En asamblea popular del 12 de septiembre de este año una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, Baja California Sur, recuperando ese espacio que ha estado ahí desde siempre, el espacio público, recuperándolo, ocupándolo con un propósito fundamental, exigir el respeto a sus derechos, exigirle al gobierno el respeto por su derecho a la vida. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del estado. También asistieron decenas de extranjeros avecindados en Baja California Sur y algunos ciudadanos de otros estados de la República. La multitud era de muy diversos lugares así como de diferentes filiaciones políticas y religiosas. En suma, una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de surcalifornia, dándole vida a esta agreste y hermosa tierra; y la defensa del litoral de la península, fuente de trabajo para las comunidades de pescadores y de alimento para la población, además de que el litoral y sus atractivos naturales son una de las razones fundamentales del posicionamiento turístico de Baja California Sur. Defensa que implica el rechazo total de la ciudadanía a los megaproyectos mineros terrestres y submarinos, y en general a cualquier proyecto extractivo minero tóxico (¿y cuál no lo es?). De eso trata el Pacto de Todos Santos (www.facebook.com/frenteaguayvidabcs/photos/pcb.568198699973671/568188879974653/?type=1&theater), del derecho a la vida. Pero va más allá.
El Pacto de Todos Santos ha logrado cimentar las bases de una ciudadanía alerta y coordinada que manifiesta públicamente que su lucha, además de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales, no dudará en ejercer la resistencia y la desobediencia civil pacífica si el gobierno federal no escucha su justo reclamo y continúa autorizando proyectos mineros en sudcalifornia, pues es de todos sabido que las autorizaciones para tales crímenes ambientales y sociales se gestan desde el gobierno federal. En tanto los gobiernos municipales del Baja California Sur poco a poco van viendo el alcance y poder de la reacción social y van posicionándose del lado de los civiles, mientras el gobierno estatal se ha manifestado en contra del megaproyecto minero Los Cardones, aunque falta se pronuncie en referencia a la minería submarina. Y es que el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, organización civil que congrega a diversos grupos y ciudadanos opuestos a la minería, ha hecho público que todo aquel gobernante o aspirante a cargo de gobierno que no los proteja y defienda los recursos naturales del estado será castigado con la indiferencia política de la población. Entonces cualquier político que apoye los proyectos mineros o que no haga público su rechazo a éstos y no haga todo lo política y socialmente a su alcance para impedirlos, deberá sufrir consecuencias electorales negativas.
Ante la ineptitud y complicidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de su titular y sus delegados estatales, instancia que a contraposición de los principios que la deben regir ha autorizado la manifestación de impacto ambiental (MIA) para el proyecto minero Los Cardones, los reclamos se han hecho extensivos y de manera directa a Enrique Peña Nieto, quien, como todo político que busca posicionarse y mantener su popularidad entre la gente, viajó a Baja California Sur tras el paso del huracán Odile, aunque él y la ayuda del gobierno federal para afrontar el desastre llegaron con bastante retraso; y no debería hablar de los retrasos del gobierno federal, sino de la excelente prevención ante el huracán y de la rápida respuesta del gobierno estatal en todos sus niveles y de las autoridades de los aeropuertos de Los Cabos y La Paz, pero no podemos hablar de excelencia pues quedó claro que la prevención fue precaria. Y precisamente fue en Todos Santos donde la población arremetió contra Peña Nieto y, además de exigirle el soporte gubernamental ante la crisis causada por el fenómeno meteorológico, le exigió la cancelación de los megaproyectos mineros. Vamos a ver si Peña Nieto es un político con sentido común y privilegia el derecho al agua y la vida de los sudcalifornianos o si está tan comprometido con los magnates de los consorcios mineros transnacionales y nacionales y no los detiene.
Es de gran trascendencia el Pacto de Todos Santos pues ya congrega a más de 60 organizaciones civiles y más de 3 mil 500 ciudadanos; y lo será aún más en la medida de que más mexicanos se sumen al mismo, pues ya entre sus objetivos principales se plantea la derogación de la Ley Minera de 1992, misma que ha sido en gran parte una de las causas de la propagación de los megaproyectos mineros y de los desastres ecológicos y sociales que generan, como la reciente contaminación del Río Sonora con desechos tóxicos por parte de la mina Cananea, de Grupo México, de Germán Larrea. Pero no debiera preocuparse la ciudadanía ante las contingencias ambientales o ecológicas pues tenemos salvadores como Tv Azteca, que ya ha organizando colectas de apoyo para los damnificados por Odile, en un doble juego de moral, pues más damnificados y mayores estragos causará la megaminería tóxica.
No quiero cerrar esta reflexión sin mencionar el caso de Claudia González, una habitante San Juan de Los Planes, del municipio de La Paz, quien a consecuencia de la minería del pasado de la planta de fundición minera Los San Juanes, lleva en su organismo niveles de arsénico más altos de los permitidos (www.facebook.com/medio.a.sociedad/posts/762149010475556). Pero no es la única: también otros pobladores viven envenenados con arsénico. De acuerdo con una investigación realizada por el doctor Carlos Guillermo Colín Torres a personas de El Sargento, Juan Domínguez Cota, San Juan de los Planes y San Antonio en la cuenca hidrográfica de San Juan de Los Planes, un tercio de la población de esos lugares está contaminada con arsénico (Concentraciones urinarias de arsénico en habitantes de la cuenca hidrográfica de San Juan de los Planes, Baja California Sur, Tesis, Facultad de Medicina, Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013). En su estudio se analizaron muestras de orina para detección de arsénico a 181 individuos de una población total de 2 mil 365 personas, de las cuales el 36 por ciento resultó con concentraciones de arsénico mayores al Índice Biológico de Exposición, que es el límite máximo permitido y que implica serios riesgos para la salud. Por lo anterior, Colín Torres exalta en su investigación la obligación de las autoridades para realizar trabajos de remediación ambiental en la cuenca hidrográfica de San Juan de los Planes, pues está contaminada con arsénico como consecuencia de la minería a pequeña escala del pasado. Pero en vez de remediar los daños ecológicos y humanos que ya se tienen en la zona, el gobierno aprueba ahora megaproyectos mineros en un total desprecio por la vida de los sudcalifornianos.
Es de sentido común concluir que si la minería a pequeña escala del pasado ha contaminado los pozos de agua de esos lugares y ha envenenando a muchos de sus habitantes, el desastre tóxico que ocasionará la megaminería tóxica de Los Cardones tendrá mayores efectos negativos y sobre un mayor número de personas, pero parece ser que el sentido común de nuestros gobernantes es escaso o está vendido, sólo tendrían que pensar en el desastre ecológico que afecta en estos momentos a Sonora por la contaminación de lixiviados tóxicos en sus ríos como consecuencia de la megaminería, y considerar que La Sierra de La Laguna está al Sur de la Península de Baja California y que una presa de jales o cualquier sistema de ingeniería mediante el que se pretenda contener los lixiviados tóxicos que producirá la extracción minera será presa fácil de fenómenos meteorológicos, como el reciente huracán Odile. Y un derrame de éstos pondrá en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Pero el sentido común parece ser el menos común de los sentidos, y sobre todo en los políticos.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico; integrante del taller Madre Crónica