La firma propone ceder a la comunidad diaguita de los Huascoaltinos, un terreno de 3.560 hectáreas, entre otras medidas.
El reconocimiento “del carácter indígena de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos, y su carácter de propietario del predio denominado Hacienda Huascoaltinos”, junto con la inclusión voluntaria de otras 15 comunidades originarias del Valle del Tránsito, figuran entre las principales declaraciones que la canadiense Goldcorp incluyó en la documentación que envió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para retomar la tramitación de su proyecto de cobre El Morro, que hace más de un año está detenido en virtud de un fallo judicial.
Hace un mes, sigilosamente, la firma ingresó al SEIA el quinto set de respuestas a las preguntas que los servicios públicos efectuaron, luego de que la Corte Suprema anuló el permiso ambiental de la iniciativa emplazada en la Región de Atacama y ordenó retrotraer el procedimiento hasta la etapa de evaluación, para incluir allí la información acerca de los impactos del proyecto sobre los grupos humanos y, especialmente, lo relativo a la realización de la consulta indígena, en virtud de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. “Esta adenda contiene elementos que suponen un avance cualitativo en la calidad de la línea base de medio humano indígena de este proyecto, aunque no agota la posibilidad de que se enriquezca nuevamente en un proceso de consulta, tal como lo prescribe el Convenio 169 de la OIT”, dice el documento de elaborado por la consultora Knight Piésold.
Compensaciones
La firma también incluyó medidas de compensación y mitigación, entre ellas, el ofrecimiento de ceder a los principales detractores del proyecto, la comunidad diaguita de los Huascoaltinos, un terreno de 3.560 hectáreas ubicado en la zona de río Valeriano, que duplica en superficie al área que la empresa tiene previsto utilizar para desarrollar El Morro.
Lo anterior porque la compañía reconoce que su actividad generará impactos sobre estos grupos indígenas como restricciones en su acceso a recursos naturales que usa como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso adicional. Se suma la cesión para este mismo grupo de otras 114 há. que corresponden a zonas de ribera de río a modo de compensación de vegas y pasturas que serán afectadas. También plantean entregar 37,3 há de terrenos de pastoreo para los crianceros de Quebrada Larga. En la adenda se explica que el proyecto utilizará el 0,73% de la superficie de la hacienda que pertenece a la comunidad indígena y que en total alcanza las 395 mil hectáreas. En paralelo, ofreció acciones de mitigación que incluyen la creación de un Fondo de Desarrollo Social que contará con recursos anuales por 22 mil UF (unos $ 500 millones).
Suspensión
Pese a las intenciones de la empresa de retomar el proceso, la dirección regional del SEA resolvió suspender, por un plazo que no fue determinado, el trámite de adenda, que a inicios de julio estaba a sólo 14 días de cumplir con su plazo legal de evaluación, para contar con el tiempo suficiente para cumplir la orden de la Corte Suprema de llevar a cabo la consulta indígena que contempla una primera fase de diseño donde se consensuarán plazos, mecanismos y alcances del procedimiento con la comunidad que a inicios de julio garantizó que participará del proceso. Luego, en una segunda fase se aplicará el proceso, que la empresa se comprometió a realizar de buena fe y en el cual se acordará también el uso específico que tendrán los terrenos que les serán cedidos.