19 de enero de 2011.
Mario Alejandro Valencia
A propósito del creciente interés que a nivel nacional viene despertando el proyecto minero de Angostura, en el páramo de Santurbán, vale la pena explicar algunos detalles que sirven como argumentación para frenarlo.
No se está ante cualquier proyecto minero. El páramo de Santurbán es un ecosistema diverso que produce y regula la oferta hídrica para más de 2 millones de seres humanos de las áreas urbanas de Bucaramanga y Cúcuta, y 21 municipios más en los departamentos de Santander y Norte de Santander, según lo expresa la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. Además, es el hábitat de 457 especies de plantas, 17 de anfibios, igual número de especies de reptiles, 201 de aves y 58 de mamíferos, muchos de los cuales están bajo amenaza de extinción. El páramo, según la CDMB, “constituye en conjunto una ecoregión de la mayor importancia estratégica no solamente para el departamento de Santander y su ciudad capital, sino que trasciende las fronteras regionales”.
El gobierno de Juan Manuel Santos ha prometido continuar y profundizar la política de convertir a Colombia en un “país minero”. Para ello, el Estado continuó la política de la “confianza inversionista” con el propósito de atraer capitales foráneos garantizándoles enormes beneficios a través de exenciones tributarias, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas especiales y un régimen especial de inversiones en el caso de la minería, donde terminan pagando unas regalías que no están ni cerca de compensar los nefastos impactos ambientales, económicos y sociales de la minería a cielo abierto. Según estudios de Guillermo Rudas, para el año 2009 las exenciones otorgadas a la minería correspondieron al 51% de la renta pagada a la nación, pero en el caso del oro fue del 86%. Regalías que con la reforma constitucional que el gobierno central tramita en el Congreso, les serán expropiadas a los municipios y departamentos con derechos presentes y futuros sobre ellas.
Con razón la multinacional Greystar Resources, dueña del proyecto minero en Santander anuncia en su presentación corporativa que está de plácemes con el actual gobierno de Santos, el cual, dice la compañía, asumió con “una plataforma para continuar con la orientación política de ‘centro derecha’ y la activa política pro-empresarial del presidente Uribe”.
Greystar estima que las reservas recuperables de oro en Santurbán suman 9 millones de onzas y las de plata 59 millones. La compañía ha calculado que las regalías que pagaría al país serían de 14.9 millones de dólares al año, unos 224 millones de dólares en 15 años de actividad -sin quitarle las exenciones-, mientras las ventas de oro y plata, a precios de hoy, le generarían ingresos por 14.252 millones de dólares. Es decir que Colombia se quedaría sin el páramo, sin el agua y con menos del 2% del saqueo del oro.
En efecto, la explotación producirá 1.200 toneladas de cianuro sódico por mes ¡por 180 meses! que en teoría se almacenarán en piscinas de lixiviación, las cuales, según el mismo informe de impacto ambiental de la Greystar presentado en abril de 2010, “no son totalmente invulnerables a contingencias sísmicas o geológicas; si esto llegara a pasar, las reparaciones internas no son posibles”. En este punto es importante tener en cuenta que la falla geológica localizada entre Bucaramanga y la Mesa de los Santos, cerca al proyecto, es la más activa del país.
Los accidentes ocurren, son más frecuentes de lo que se quisiera y por más controles que tome la compañía es imposible evitarlos. Así ocurrió a comienzos de este año en un accidente de tránsito en un vehículo de la Greystar que le costó la vida a siete de sus trabajadores. A nivel internacional, en el 2010 se presentaron catástrofes ambientales relacionadas con la actividad minero–energética en el río Danubio en Hungría, el golfo de México y el mar Amarillo en China, además del famoso accidente de los mineros en Chile.
Sumémosle a esto el hecho de que la Greystar es una empresa junior que no tiene operaciones ni experiencia minera en ninguna otra nación. El informe financiero que presentó a sus accionistas en septiembre de 2010 admite que no saben si podrán desarrollar el proyecto porque “no hay garantía de que la compañía será capaz de obtener una adecuada financiación en términos favorables”. Sin embargo, mientras lo vende a una empresa grande que sí esté en capacidad de hacerlo, especula en las bolsas de valores del mundo con sus acciones que le generaron ganancias en los primeros nueve meses de 2010 por 46 millones de dólares, que para colmo no pagan impuestos ni regalías en Colombia. Esta empresa tiene acciones valoradas por 266 millones de dólares, más que los 140 millones que ha invertido durante 15 años de exploración.
Convencidos de la inconveniencia del proyecto, amplios sectores de la sociedad santandereana se articularon en el Comité Pro-Defensa del Páramo de Santurbán, entre los que se cuentan organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, Fenalco, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas y sectores políticos de todas las vertientes. El comité ha protagonizado un valeroso proceso de oposición al proyecto, al que se suman cada vez más colombianos y que ya ha recogido 50.000 firmas de rechazo en Bucaramanga.
Falta ver si Santos y Garzón desoyen la voluntad de las mayorías santandereanas y deciden otorgar el permiso ambiental a pesar de las evidencias y del concepto de la Procuraduría General que expuso “las razones legales y técnicas que hacen inviable el proyecto minero, dada la ubicación del mismo en área de páramo”. Frenar el proyecto Angostura se convertiría en un caso emblemático de las organizaciones que conformamos la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame, para impedir otros igual de lesivos para los intereses nacionales como el de La Colosa en Tolima, Marmato en Caldas y Mandé Norte en Chocó.