La investigadora Helena Durán asegura que el Estado debe garantizar que la voluntad popular se cumpla
Es la primera vez que Cajamarca, un pueblo colombiano de 20.000 habitantes, ocupa tantos titulares de prensa. A pesar de ser considerada la “despensa agrícola” nacional, solo hasta que sus habitantes se levantaron contra la explotación minera, el país volteó a mirar hacia ese territorio. El triunfo del ‘no’ (6.165 votos contra 76) en una consulta popular, en rechazo hacia un gigantesco y ambicioso proyecto para extraer 28 millones de onzas de oro, lo convirtió en un ejemplo. Por la vía participativa lograron lo que parecía imposible: hacer temblar varios trabajos que en ese sentido se desarrollan a lo largo y ancho del territorio colombiano. El resultado de la consulta afectaría, por ahora, los planes de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos.
Sin embargo, para que la victoria de los ambientalistas, que contaron con el apoyo de académicos, juristas y estudiantes, pase de las urnas a la realidad, se necesita compromiso del Estado, asegura Helena Durán, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia. El temor del comité ambiental de la región es evidente y sus voceros advierten que la lucha para que se respete su decisión,
manifestada democráticamente, se mantendrá firme.
PREGUNTA: ¿Qué alcance tiene la victoria de quienes se oponen a la explotación minera en Cajamarca?
RESPUESTA: Este es un hito para la política minera y la democracia de todo el país. El solo hecho de que haya sido posible hacer la consulta es importante porque finalmente se le da voz a la comunidad que recibe el impacto de ese tipo de proyectos. Este es un ejemplo porque se hizo de forma legítima. Debe ser un gran paso.
P. Según los resultados de la consulta ¿qué se supone que debe pasar ahora?
R. El Concejo municipal debe expedir un acuerdo en el que se diga que se prohíbe la minería y más adelante esto debe ser incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo ideal sería que renunciaran a los títulos mineros y que, en caso de que no lo hagan y soliciten la licencia, se le negara.
P. El gobierno y la compañía alegan que la decisión no es retroactiva y ellos llevan años haciendo las exploraciones…
R. Ellos (la compañía) no tienen un derecho adquirido porque siguen estando sujetos a la licencia ambiental. Hasta ahora lo que existe es una expectativa de explotación. El gobierno ha insinuado que se deben respetar los procesos que están en curso, pero para ello se basa en una sentencia del Consejo de Estado que es de primera instancia y que es resultado de una tutela; es decir, que se refiere a un caso particular (que no es este).
P. ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado?
R. Respetar la decisión y no desconocer que es vinculante, que pare de otorgar títulos mineros y en los que ya se concedieron que revisen y se analice cuál es su situación jurídica a futuro. Deben negar las licencias conforme a la obligatoriedad de la decisión de la consulta popular y además porque esto muestra que no hay licencia social, que ya se manifestó con un no.
P. Los promotores de la consulta dicen que seguirán luchando hasta que se respete su decisión, ¿qué caminos tienen para lograrlo?
R. Existen varias sentencias de la Corte Constitucional (máximo tribunal) que dicen que la protección del medio ambiente debe estar por encima de cualquier expectativa que se tenga sobre explotación minera. Hay muchos caminos legales que podrían aplicarse para que se cumpla, dependerá de cómo actúa el gobierno.
P. El gobierno dice que la consulta no tiene la capacidad de cambiar la ley…
R. Y se trata de lo contrario, de respetar lo que dice la ley. Desde la Constitución de 1991 el propietario del subsuelo es el Estado, la Nación, el gobierno, las autoridades municipales, los municipios. También existe una ley de 1994 que dice que cuando haya proyectos mineros se deberá realizar una consulta.
P. ¿Qué podría pasar con otros proyectos mineros que se adelantan en el país?
R. Este precedente indica que se están haciendo las cosas de forma incorrecta. No se trata de estar en contra de la minería, pero sí se aboga por una en la que participe la comunidad. Desde antes de que se llegue a explorar se debería preguntar cuál es su opinión. Eso daría más seguridad jurídica a las empresas, al Estado. La participación de la comunidad es necesaria.
Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/28/colombia/1490668598_757127.html