José De Echave C.
Desde 2009 la fiscalización ambiental es responsabilidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), responsable de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental.
Esta función lo ha convertido en blanco permanente de cuestionamientos desde lo sectores empresariales, sobre todo mineros y de hidrocarburos. En 2014, en el marco de una campaña empresarial que buscaba flexibilizar los procedimientos ambientales para promover la inversión, el Gobierno aprobó la Ley Nº 30230 que, entre otras disposiciones, limitaba la facultad sancionadora del OEFA.
Adicionalmente cabe mencionar que algunas empresas mineras han recurrido a la vía judicial para solicitar la anulación del denominado “aporte por regulación”, una tasa que deben pagar todas las empresas de un sector a la entidad reguladora del mismo, y que constituye la principal fuente de recursos financieros para el OEFA. El Tribunal Constitucional, el 15 de agosto de 2019, desestimó el recurso presentado por empresas del sector, garantizando de esta manera que se mantenga el aporte por regulación.
Ahora, la empresa Pluspetrol ha desatado una nueva campaña contra el OEFA bajo el argumento que este organismo les viene aplicando multas arbitrarias y según su vocero, Aurelio Loreto de Mola, indirectamente les está expropiando la inversión: “nos está confiscando a través de sus multas arbitrarias”, ha dicho.
El OEFA ha respondido en un comunicado público, rechazando categóricamente las acusaciones de la empresa. Señalan que los argumentos planteados por Pluspetrol han sido evaluados y analizados en el marco de los procedimientos sancionadores tramitados ante el OEFA, que han concluido con pronunciamientos confirmados por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En relación al laudo arbitral que alude la empresa, el pronunciamiento del tribunal señala que Pluspetrol “asumió contractualmente una obligación de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes, toda vez que son vinculantes”.
El OEFA también ha hecho hincapié que se ha identificado una serie de incumplimientos derivados de las operaciones de Pluspetrol. Se le atribuye responsabilidad por un total de 242 infracciones: “Dichos procedimientos administrativos sancionadores se han desarrollado de conformidad con las facultades conferidas en la Ley 29325, lo que habilita a OEFA a imponer medidas correctivas que tienen por objeto revertir el daño causado y remediar los efectos nocivos ocasionados al ambiente; y en tal sentido, OEFA continuará utilizando las herramientas legales que sean necesarias para que Pluspetrol dé cumplimiento a lo ordenado, incluyendo la aplicación de multas coercitivas”.
Todo indica que este episodio generado por Pluspetrol forma parte de la ofensiva que cada cierto tiempo lanzan los sectores empresariales en contra de la institucionalidad ambiental. A todas luces el OEFA es un organismo que incomoda a las empresas, principalmente a las vinculadas a sectores extractivos.
06/10/2020
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