Majo Siscar
El gobierno mexicano otorgó 22 concesiones para extraer oro en la Tierra Santa del pueblo wixarika, ubicado en Wixarika una reserva natural protegida con una gran variedad de especies endémicas
Los tajos a cielo abierto acabarían con el agua y contaminarían gravemente la región
Para los huicholes, en Wirikuta empezó todo. Fue hace cientos de años, cuando el venado elevó con sus cuernos el sol a los cielos para liberar al mundo de la oscuridad. Las 140.211 hectáreas que componen la región semidesértica de Wirikuta, en San Luis Potosí, son el origen del universo para los wixaritari o huicholes.
Para que siga habiendo luz, este pueblo ancestral peregrina cada año cerca de 400 kilómetros tal como hicieron sus antepasados, guiados por los maraka´ate, ancianos sabios que con sus cantos aseguran que el sol permanezca alejado de la tierra y no vuelva la noche eterna. Una negrura que ahora ven acercarse de nuevo de la mano de empresas mineras transnacionales.
Los wixaritari son uno de los pocos pueblos originarios que conservaron su culto original prehispánico, basada en cuatro deidades: el maíz, el águila, el ciervo y el jícuri o peyote –un cactus alucinógeno que crece en el desierto de Wirikuta-. Pero ahora, sus divinidades se ven opacadas por otro dios más reluciente para Occidente, el oro. En 2009, el gobierno mexicano otorgó 35 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic para extraer el metal precioso que subyace en la región, 22 de ellas en su lugar sagrado.
“Traemos un dolor fuerte. El Estado está asesinando y secuestrando nuestro corazón, quieren acabarnos y asesinar a nuestra madre tierra y, por tanto, la tradición y el pueblo wixarika”, explica Santos de la Cruz, Consejero Regional Wixarika, y en su voz resuenan los ecos de todos los pueblos indígenas en la defensa de sus tierras ante el embate del capital.
Por eso, este octubre, Santos de la Cruz le entregó personalmente al presidente Felipe Calderón una carta en donde exige la cancelación de las 22 concesiones mineras. Es la última de las decenas de acciones emprendidas por los huicholes para defender su territorio sagrado. Una Tierra Santa que el gobierno mexicano empeñó por tres millones de dólares. Desde entonces, los wixaritari han apelado a la solidaridad de diferentes organizaciones sociales, y con una veintena de éstas conformaron el año pasado el Frente en Defensa de Wirikuta, que como el venado wirarika levanta el sol con los cuernos para que no se materialicen los proyectos mineros.
Porque más allá del valor sagrado de la región, en la conservación de Wirikuta se disputan dos modelos opuestos de desarrollo. Se trata de una reserva ecológica protegida y reconocida como uno de los catorce Sitios Sagrados Naturales por la Unesco. Supone solo un 0,3% del desierto de Chihuahua pero alberga una gran biodiversidad: la mitad de las población de flora endémica, el 60% de los mamíferos y el 80% de las aves, entre ellas el Águila Real, en peligro de extinción.
“Es una isla de vegetación en medio del desierto, y allí se encuentra la huella más antigua del hombre en el continente americano”, señala Humberto Fernández, director de Conservación Humana.
“Sería mucho más barato indemnizar a las empresas privadas que asumir los costos ambientales y simbólicos. Aún es posible reforestar, llenar de vida la zona, restaurar los modelos agropastoriles y mineros que están agotados”, subraya Eduardo Guzmán, juez de uno de los municipios de la región e integrante del Frente.
De hecho, un año antes de otorgar las concesiones mineras, los gobiernos de los cinco estados donde se concentran los huicholes, firmaron el pacto Huauxa Manaka para la preservación y el desarrollo de la cultura wixárika, presidido por Felipe Calderón, que hasta se vistió con la ropa tradicional.
“El panorama es desolador, es una área protegida tanto por los gobiernos estatales como por el federal y sin embargo no tenemos ninguna política pública para protegerlo”, agrega Guzmán. Y no solo eso, sino que el mismo Estado mexicano violó sus propios convenios sobre los derechos indígenas que exigen una consulta a los pueblos sobre el uso de sus tierras.
Para defender sus tierras los huicholes se han movilizado en los diferentes estados donde viven y han llegado a marchar por la capital mexicana, donde han logrado la solidaridad de multitud de colectivos sociales, políticos y artísticos.
Por eso el Frente en defensa de Wirikuta ha interpuesto un amparo ante la justicia para cancelar las concesiones mineras. Han recorrido a los juzgados, a movilizaciones en las calles, han tocado las puertas presidenciales y han llegado hasta la ONU, para evitar que la ambición destruya su paisaje y su modo de vida.
“Wirikuta es donde están nuestro corazón, nuestra vida y nuestros ancestros”, explicó Santos de la Cruz ante la Comisión para asuntos indígenas de la ONU en Nueva York el pasado 19 de mayo y les exigió que fuercen al gobierno mexicano a cancelar las concesiones. Ahora, la ONU reiteró que atenderá su petición, pero mientras tanto, se han presentado 30 proyectos mineros más para la región, según señaló en rueda de prensa, Carlos Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Pueblos Indígenas.
La minería es la actividad industrial más contaminante en la actualidad. Y dentro de esta los tajos a cielo abierto, como los que pretenden hacer en Wirikiuta, son los que más impacto ambiental tienen. De hecho, están prohibidos en países como Alemania, Grecia o la República Checa y en muchos de los estados de Canadá y EEUU.
Para extraer el oro de Wirikuta, la minería no solo desforestaría toda el área de actuación, sino que usaría grandes cantidades de agua y cianuro. Mientras una mina pequeña gasta 250 mil litros de agua por hora, una familia campesina utiliza 30 litros de agua al día. Es decir, la minera consume en una hora la misma cantidad de agua que una familia en 20 años. Además, el cianuro se filtra en el manto freático y contamina los acuíferos y el suelo, que a la larga queda inutilizado para el cultivo.
Esto es doblemente preocupante en una zona semidesértica como Wirikuta que, de hecho, perdió su frondosidad a causa de las múltiples minas de platas que se instalaron en la región hace un par de siglos. Cuando las mineras cerraron la población se vio abocada a migrar pues el campo se había vuelto estéril. Un estudio reciente de la Universidad de Guadalajara sobre la toxicidad de la zona diagnosticó que actualmente aún quedan altas concentraciones de metales pesados (plomo, mercurio y arsénico) en el suelo y subsuelo de las antiguas minas de platas, altamente nocivas para la salud. De hecho, Real de Catorce, el antiguo pueblo minero que encabeza la región, es conocido y promocionado turísticamente como pueblo fantasma.
Pero sus habitantes no quieren que vuelva a pasar. Aunque una parte de la población ve con buenos ojos la posibilidad de empleo que se abre con las minas, el Frente exige otro tipo de inversiones. Santos de la Cruz insta al gobierno mexicano a que fomente “proyectos productivos u otro tipo de alternativas que realmente sirvan a los habitantes, sin sembrar enfermedades y anomalías como las mineras”. Así, en la misma carta al jefe del ejecutivo, los huicholes proponen convertir a Wirikuta en un modelo de área protegida a nivel mundial, en la que sus pobladores participen de su restauración y florecimiento con trabajos dignos y respetuosos con el medio ambiente.
Los rombos de estambre,conocidos como ‘ojos de dios’ son una de las piezas más identificativas del arte huichol.Cada uno de sus colores representa un punto cardinal y otorga protección. Pablo Zulaica
El gobierno, por su parte, hace oídos sordos. La actividad minera está calificada como prioritaria para fomentar la inversión extranjera. La misma compañía canadiense First Majestic tiene otros tres planes de explotación minera en el resto de México.
El 36% del territorio mexicano, una extensión más grande que España o Francia, está ya concesionado a empresas mineras. Y con ello se multiplican también las resistencias. En el mismo estado que Wirikuta, los opositores a la Minera San Xavier llevan una lucha legal contra las explotaciones que perforan la zona y que dura más de 15 años pero que ha conseguido demorar la proliferación de nuevos yacimientos en su territorio. Uno de ellos, Ruri Carnales, se muestra convencido que “estamos a tiempo de lograr una conciencia y políticas distintas”.
Aún así, reconoce que el Estado se ve “rebasado” por estas empresas. “Los territorios mineros son como territorios ocupados, sin soberanía nacional, pues hemos visto como las mismas compañías crean conflictos armados en los pueblos para entrar en la región, como el personal de seguridad no deja entrar a los inspectores…”, añade.
De hecho, en el sureño estado de Guerrero, el Ejército y la policía federal detuvo el pasado 25 de octubre a un indígena me’phaa, Agustín Barrera, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que mantiene una fuerte oposición contra las empresas Hochschild y Camsim que planean explotaciones de oro en la zona. En cambio, pocos días después el presidente Calderón, de visita en Guerrero, destacó que la minería ya consolidó 12.000 millones de dólares de inversiones durante su mandato, iniciado en diciembre de 2006, y que el país ha vuelto a convertirse en el principal productor de plata del mundo y el noveno de oro.
“Hemos apoyado, con hechos, al sector minero, y hoy se encuentra en un excelente momento”, concluyó el mandatario.
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