinas ahora son pozos de aguas negras. Y la edificación está oxidada, recubierta por maleza, a punto de desplomarse.
Jáider Ayala, 12 años, pies descalzos, camiseta verde, está arrastrando una carreta justo al frente del centro recreativo que no fue. Se detiene. Hace un gesto de desagrado. Dice que por allí, entre el pastizal crecido y los pantanos que se han formado en estos días de lluvia persistente, vio alguna vez una culebra. También hay sapos, escuche. Se queda en silencio y se concentra en el sonsonete de los sapos. Se está haciendo de noche.
A las 7:15 a.m., en el Colegio José Guillermo Castro de La Jagua de Ibirico, un grupo de niños juegan fútbol vistiendo el uniforme de gala. Un corrillo de cinco o seis compra empanadas a la entrada, se ríe, no parece dispuesto a entrar. Al mismo tiempo Heberth Parodi Pontón, coordinador académico y de disciplina, deambula por los pasillos.
¿Cuánto han invertido en este colegio? No sé. La gente dice que son como $5 mil millones. Y esas inversiones no se ven. Todas las ventanas de vidrio se han caído. Las tejas que ve en ese túnel, las pusieron al revés, por eso toda el agua está estancada. En los gobiernos anteriores parece que se hubiera desaparecido la plata, dice el señor Parodi Ponton, con un tono serio, cortante. Bienvenidos al Colegio José Guillermo Castro, otro elefante blanco de La Jagua.
Eso que ve allí (una casa cubierta por arbustos, sin techo, con la estética de ruinas que caracteriza al municipio) iba a ser un restaurante. Y esas de allá eran 20 aulas que quedaron comenzadas. Todas esas graderías que ve al fondo, deberían tener techo. En cual dirección que mire, en cualquier punto que señale el coordinador Parodi, habrá una obra negra.
La misma suerte, quizá peor, tuvieron varias instituciones educativas de La Jagua. Se evaporó el dinero mientras les prometían restaurantes, canchas, auditorios, aulas dignas a los niños. Hoy, en la zona urbana, hay ocho colegios en construcción que estarán listos antes del primer semestre del próximo año, dice con toda convicción el actual alcalde Alfonso Palacio Niño. Dice también que entre marzo y abril de 2011 estará listo el acueducto de la zona urbana.
En La Jagua el pueblo le cree a Palacio. Ya vivimos tranquilos. Antes, por ahí a las 7:00 p.m., empezaban a rondar unas motos y ya sabíamos que teníamos que encerrarnos. Nos íbamos a dormir con miedo (Eliana Zuleta, coordinadora de los comedores escolares). Este Alcalde se le paró en la raya a los violentos y el presidente Uribe le metió la mano a la seguridad (concejal Castro). Este Alcalde tiene carácter, se ha rodeado de mejores asesores, y eso coincidió con la política de desmovilización y seguridad democrática de Uribe (personero Héctor Mendoza).
Hoy, un martes de septiembre en La Jagua, a las 7:00 p.m., suena música en las tiendas que rodean el parque central. Se juega un partido de fútbol a oscuras en la mitad de la plaza. Hay un aire húmedo y caluroso. Se siente paz, coincide el pueblo. Coincide también en que la solución no es que los priven de las regalías, al fin y al cabo -suelen decir- de alguna manera tienen que retribuirnos la contaminación y las enfermedades que nos han ocasinado las minas (Personero).
El Alcalde denuncia que les ha faltado apoyo de la Dirección Nacional de Regalías para sacar adelante proyectos. Sí es cierto que ha habido irregularidades en el manejo de los recursos para la educación, la salud, el agua, la pavimentación de las calles; es cierto que hubo desorden administrativo, pero eso no justifica que tengan congelados los recursos ni que se demoren tanto aprobándonos los proyecto, ahora que queremos hacer las cosas bien.
Habla el alcalde Alfonso Palacio Niño. Elegido en octubre de 2007 con 5.175 votos. Citado el pasado 12 de agosto por la Fiscalía Seccional de Valledupar para una audiencia de imputación de cargos. El mandatario es investigado por un peculado por apropiación en la declaratoria de una urgencia manifiesta en su localidad, que le permitió hacer un contrato por $75 millones que según el ente investigador presenta graves irregularidades, informó la página de internet de El País Vallenato. Para el próximo 22 de septiembre está programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. El Alcalde ha insistido en su inocencia y la expectativa se centra en la suerte que tendrá en medio de la tan sonada audiencia, remata la nota periodística.
El prontuario de ex alcaldes de La Jagua de Ibirico
Ana Alicia Quiroz Martínez
Según información de la Fiscalía General de la Nación, Ana Alicia Quiroz Martínez tiene seis condenas proferidas entre 2003 y 2009 por el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar. Dos por peculado por apropiación, dos por falsedad ideológica en documento público y dos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Hernando Enrique Díaz
En primera instancia fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná a 132 meses de prisión por peculado por apropiación. La condena se profirió el 4 julio de 2006.
Édinson Fidel Lima Daza
En una decisión del 11 de julio de 2008 fue condenado a 156 meses por peculado por apropiación. El 28 de septiembre de 2009 se le impuso una condena de cuatro años por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Y otra del 23 de abril de 2010 por peculado y celebración indebida de contratos, de 72 meses.
Osman Enrique Mojica C.
En su expediente judicial pesan tres medidas de aseguramiento por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y una resolución de acusación por peculado por apropiación. Tiene una condena del Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná de cuatro años por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y una más de 15 meses por peculado culposo.
Laureano Rincón
Los pobladores de La Jagua de Ibirico y funcionarios públicos coinciden en que no hay noticias del paradero de Rincón desde que fue suspendido en mayo de 2007 de la Alcaldía. Al parecer tendría líos judiciales similares a los de sus antecesores. Sin embargo, la Fiscalía no entregó información al respecto.