Está claro que el caso Conga ha entrado a una nueva etapa, en la que se esperan decisiones importantes de los principales actores involucrados en el conflicto. Algunos hasta se animan a decir que estamos en un escenario post Conga.
Lo cierto es que al margen de las precisiones que se puedan hacer y las denominaciones que se utilicen para definir la nueva situación, Conga y Cajamarca están en una etapa distinta y los principales actores, que han dedicado parte importante de su tiempo y energía a este caso, están obligados a ajustar sus estrategias.
Esto es válido para el gobierno, su tercer gabinete y por supuesto también para su nueva oficina de conflictos reformada. También lo es para las empresas mineras, no solo Yanacocha. Y por supuesto para las organizaciones sociales que, sin duda alguna, han desplegado un enorme esfuerzo de resistencia que no puede ponerse en riesgo con desgastes innecesarios que terminarían provocando una mayor fragmentación de la que ya existe en el propio seno de los actores sociales de Cajamarca. No debemos olvidar que en la gran mayoría de conflictos emblemáticos producidos en el país en los últimos años, las organizaciones sociales y sus principales referentes no han salido precisamente fortalecidos después de desplegar luchas importantes como las de Conga.
Curiosamente, uno de los últimos golpes contundentes que recibió el proyecto Conga, no vino del presidente regional o algún otro dirigente cajamarquino: la encuesta de IPSOS APOYO, publicada el miércoles 22 de agosto por el diario El Comercio, fue quizás el puntillazo final, para los que pensaban que el proyecto podía retomarse en un plazo breve.
La encuesta también le debe haber caído muy mal a los que sostenían que las mayorías silenciosas de la región Cajamarca respaldaban el proyecto y que apenas una minoría bullangera era la que se movilizaba y organizaba los paros contra el proyecto minero Conga. La realidad es muy distinta: según la encuesta realizada en todo Cajamarca, el 78% de la población de Cajamarca está en contra de Conga y apenas un 15% a favor. De ese 78%, el 36% está «en contra pero podría cambiar de opinión» y nada menos que un 42% está «en contra y nada los hará cambiar de opinión». En las áreas rurales el NO sube al 83%.
La encuesta muestra la percepción que existe en Cajamarca en relación a Conga y la minería. Una percepción de este tipo no se puede explicar, como algunos pretenden, por las supuestas campañas de desinformación que se han hecho en contra de Conga y la minería. Hay temas de fondo que hasta el momento no son abordados en serio: desconfianza hacia las empresas mineras, sobre todo Yanacocha y también frente a las autoridades del Estado que no controlan ni fiscalizan y que más bien han dejado que las propias empresas se auto regulen. También está en cuestionamiento la institucionalidad y los instrumentos de gestión ambiental, como son por ejemplo los famosos Estudios de Impacto Ambiental, que deberían renovarse, complementarse con otras herramientas y dejar de ser competencia del Ministerio de Energía y Minas.
Superar esta situación no va a ser tarea sencilla. No se trata, como algunos dicen, de esperar un tiempo para que se pasen las calenturas en Cajamarca. El país necesita reformas sustantivas de las políticas que tienen que ver con la actividad minera, la gestión ambiental, el ordenamiento del territorio y los mecanismos de participación ciudadana.
Ha habido un primer anuncio; la creación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que por el momento genera más dudas que certezas y que deberá ser evaluado en el Congreso de la República. Las otras reformas, de lo que el presidente de la República definió como UNA NUEVA MINERÍA, se siguen haciendo esperar pese a que el plazo ya se venció hace bastante tiempo.
Finalmente, otro de los temas de fondo en la nueva etapa del caso Conga, tiene como eje central el análisis de Cajamarca. Ahora los cajamarquinos, sus autoridades y organizaciones sociales, tienen una extraordinaria oportunidad para comenzar a definir una propuesta de desarrollo para su región donde predominen los equilibrios ambientales, sociales, económicos y culturales; que no excluye a la minería, pero que si la ordene, la regule, la fiscalice. A ese debate también hay que contribuir los que hemos estado comprometidos con este caso.