La entidad aseguró que estas podrían suponer una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores. También criticó el gasto público que se requiere para realizarlas. A pesar de que la consulta popular que se realizará en Ibagué, Tolima, para que los ciudadanos decidan si quieren, o no, que haya minería en el territorio fue recibida con buenos ojos, la Procuraduría aseguró este jueves que “las entidades territoriales no son competentes para realizar consultas populares sobre actividades de la industria extractiva”.
La Procuraduría envió una serie de observaciones a la Registraduría Nacional, en cabeza de Juan Carlos Galindo, en la que asegura que “los derechos económicos y sociales corren graves riesgos por estas pretensiones de las entidades territoriales”.
Una de las críticas del Ministerio Público es que estas consultas populares podrían llevar a una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores que las promueven, puesto que “solo el presidente de la República sería competente para convocar una consulta popular que involucre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables”.
Pero la principal recriminación de la Procuraduría a que se realicen las consultas populares es el costo que estas suponen. El reclamo fue específicamente contra Ibagué, donde la consulta tendría un costo de $550 millones y aseguró que estos recursos se deberían usar para atender “la situación de desempleo, informalidad, déficit de vivienda de interés social, la insuficiencia en el tratamiento de aguas residuales, por las que atraviesa la capital del departamento del Tolima”. (Lea aquí: La consulta popular que podría frenar el proyecto minero La Colosa).
Independiente de estos reclamos, cuando el Tribunal Administrativo de Tolima le dio el aval en julio a la consulta popular en Ibagué, esta superó todos los requerimientos jurídicos, convirtiendo a Ibagué en la primera capital del país en preguntarles a sus ciudadanos si aprueba, o no, que se realicen proyectos minero-energéticos en su territorio.
Un mes después en Cajamarca, también en Tolima y a solo un par de horas de Ibagué, el Concejo aprobó la realización de una consulta popular sobre el mismo tema. La pregunta para esta será: «¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria con motivo de proyectos de naturaleza minera?”.