21 de Marzo 2011
Álvaro Beltrán Pinzón
Con el retiro de las solicitudes de las licencias ambiental y minera por parte de la canadiense Greystar, se comprobó que su proyecto formulado para la extracción de oro y plata en Angostura era inviable, pues iba en contra de las leyes vigentes y, además, presentaba graves fallas en los aspectos técnicos y ecológicos, pese a las reiteradas afirmaciones de excelencia de sus voceros.
Se da así la razón a la ciudadanía que, haciendo gala de esperanzadora responsabilidad social, había declarado una abierta oposición a esta iniciativa, apoyada en respetables criterios expuestos por autoridades en la materia, y los esclarecedores foros que oportunamente se organizaron en la Ciudad.
Ahora, con su credibilidad seriamente resquebrajada, manifiesta la compañía que insistirá en la explotación, luego de establecer con los ministros de Minas y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los términos de una nueva propuesta, en reunión convenida para esta semana. Aunque anuncia la intención de extracción en forma subterránea, también podría revivirse la de cielo abierto, si la Ley 1382 de 2010, que prohíbe la minería en páramos, finalmente se declara inconstitucional, por vicios de forma, como ya lo ha solicitado la Procuraduría.
Salta a la vista un profundo desbarajuste que se hizo palpable desde cuando se aceptó darle trámite a las solicitudes de marras, y han quedado al desnudo desafortunadas inconsistencias y vacíos reglamentarios en relación con dicha actividad y la preservación ambiental, que se pretenden salvar coyunturalmente con una inoportuna concertación ministerial.
Esta situación de incertidumbre, normativa y técnica, seguirá acompañando las decisiones en éste y otros proyectos como el de Cajamarca en Tolima o el de Ventanas, en el mismo Santurbán. El país, en forma sensata, y antes de embarcarse en el promocionado auge minero, debe hacer los ajustes institucionales y las reformas indispensables que constituyan garantía de seriedad y estabilidad.
Sin dilación, debe expedirse una clara prohibición legal a la minería a cielo abierto en zonas de alta montaña, y al uso del cianuro para la recuperación metálica, como ya han hecho acertadamente muchos países, incluido nuestro vecino Costa Rica. Localmente, convendría que desde la Gobernación se impulsara un proyecto de desarrollo de compensación para la provincia de Soto Norte, utilizando la figura del pago por servicios ambientales.