Tomó estado parlamentario la iniciativa popular para que no se habilite la actividad minera metalìfera ni de radioacitivos en todas sus etapas y formas de explotación. Llega a la legislatura luego de cumplir todos los requisitos constitucionales y legales que verificó el Tribunal Electoral de Rawson.
En Legislatura tomó estado parlamentario y pasó a comisión el proyecto de ley de iniciativa popular que reunió trece mil siete firmas, para oponerse a la explotación minera en la provincia. La iniciativa popular contra la megaminería fue impulsada por asambleas y foros socio ambientales nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut y es la primera que se realiza desde que ese derecho fue incluido en la Constitución de la provincia en 1994.
Por otro lado, el sector minero. con sus directivos muy preocupados por la fortaleza y el acompañamiento de la sociedad hacia la iniciativa, hicieron mover al intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, que fue hasta la legislatura y pidió a los jefes de bloques y al vicegobernador Gustavo Mac Karthy que abran el debate y permitan el desarrollo de proyectos mineros en la meseta central.
Algunos sectores políticos y empresarios pretenden colocar en un mismo plano de valor institucional y político al proyecto de ley presentado mediante el mecanismo constitucional de democracia semi directa de Iniciativa Popular y la campaña pro minera de algunos intendentes y funcionarios que las mineras les exigen.
Diputado impresentable ante iniciativa popular impecable
El diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Reyes, cuestionó la legalidad de la iniciativa y pidió que el proyecto sea remitido al Tribunal Electoral porque «no se cumplieron con todos los procedimientos administrativos legales para que este proyecto de iniciativa popular ingrese».
«Remiten a través de un acta el proyecto y me llama la atención que los hombres que integran el Tribunal son abogados y las dos diputadas de la casa –Raquel Di Perna y María José Llanes-, también deberían conocer las leyes. Sin embargo, no tomaron en cuenta la ley que reglamenta el proceso de recolección de firmas sobre la democracia semidirecta».
Afirmó el comodorense que «es un acta simple de quince renglones donde no figuran ni documentos siendo que estamos hablando de una iniciativa popular». Los antimineros presentes en la sesión abuchearon al legislador oficialista.
El diputado de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso, señaló que «es un tema lo suficientemente complejo y difícil que debería tratarse con un escrito amplio. Todos deberíamos recibir con beneplácito esta iniciativa popular que busca abrir el debate. Los que están en contra del debate son los que están a favor del Gobierno – en alusión a Reyes-, el Ejecutivo es pro minero porque hubo un proyecto que recorrió la meseta aunque no se debatió en el recinto». Declaró que «hay un enorme sector de la provincia que quiere la discusión».
«Lo primero que debe hacer el Estado es una posición objetiva que le da a la sociedad la posibilidad de elegir: hacer estudios ambientales y socioeconómicos. Lo que no debe hacer el Estado es oscurecer el tema y es lo que hace al no permitir la discusión. Yo creo que es el momento para dar el debate», aseveró.
Reyes salió a responder que «el debate hay que darlo» y añadió que lo inició el Gobierno Provincial en 2012 con el marco regulatorio hidrocarburífero y minero. «Si no pienso como opinan ellos –por los asambleístas- soy de todo e incluso fueron al agravio físico. Muchos de ellos son docentes y son intransigentes». Aseguró no desmerecer la iniciativa popular, «sólo debe ingresar respetando todas las leyes».
El diputado Javier Sotomayor pidió un cuarto intermedio pero no fue aprobado porque obtuvo solo ocho votos: los de los diputados del PJ y los del sector del FPV oficialista, aunque llamó la atención el voto negativo de la presidenta Argentina Martínez. El proyecto tiene como plazo máximo seis meses para ser discutido en las comisiones.