26 de Marzo de 2012
Pocas veces se ha visto un despliegue propagandístico -¿ése es el estado de opinión del cual tanto hablan el presidente Rafael Correa y sus voceros?- y logístico realizado por un gobierno para defenderse de un supuesto peligro de desestabilización, como el que el Ecuador, y particularmente Quito, vivieron el jueves 22.
25/03/2012. La marcha indígena, campesina y de los movimientos sociales que partió desde El Pangui para oponerse al extractivismo minero puso a trabajar a tope al aparato gubernamental y partidista, aun cuando Correa, en una de sus ocho evaluaciones del día, la calificó de «paupérrima».
Si bien el Gobierno proyectó la idea de tener controlada la situación y no solo descalificó la importancia de la protesta sino que se refirió a los dirigentes con todos los apelativos posibles para estigmatizarlos, queda la impresión de que el Gobierno, pese al despliegue de recursos, no logró desactivar el mensaje de fondo que traían los manifestantes.
De poco sirve mostrar la capacidad de movilización partidista -de paso, ya se nota la mano de Raúl Patiño, secretario de Inteligencia, en la organización de las bases aliancistas- y recurrir a todas las tácticas informativas y logísticas, si el objetivo político de desacreditar la motivación de las marchas no se cumplió.
Pese a todas las dificultades, pese a los incidentes en la Asamblea Nacional y la poca voluntad de escuchar, pese a los fluctuantes mensajes gubernamentales sobre la posibilidad de diálogo, la dirigencia indígena movilizada llegó al país con su mensaje político.
No se sabe si el Gobierno hará el mismo despliegue cada vez que un grupo representativo del Ecuador quiera expresar sus puntos de vista, pero lo que sí se sabe es que con la marcha de la semana pasada, los indígenas dieron un paso importante para recuperar el espacio político que habían perdido en los últimos años por efecto de su participación en distintos gobiernos.
Lo hicieron tomando distancia de los grupos denunciados por oportunismo político; lo hicieron pese a una fragmentación interna que no es atribuible solamente a la acción de este Gobierno, sino precisamente al resultado de haberse expuesto a los avatares del poder en el cual ellos participaron como convidados.
La marcha llegó a Quito y, por encima de la sobrerreacción gubernamental que provocó, puso sobre el tapete la necesidad de discutir los cómos de la explotación minera, pese a que el presidente Correa no se cansó de repetir que no hay que ser tontos y hay que aceptar las bondades de la minería como él la concibe. Según Salvador Quishpe, la larga marcha también tuvo el efecto de romper el miedo.
El hecho real es que el debate sobre la minería está instalado y que, más allá de las posiciones de fuerza, el Gobierno y sus agentes políticos ya no pueden ignorarlo. ¿Valieron la pena tanta parafernalia y tantas admoniciones?