Canadá lleva décadas labrándose la reputación de un país respetuoso con los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, el estado norteamericano acoge al 57% de las empresas mineras, cuya actividad se ha vinculado a violaciones sistemáticas en los países latinoamericanos. La pregunta, entonces, es qué responsabilidad tiene el país en esos conflictos, por acción u omisión.
Pascua Lama en la frontera de Argentina y Chile; Cajamarca en Perú; La Colosa en Colombia. Son apenas algunos ejemplos, los más emblemáticos, de algo que ha provocado la oposición popular con un guion repetido a lo largo de todo el subcontinente latinoamericano: contaminación de las fuentes de agua, impacto de las formas de vida tradicionales, incumplimiento del derecho a consulta de las poblaciones afectadas, criminalización de las resistencias y una legislación hecha a medida de los intereses de las empresas privadas. Tienen, además, otra cosa en común: las compañías que explotan esas grandes minas a cielo abierto tienen sede en Canadá, como el 57% de las corporaciones mineras del mundo; es más: el 70% de las acciones emitidas por el sector son administradas por la Bolsa de Toronto.
La minería es, probablemente, la actividad que genera más rechazo social por sus múltiples impactos sociales y ambientales; es la quintaesencia del llamado modelo extractivo, esto es, el auge de la exportación de materias primas que ha reprimarizado las economías latinoamericanas dejando a su paso desplazamientos forzosos, comunidades divididas y economías locales arrasadas. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha mapeado más de 200 conflictos en la región; y entre el 70 y el 90% de las empresas que están detrás de esos proyectos son canadienses.
Canadá: no estamos «obligados» a exigir responsabilidades
El informe presentado al CIDH acusa al Gobierno canadiense de conocer las denuncias de las organizaciones y las pruebas presentadas y no haber hecho nada al respecto, pese a la crudeza de las denuncias: criminalización de los movimientos sociales, hostigamiento y amenazas a los opositores de los proyectos mineros, e incluso muertes: según la ONG canadiense Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, al menos 50 personas han muerto y 300 han sido heridas en el marco de conflictos mineros vinculados a empresas canadienses. Las empresas aseguran que no tienen nada que ver con tales hechos, pero comunidades afectadas en países como Guatemala, Honduras, México y Colombia coinciden en señalar que la violencia en sus territorios aumentó tras la llegada de los proyectos mineros.
En su comparecencia ante la Comisión en octubre, las autoridades canadienses negaron su responsabilidad, al afirmar que Canadá cuenta con “uno de los marcos legales y regulatorios más fuertes del mundo”; en realidad, en 2009 el país norteamericano optó por un marco institucional que, coherente con los principios de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se limita a pedir a las empresas que cumplan con códigos éticos de carácter voluntario. Ante la CIDH, la representación canadiense se escudó en que su país no está “legalmente obligado” a exigir responsabilidades a las empresas, e instó a que los problemas se resuelvan en las fronteras nacionales de los países que acogen las inversiones.
El problema es que muchas veces estos países cuentan con instituciones fallidas y alta penetración de los intereses empresariales, lo que deja inermes a las poblaciones. Así lo expresó la relatora de la CIDH por los derechos de os pueblos indígenas, Rose-Marie Antonie: “Tenemos que ir más allá de lo legalista si realmente nos preocupan los derechos humanos”. Lo cierto es que, en una sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos dedicada a la minería, el tribunal ético concluyó que cinco mineras canadienses, entre ellas Barrick Gold, incurren en “la violación de los derechos humanos” en sus emprendimientos en México, Chile, Honduras y Guatemala; vulneran, en concreto, los derechos a la vida, la alimentación, la salud, el agua, la vivienda, la libertad e integridad de las personas y su derecho a un medio ambiente sano y protegido.
Las puertas giratorias: los exministros ‘mineros’
Pero la responsabilidad de Canadá no es únicamente por omisión. El auge de la minería canadiense en América Latina se enmarca, creen las organizaciones autoras del informe, en “la actual política exterior del Gobierno de Canadá hacia los países en desarrollo” y en una “nueva política de utilización de los mecanismos de cooperación internacional como un instrumento de fomento al avance de las mineras canadienses”, que obtienen del Estado “respaldo financiero y político”. En 2011, la Export Development Canada (EDC, en sus siglas en inglés) proporcionó al sector extractivo 17.000 millones de dólares canadienses en financiación y seguros.
Ottawa brinda a sus corporaciones apoyo diplomático y financiero, comenzando por la cooperación al desarrollo, que, en Canadá como en otros países, se ha postrado al servicio de los intereses privados. La recientemente reformada Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CADI) anunció en 2012 una inversión de 31,2 millones de dólares canadienses para promocionar acuerdos de colaboración entre ONG y empresas privadas. Además, el Gobierno ha realizado aportes financieros a proyectos de RSC en el sector y a programas como el de Gestión y Prevención de Conflictos en el Sector Extractivo que, según los movimientos sociales, se utilizan para dividir a las comunidades, cooptar a sus líderes y desactivar así las resistencias a la megaminería. Además, los tratados de libre comercio (TLC), que han firmado con Canadá países como Perú, México, Chile y Colombia, blindan a las empresas de cualquier responsabilidad jurídica.
Pero tal vez la acusación más grave tiene que ver con los riesgos de las puertas giratorias: no por casualidad muchos exministros del país trabajan como abogados o asesores para compañías mineras. Organizaciones como Mining Watch, Rights Action y Amazon Watch han denunciado que las embajadas canadienses en América Latina actúan como representantes de los intereses de las multinacionales mineras; según el informe, Ottawa ha incurrido en injerencia indebida, al dedicar sus esfuerzos diplomáticos a presionar a países como Colombia y Perú para que aprueben leyes mineras favorables a las empresas privadas y rebajen los requisitos ambientales.
El caso más tristemente célebre es el del golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente hondureño Manuel Zelaya, que había impuesto en 2006 una moratoria al sector minero. Los activistas sospecharon de la rapidez con la que el Gobierno canadiense reconoció al Gobierno golpista y denunciaron que la CIDA, la agencia para el desarrollo, estuvo implicada en la reforma del código minero hondureño que se aprobó en 2013, después de un intenso trabajo diplomático en el que el entonces embajador canadiense organizó reuniones con ejecutivos de corporaciones mineras. Algunas encuestas reflejan que el 90% de la sociedad hondureña se opone a la minería a cielo abierto.
Los investigadores Alain Deneault y William Sacher, autores del ensayo Noir Canadá sobre los abusos de la minería canadiense (que les costó una denuncia por difamación), sostienen que Ottawa ha convertido la megaminería en el “motor de la prosperidad canadiense”, con la sistemática presencia de “corrupción, evasión fiscal, saqueo institucionalizado, contaminación masiva, ataques a la salud pública, expropiaciones violentas y muertes de manifestantes”. Para estos autores, lo que atrae a empresas mineras de todo el mundo es “la facilidad con la que una empresa puede cotizar en bolsa y poner en valor yacimientos potenciales”, lo que ha llevado a la proliferación de empresas denominadas juniors, que se dedican exclusivamente a explorar e identificar nuevos yacimientos y basan su negocio en la especulación bursátil.