Fracasada”. Así es como la campesina quechuahablante Guadalupe Sota traduce al español cómo ve su cosecha de este año. Así es como esta peruana de 48 años se siente después de que sus tierras, las que lleva trabajando toda la vida y con las que hasta ahora había sacado adelante a sus cuatro hijos, redujeran drásticamente su producción. Para ella, el culpable está claro: el polvo que levantan las decenas de camiones que desde inicios de año transportan cada día la producción de la mina de Las Bambas por la carretera de tierra que pasa junto a sus tierras.
El proyecto de Las Bambas, situado en Cotabambas, una provincia andina de la región de Apurímac habitada por la etnia Chanka-Yanawara, prevé explotar unas reservas de 7,2 millones de toneladas de cobre y otros subproductos de éste como oro, plata, zinc y molibdeno, lo que supondrá una importante contribución al crecimiento de Perú, que sigue apostando por la minería como el motor de su economía. Sin embargo, buena parte de los habitantes de la zona, que hasta la llegada de la mina se dedicaban casi exclusivamente a la agricultura y a la ganadería, reclaman que la mina les está suponiendo escasos beneficios y muchos perjuicios.
El principal de los inconvenientes es la polvareda que producen los camiones de carga que están sacando el mineral de la zona. El polvo, acusan, está dañando sus cosechas y el pasto de sus animales, además de que provoca problemas respiratorios a los más vulnerables: los niños y los ancianos.
“Cuando la planta está floreciendo, ese polvito se asienta y sus flores se secan”, Asegura Guadalupe, que en sus tierras cultivaba distintas plantas papas, maíz, arvejas, habas, cebada, quinua o chía, entre otros productos. Ahora la mayoría de sus plantaciones están agusanadas. Por culpa del polvo, dice: “Yo de acá cosechaba unos 60 sacos de maíz, los vendía y con eso mis hijos estudiaban, pagaba el alquiler, la academia…. Pero ahora no tengo para comprarme ni siquiera una falda porque mi producto ha fracasado”.
La empresa propietaria de la mina, la estatal china MMG, asegura que antes del paso de sus vehículos realiza “un regadío de las vías, logrando reducir la polución que pueda ocasionar impacto en los pobladores, cultivos o animales”. En efecto, constamente están pasando camiones cisterna por la árida carretera. Pero el calor y la sequedad de la zona, situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, son tales que se seca rápidamente.
En el interior de la modesta choza de paredes de adobe y tejado de lámina que Guadalupe tiene en su huerto, a un lado de la carretera de la discordia, se acumulan las mazorcas de maíz que ha cosechado este año y que no se acercan ni de lejos a los 60 sacos que afirma que solía sacar. Por el suelo, entre la leña con que se prepara la comida en un rudimentario fogón, se pasean cuatro cuyes, unos roedores andinos muy apreciados por su carne. “Tenía esta caseta llena de cuyes, pero este año han muerto casi 60. Como les damos ese pasto con polvo, se comienzan a hinchar sus estómagos y se mueren”, indica.
Además, se queja, los camiones desprenden un desagradable olor y “de noche caminan hasta las 10 y luego comienzan a las 7 de la mañana. No dejan ni dormir”.
La minera, que responde a la preguntas de este periódico mediante un correo electrónico, sostiene que “se ha establecido un convoy con máximo 10 camiones para mitigar cualquier impacto y estos no transitan de noche”.
Pero mientras habla Guadalupe, se tiene que interrumpir por el paso de una caravana de más de 15 vehículos que, a pesar de transitar a escasa velocidad, causan un ruido atronador.
En Pisaccasa, una comunidad campesina situada a sólo 1,5 kilómetros en línea recta de la mina, Juan Carlos Huilca también protesta por el polvo y el estruendo de los camiones, que pasan por en medio del pueblo “tanto de noche como de día”.
“Mi casa está a unos 12 metros de la carretera. Lavamos nuestras ropas, las tendemos y al poco tiempo ya está llenas de polvo. Si dejamos abierta la casa, al rato todo está lleno de polvo: los utensilios, la cocina…”, explica. Y no sólo es el polvo y el ruido, también las vibraciones que provocan los camiones al rodar por la irregular superficie de la vía: “Las casas al borde de la carretera están fisurándose y la empresa no quiere hacerse responsable. A mis vecinos que tienen a dos metros de su casa la carretera, hasta se les caen los electrodomésticos”.
A Gisela Pérez, obstetra del centro de salud de Pisaccasa, la polvadera también le afecta en su trabajo, ya que la clínica “se llena de polvo y tierra” y cuando le saca una muestra a un enfermo tiene problemas en que las partículas no las contaminen. Además, añade, desde que pasan los camiones, más de 200 al día, de ida y de vuelta, han aumentado las “enfermedades respiratorias, más que nada los niños y las gestantes, que son los más afectados”.
El conflicto entre la minería y la agricultura es ya recurrente en Perú, pero este caso se diferencia de otros en que en un principio los pobladores habían aceptado de buen grado el proyecto y tenían una relación relativamente buena con las empresas que iban a llevarlo a cabo: la suiza Xstrata, primero, y luego la australiana Glencore, que absorbió a aquella.
Sin embargo, las cosas cambiaron cuando en 2014 Las Bambas fue vendida a MMG. El plan inicial contemplaba llevar el mineral en bruto por un mineroducto hasta las plantas de otro proyecto situado en un distrito cercano, del mismo propietario. Pero la venta desvinculó las propiedades de ambos, así que el ducto le era inútil a su nueva concesionaria, que decidió sacar el mineral por la carretera y construir en Cotabambas unas pozas de oxidación y una planta de tratamiento de molibdeno que tampoco estaban previstas.
El problema es que la población local habían accedido a la ampliación y el uso de esa carretera por la minera sólo durante la etapa de construcción, con contratos de servidumbre, muchos de los cuales ya están vencidos. Y aunque la minera indica que informó de las modificaciones a las municipalidades, las organizaciones civiles de Cotabambas reclaman no haber sido consultados sobre estos cambios y los consideran un potencial riesgo ambiental. Vecinos de las localidades cercanas a la mina convocaron una protesta en septiembre del año pasado y acabaron enfrentándose con la policía en unos choques que dejaron tres muertos y numerosos heridos.
Tras varios meses de negociaciones con la mina y con la facilitación del anterior gobierno de Ollanta Humala -quien dejó la presidencia en julio pasado- sin resultados, el nuevo Ejecutivo, liderado por Pedro Pablo Kuczynski, admitió la gravedad de la situación con la carretera y se comprometió a principios de octubre a asfaltarla.
Pero la falta de claridad respecto a cómo se iba a indemnizar a los propietarios de los terrenos por los que pasa la vía y que en principio sólo habían cedido el derecho de paso hizo que cuatro comunidades campesinas se manifestaran el pasado 14 de octubre y que uno de los participantes muriera por un disparo de bala en un enfrentamiento con la policía.
No obstante, el tema de la carretera es sólo el más acuciante de los reclamos de los cotabambinos. El anuncio del proyecto hace ya más de 10 años les generó grandes esperanzas de desarrollo. Se les prometió puestos de trabajo en el yacimiento y progreso. Pero, denuncian las comunidades inconformes, ninguna de esas promesas se concretó.
Durante la etapa de construcción las cosas fueron más o menos bien, ya que ésta requirió el empleo intensivo de mano de obra no cualificada y los locales ya no tuvieron que emigrar por temporadas a ciudades cercanas, como Cuzco, para complementar sus ingresos. Pero ahora que ha empezado la fase de operación de la mina, la demanda laboral se ha reducido drásticamente.
Según la estatal china, el año pasado “la fuerza laboral propia y de contratistas en Las Bambas ascendió a más de 7.000 trabajadores” y “el 100% de mano de obra no calificada fue local”. Reivindica también que ofrece “oportunidades de capacitación técnica y productiva a la población”.
Pero la población local se queja de que se cuentan con los dedos de una mano los vecinos de la zona contratados y que estos llevan a cabo en trabajos peor pagados, como chóferes, vigilantes o limpiadores.
Ahora “estamos peor que antes” , dice Juan Carlos Huilca, ya que la presencia de la mina elevó el coste de vida en la zona. “Los productos de primera necesidad desde que la empresa empezó a trabajar se han duplicado”. En Pisaccasa y otras comunidades de la zona proclaman que no se ve ninguna mejora en cuanto a infraestructuras o servicios básicos.
MMG replica que sólo en 2015 invirtió más de 53 millones de dólares (unos 48 millones de euros) en proyectos y programas sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades situadas en su área de influencia. “Las Bambas ha contribuido a reducir la pobreza en Apurímac de manera significativa, de 57% a 39% entre el 2011 y 2015. Además, la inversión pública y privada en la región creció 20% en promedio cada año, entre el 2012 y 2015, y el empleo dependiente se incrementó en 50%”, argumenta.
Henry Vásquez, coordinador en Cotabambas de Cooperacción, una ONG de desarrollo sostenible que asesora a la sociedad civil de la región en sus negociaciones con la empresa, critica sin embargo que las ayudas que ha brindado ésta han sido “atomizadas”. “Lo que la población pide que se hagan mediante un plan de desarrollo concertado a largo plazo”, apunta.
Por su parte, Hamilton Auccapure, de la organización ambientalista Red Muqui, reconoce que se han hecho obras de saneamiento en la región, pero matiza que la empresa ha incumplido buena parte de los compromisos que había adquirido con cada una de las comunidades por separado.
Además, agrega el activista, se ha abierto una brecha entre las comunidades que están más cerca de la mina, que sí se han beneficiado del progreso, y las que están un poco más alejadas. Estas, dice, siguen “igual o peor que el día que vino la empresa minera: sin oportunidades, con las mismas deficiencias y pobreza que tenían en ese entonces”, pero con el agravante del drástico incremento en el coste de vida que ha traído a la mina.
Otro problema que refleja el impacto que tiene la apertura de una mina en una zona rural es el que sufre la población de Fuerabamba, un pueblo que ha sido reasentado completamente debido a que se encontraba justo en el lugar donde se ha abierto el tajo minero.
La empresa construyó a unos pocos kilómetros un nuevo pueblo para más de 400 familias que se parece más a una urbanización de clase media alta de Europa que al poblado campesino en que vivían. Las rústicas casas de adobe rodeadas de prado con fogón de leña para preparar las comidas, animales de corral paseándose por el suelo de tierra y letrinas exteriores han sido sustituidas por otras de dos y tres plantas con varios dormitorios, cocinas y baños modernos, todas iguales y alineadas en calles asfaltadas y bien señalizadas.
Tienen centro de salud, escuela, tres templos para distintas religiones, un mercado, pistas deportivas, un local comunal para sus asambleas y una terminal de autobuses. Cualquier poblador urbano aceptaría el cambio sin siquiera pensarlo, pero los fuerabambinos, que en un principio accedieron mayoritariamente al reasentamiento, están ahora arrepentidos de haber dejado su aldea.
“Como animales encerrados”. Así define la sensación de los vecinos de la Nueva Fuerabamba el vicepresidente de la comunidad, Obispo Huamani. “Nosotros no estamos habituados vivir en estas casas. Estábamos acostumbrados a vivir en el campo, pastear nuestro ganado, hacer nuestra chacra (huerta) y caminar tranquilos, libremente por cualquier sitio de nuestro territorio”, asegura.
Huamani asegura que la tasa de alcoholismo se ha disparado y que los ancianos son los que están sufriendo el cambio con mayor rigor. Se sienten fuera de lugar. Algunos al principio no sabían regresar su casa, pues son todas iguales, y tenían que ser ayudados por los más jóvenes.
No ha ayudado a la adaptación el hecho de que la tierra que la minera les compró a cambio de las suyas para sus cultivos y su ganado se encuentra muy alejada de la comunidad (hasta tres horas en coche) y en lugares poco idóneos para esas actividades por lo que dos años después del traslado ya prácticamente ningún fuerabambino trabaja esos terrenos y los animales han ido muriendo o han sido robados.
La empresa defiende defiende que “se llevaron a cabo consultas públicas a la comunidad”. “Escuchamos y aceptamos en todo momento sus decisiones, tomamos en cuenta su cultura y respetamos sus derechos”, asevera.
Sin embargo, Ana Leyva, directora de Cooperacción, destaca que más que como una cuestión de derechos, este traslado ha sido visto “como un tema económico” sin tener en cuenta que “cuando se traslada a una población se la desarraiga, dejan lo que tenían. Hay cambios muy significativos en la gente, en sus vidas, en sus relaciones económicas…”.
Este caso, añade, tiene particularidad de que como comunidad campesina, un figura legal que en Perú supone un propiedad colectiva de la tierra y un sistema de organización asambleario “el elemento central de su identidad es la tierra, por lo que al trasladarlos y dejar la tierra de ser el centro estás de alguna manera afectando seriamente su futuro y como comunidad va dejando de serlo”.
Fuente:http://elpais.com/elpais/2016/11/07/planeta_futuro/1478517137_056984.html