Los habitantes de Jáchal agreden al gobernador tras la segunda fuga en un año
Los habitantes de Jáchal, a 150 kilómetros de la capital de San Juan (noroeste de Argentina), son especialistas en esperar. Lo hacen por las cloacas, por el asfalto, por el acceso a internet. Son unas 10.000 personas a las que la vida les enseñó a armarse de paciencia. Ahora viven en una disyuntiva que los divide. En la misma plaza en la que buscan señal de wifi con su móvil se monta desde febrero de 2015 la carpa de la asamblea Jáchal no se toca, armada para combatir una explotación con uranio enriquecido que finalmente no operó. Con los años, encontraron un nuevo enemigo: la actividad de la mina de oro. La mina es peligrosa y ha sufrido dos derrames de cianuro en un año que han agotado la paciencia del pueblo. Pero también da trabajo y no todos la rechazan.
Hace un año, un gran derrame de cianuro que llegó a cinco ríos puso al pueblo en el mapa en Argentina. Hasta el Papa Francisco se sumó a la lucha medioambiental. Así lo muestra una foto del Sumo Pontífice con un cartel en sus manos que reza «el agua vale más que el oro». Sin embargo, muchos jachalleros todavía entienden que la mina es sinónimo de progreso, a pesar de que las regalías hayan llegado a cuentagotas.
«Es mentira que el pueblo se vio favorecido por la mina porque antes teníamos muchas más actividades productivas como los cultivos de cebolla que se terminaron cuando apareció la mina», opina Faustino, nacido y criado en Jáchal. «Quienes eran albañiles, docentes, peones rurales y chacareros pasaron a tener dos autos por casa», le contradice Miguel, un camarero que como la gran mayoría de los que no participan, prefiere no polemizar con los asambleístas que rechazan la mina. Fernando, otro vecino, confió a este diario que un grupo de personas estudia conformar un grupo en oposición a la asamblea.
En el departamento de Iglesia, donde está ubicada la mina, apenas fueron construidos 30 kilómetros de veredas a pesar de que a sus habitantes les prometieron 2.000 millones de pesos (unos 130.000.000 de dólares) en obras públicas con dinero proveniente de Barrick. Incluso la cantidad de empleados contratados y que allí viven no llegan a 70. En Jáchal, a 120 kilómetros aguas arriba, tampoco se ven las señales del progreso prometido y que cada vez menos gente cree. Barrick sólo emplea a una treintena de habitantes de Jáchal con salarios que oscilan los 20.000 pesos (poco más de 1.000 dólares) y jornadas de 15 días seguidas para mitigar los efectos de la altura, dado que la mina supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar.
“Los cómplices también son responsables”, provoca uno de los tantos carteles que adornan la plaza central del pueblo. La consigna parece dirigida a esa parte del pueblo que aún se mantiene indiferente, ni se opone ni apoya a la minera, y apenas sale a la puerta de su casa para mirar desde lejos las manifestaciones de sus vecinos. «La verdad es que todos nos tendríamos que involucrar más, yo también», reconoce Valeria, una comerciante.
La situación ha llegado al límite con este nuevo derrame. El gobernador, Sergio Uñac, suspendió en forma temporal la actividad de la mina el pasado miércoles tras un nuevo accidente ocurrido en uno de los cuatro caños corrugados que transportan agua cianurada, que derramó 97 metros cúbicos a la hora en un valle de lixiviación, aunque esta vez, no llegó a los cursos de agua. El mandatario provincial llegó a Jáchal el viernes, a bordo del helicóptero de la gobernación. Allí se reunió con el intendente Miguel Vega durante 20 minutos y luego fue al encuentro de los asambleístas. Pero no llegó: cuando lo divisaron, lo cruzaron en plena calle y enseguida se armó un tumulto de aproximadamente 100 personas que lo rodearon, lo insultaron, exigieron el cierre definitivo de Barrick y también, su propia renuncia. «Queremos seguir siendo pobres pero estar vivos», le gitó una señora.Un abánico de vecinos todavía mayor miraba las acciones desde lejos.
Uñac respondió que está trabajando en la redacción del proyecto de ley necesario para que la Provincia detenga la minería en la cordillera. Le cuestionaron por qué no lo hizo cuando fue vicegobernador de José Luis Gioja, a cargo del ejecutivo provincial durante el kirchnerismo, cuando Barrick Gold se instaló en la provincia. Las partes no lograron entenderse y al cabo de media hora, un chorro de agua empapó al gobernador y una lluvia de huevos cayó sobre él hasta que logró resguardarse en la municipalidad. Acto seguido, se dirigió al departamento de Iglesia, donde en términos más pacíficos le reclamaron lo mismo, que se defienda los glaciares y que controlen a Barrick.
“Las condiciones de calidad se tienen que dar desde el principio y tanto Barrick como el gobierno de San Juan hicieron una mina para abaratar costos”, asume Saúl Zeballos, de la asamblea Jachal no se toca. “El descontento es con el gobierno anterior (de Cristina Fernández) porque dejó instalar a la Barrick y con el actual porque la devaluación del peso y la quita de retenciones a la actividad minera que decidió Macri invitan a que este tipo de empresas se instalen en el país y hagan lo que les dé la gana”, plantea.
La investigación
El gobierno de San Juan labró dos actas luego de que la comisión de minería investigara el lugar. Una refiere a una berma (un paredón contenedor de unos 2 metros) que la firma no construyó, a pesar de que así se le exigiera en 2015. La otra, por la omisión de dar aviso a los dos efectivos de la policía minera que están permanentemente en la explotación. A raíz de esto último, EL PAÍS pudo averiguar que se investiga una posible coacción con la empresa. Además, se estudia monitorear los trabajos en la mina con un circuito cerrado de video controlado por el Estado local y la posibilidad de una auditoría supranacional para evitar posibles complicidades entre las fuerzas locales y Barrick Gold.
La zona en cuestión no es apta para la explotación minera, pero Barrick llegó antes que la norma. El propio informe ambiental realizado por la firma da cuenta de que “en el área del Proyecto y zonas aledañas predominan las geoformas relacionadas con un ambiente actual de tipo Periglacial”. La Ley de Glaciares, promulgada en octubre de 2010, prohibe la actividad minera en zona de glaciares. Asimismo, la zona de lixiviación, donde ocurrieron ambos desastres, tiene 56 hectáreas más de lo permitido. Fue justamente un bloque de hielo el que el 8 de septiembre perforó el caño corrugado que volvió a derramar agua cianurada. Sin embargo, el director de Desarrollo Sustentable de Barrick Gold, Julio Claudeville, rechaza las acusaciones e insiste en llamar “incidente” al derrame. Barrick Gold opera en 10 países y aproximadamente el 10% de su producción lo aporta la mina Veladero, que comenzó sus operaciones en 2005, con una inversión inicial de 540.000.000 de dólares, explica. Actualmente emplea de manera directa a 3.700 personas, entre personal propio y contratado y la producción de Veladero en 2015 fue de 620.000 onzas de oro (unos 17.500 kilos). La firma ha informado que, según un informe elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la mina Veladero y su cadena de valor representan un 28,6% del producto bruto geográfico de la provincia de San Juan.
El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, reveló este sábado que “no se encontró presencia de cianuro en los lugares examinados”, a la luz de los exámenes realizados por la Universidad de Cuyo. No obstante, un informe hidrológico de muestras tomadas el 6 de julio y al que este diario tuvo acceso, alertan sobre la presencia de aluminio, manganeso, cadmio, cromo, níquel, plomo y zinc en el río Jachal y en la localidad de Mogna, donde viven unos 300 habitantes. Allí también se ha encontrado mercurio.
La inversión que Barrick tiene que hacer para seguir funcionando en ese lugar oscila los seis millones de dólares. Ya anuciaron la mejora de 7,5 kilómetros de bermas circundantes y la limpieza de los canales perimetrales que evitan que el agua de deshielo entre en contacto con el valle de lixiviación, entre otras obras. La paciencia de la gobernación llegó a su punto más alto luego de dos derrames confirmados y otros tres (en 2011, 2012 y 2013) de los cuales sólo dos fueron admitidos por la empresa.
Cuando la investigación acerca de este nuevo hecho concluya, a Barrick Gold podría caerle una multa similar a la del año pasado, nueve millones de dólares, por ser reincidente; aunque eso no comprará la confianza de los jachalleros; tal y como lo explica Gustavo Herrmann, referente de Jáchal no se toca: «la relación entre nosotros y la empresa es como un matrimonio. La primera vez que me engañas es culpa tuya; pero la segunda es culpa mía, por volver a creerte”.