MÁS DE 100 INSTITUCIONES EXIGEN AL GOBIERNO DE EVO MORALES QUE NO ANULE SALVAGUARDAS AMBIENTALES DE LA CPE POR SU AFÁN EXTRACTIVISTA
El proyecto de la nueva ley de minería suprime el rol de la Autoridad Ambiental Competente para la provisión de licencias al sector minero, “debilitando notablemente la gestión ambiental y privando al país de la posibilidad de lograr la sostenibilidad en sus procesos de desarrollo”, todo con el objetivo de profundizar el modelo desarrollista extractivista, denunciaron más de 100 instituciones y organizaciones sociales bolivianas.
La minería es una de las principales causantes del acelerado deterioro ambiental en Bolivia. La explotación de minerales contamina ingentes cantidades de agua y suelos con el cianuro empleado en procesos de lixiviación, provocando un sinnúmero de problemas de salud como malformaciones y abortos.
Por la “inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de suelos”, el Presidente Evo Morales declaró a la sub cuenca de Huanuni en “Situación de Emergencia de carácter Departamental, con aplicación en los Municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó del Departamento de Oruro”, mediante decreto N. 0335 de octubre de 2009.
Las empresas que operan en Oruro se comprometieron a construir diques de colas, pero no lo han hecho y el lago Poopo se ha convertido en un basurero de desechos mineros. Análisis físico químicos realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios (INLASA) confirmaron altos niveles de contaminación en tres sectores de la cuenca: Santa Elena, Realenza y el límite Tripartito entre las provincias Poopó, Cercado y Pantaleón Dalence, en la desembocadura del río Desaguadero.
El decreto 0335 instruyó a la Prefectura de Oruro y a los Municipios afectados promover planes, programas y proyectos destinados al estudio técnico e implementación de políticas de prevención, mitigación, rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al medio ambiente y a la población en la Sub-Cuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora, en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Corporación Minera de Bolivia.
Además, la norma dispuso la adopción de una “Estrategia para la Recuperación Integral de la Cuenca Huanuni” que nunca se concretó.La empresa minera Huanuni incumplió su compromiso de construir un dique de colas y hasta la fecha continúa drenando aguas ácidas al río. Otra promesa incumplida es el adecuado tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Oruro, las cuales siguen contaminando el río Tagarete y el lago Uru-Uru.
Después de más de tres años de incumplimientos, las comunidades afectadas por la contaminación agrupadas en la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero Lagos Uru–Uru y Poopó (Coderip) amenazaron en mayo de 2012 con asumir acciones de hecho para que las autoridades asuman su responsabilidad. Coderip no descartó acudir a organismos internacionales como el alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para iniciar un proceso internacional contra el gobierno de Evo Morales por incumplimiento de deberes.
“Estamos cansados de esperar, mientras nuestros animales se mueren, nuestras tierras cada vez son menos fértiles y no hay resultados a nuestras demandas; esto quiero decirles con toda la sinceridad, ya no vamos a pedir más reuniones de esta naturaleza, vamos a demandar internacionalmente, tenemos las vías”, advirtió el presidente de la Coderip Félix Laime al ministro de Medio Ambiente y Agua Felipe Quispe.
La explotación minera también contamina el río Pilcomayo desde hace siglos. A la contaminación urbana y minera, que disminuye la fertilidad de los suelos y los medios de vida de muchas comunidades indígenas y campesinas, se suma la falta de una política de manejo integral de la cuenca.
El río Pilcomayo nace con aguas cristalinas en las faldas de las montañas orientales del departamento de Oruro, y a su paso por Potosí recibe los desechos de los ingenios mineros. Luego pasa por Chuquisaca y Tarija llevando no solo la contaminación sino también sedimentos. Comunidades de Chuquisaca riegan sus cultivos con el agua del río contaminado, razón por la cual sus productos contienen niveles de metales pesados por encima de los que indica la norma, aseguró el coordinador departamental de Lidema René Arancibia.
Según un estudio de la Gobernación de Chuquisaca de diciembre de 2011, los niveles de zinc en zanahorias alcanzaban a 30,31 cuando el límite permisible por la FAO es 5; mientras que en las remolachas se detectaron hasta 50,31 de zinc, datos que también fueron obtenidos en un monitoreo desarrollado por la Comisión Minero Ambiental de ASE – Lidema.
El 21 de mayo, luego de una verificación de la planta de tratamiento de aguas en la planta de Sotomayor, en coordinación con la Asamblea Departamental, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, Sedes, la Fiscalía y ASE Lidema, el Municipio de Yamparaez se comprometió a gestionar recursos para la readecuación del diseño de la planta.
La directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Gilka Guerrero informó que entregarán al Ministerio de Salud un informe sobre la incidencia de la contaminación en la salud de los pobladores de las riberas del río Pilcomayo. El fiscal Luis Fernando Ferrufino recordó que el Ministerio Público “ha iniciado las acciones de investigación hace bastante tiempo y éste (la inspección) es un paso más del reconocimiento del lugar y de toma de información para sustentar una posterior demanda penal”.
El doble discurso del gobierno defensor de la Madre Tierra
Comunidades afectadas por la minería de todo el país están hartas de enviar cartas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia exigiéndole que cumpla sus promesas, y sea consecuente con su discurso medio ambientalista y defienda de verdad a la Madre Tierra. Cada vez es más notoria la enorme contradicción de las autoridades del Ejecutivo, que por un lado dicen incentivar la producción agropecuaria y su industrialización, y por otro fomentan la explotación minera, sabiendo que la minería y la agropecuaria son actividades incompatibles.
Prueba de ello es el proyecto de la nueva ley de minería propuesto por el Ejecutivo, que “debilita notablemente la gestión ambiental” en el país con el objetivo de impulsar el extractivismo, que paradójicamente fue ampliamente criticado por el propio Presidente Morales en foros internacionales.
El artículo 132 del proyecto minero, relativo a la Licencia Ambiental, señala que “el Ministerio de Minería y Metalurgia, en su calidad de Organismo Sectorial Competente, otorgará la licencia ambiental… para actividades mineras, debiendo remitir una copia al Ministerio de Medio Ambiente y Agua con fines de registro”. De esta manera, la Autoridad Ambiental Competente a Nivel Nacional se convierte en una simple instancia de registro y teneduría de archivos, denunciaron más de cien organizaciones de la sociedad civil en un manifiesto público. (1)
De acuerdo a la denuncia, el parágrafo III del artículo observado indica que el “monitoreo periódico”, requisito para la actualización de la Licencia Ambiental, será realizado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que se constituirá en juez y parte. Debido a la clara visión extractivista del sector, se perderá la objetividad en relación a la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, así como prevenir los impactos y amenazas ambientales producto de las actividades mineras. Esta situación, seguramente impedirá también que se aplique el principio precautorio “in dubio pro natura”.
Según la denuncia, “el planteamiento resulta inaudito porque no sólo convierte al Ministerio de Minería y Metalurgia en juez y parte de un proceso destinado a velar por la protección ambiental, (sino que) debilita aún más el ya mermado rol de la Autoridad Ambiental Competente, quitándole una de las razones fundamentales de existir, y vulnerando la Ley de Medio Ambiente aún vigente”.
Por otro lado, las organizaciones denunciantes afirman que la norma reduciría a la consulta pública a comunidades afectadas “a un simple trámite de adecuación de las medidas de mitigación planteadas por la empresa minera que elabora su EIA, ignorando el sentido de la Consulta Pública y sometiendo a mayor riesgo a regiones y comunidades Indígenas Originario Campesinas bajo la presión de operaciones mineras”, toda vez que el parágrafo II del mismo artículo establece que “la licencia ambiental se otorgará antes de la suscripción del contrato o de la licencia de operación, previa consideración en consulta pública de las medidas de gestión ambiental establecidas en el proyecto”.
Adicionalmente, el artículo 133 del proyecto de ley minera, referido a áreas protegidas, dice que los titulares de contratos mineros no podrán realizar actividades en áreas protegidas y lugares de valor natural y cultural, “a menos que un estudio de impacto ambiental establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos de protección del área, según informe de la instancia competente”. Lo preocupante es que el Organismo Sectorial Competente relativizará, en razón de la visión extractivista que lo rige, cualquier información preocupante recogida en el EIA.
Por todas esas razones, el proyecto de ley minera vulnera el enfoque de defensa de la Madre Tierra y el Vivir Bien, denunciaron las casi cien entidades firmantes del manifiesto, y exhortaron al gobierno a revisar su posición y no permitir que el afán desarrollista anule las salvaguardas ambientales contenidas en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y el ordenamiento ambiental vigente.
Entre tanto, varias comunidades y organizaciones afectadas por la minería, como Coderip, amenazan con demandar al gobierno de Evo Morales ante tribunales internacionales por negligencia e incumplimiento de deberes.
Nota:
1. Acción Ambiental, ACT, AGROECODES, Aire Limpio La Pa zQHANA, Aire Limpio Santa Cruz – FIDES, ALAS, Allin Kausay Tukuypaj, APACH, APRAB-La Barca-Bolivia, Arcángeles Arte y Cultura, ASE, Ayllu Cantuyo, CARITAS – Oruro, Carrera de Economía, CDS Molle, CE Ingeniería Ambiental UCB-Cbba, CE Utasawa, CECASEM, CEDEFOA, CEDIB, CEDURE, CEEDI, CEPA, CERDET, CETHA Emborozú, CIDDEBENI, CIEC, CIES, CIMAR, CINEP, Colegio de Biólogos Cochabamba, Comité Cívico Potosinista, Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Gestión Ambiental Potosí, Comunidad Kochipiacala Oruro, Comunidad Santo Tomás Oruro, CORIDUP, Cruz Roja Santa Cruz, Ecochaco, Ecoclubes Santa Cruz, Ecomuseo, FECRUPDI, FIDES, FNKM, FOBOMADE Chuquisaca, Fundación Ambienta, Fundación Bosques Para la Vida, Fundación Gaia Pacha, Fundación Hábitat Verde, Fundación Igualdad, Fundación Lampi, Fundación PUEDAM, Herencia, HOYAM Mojos, ICBA, Instituto de Ecología UMSA, IYA, Jóvenes por la Amazonía, Junta Vecinal Nº 10 Potosí, Junta Vecinal Nº 9 Potosí, Juteko, LIDEMA, Limnología y Recursos Acuáticos UMSS, MAN-B, MHNNKM, Movimiento Agua y Juventud Bolivia, Movimiento Sin Fronteras, OCCA, OTB Oploca, PAAC, Patrulla H2O, PCMB, Pedaleros del Urubó, PRODENA, Programa radio/tv El Bosque es mi Tesoro, Programas Especiales – Defensoría del Pueblo SCZ, PROMETA, Promotores Ambientales de los Derechos Indígenas Originarios – PADIO, QHANA, Red Organizaciones Ambientalistas Chuquisaca – ROACH, RedNAVA Bolivia, Scouts Bolivia, SEAS UCEBOL, SEMTA, SEPAMOS, SOBE, Sociedad Geográfica de Potosí, Somos Sur, SOPE, UATF – Carrera Ingeniería Medio Ambiente, Universidad Domingo Savio, Universidad Tomás Frías, VIVE, Wayna Pacha – CEPROMIN.
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Raúl Prada Alcoreza
Comuna