La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia llegó al nivel de “crisis humanitaria”, dijo el coordinador del programa Somos Defensores, Carlos Guevara.
“El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, aseguró Guevara.
En los últimos días se ha recrudecido la violencia contra líderes sociales con el asesinato de cuatro de ellos en diferentes regiones del país.
Según cifras del director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aunque la Defensoría del Pueblo cuenta un total de 311, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con más asesinatos.
¿A qué se deben los asesinatos?
Guevara explicó que la situación es de “crisis humanitaria” porque “hay actores en distintos territorios que están intentado acabar con la vida de todos y cada uno de ellos” sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios.
Subrayó además la gravedad de la situación al afirmar: “No tenemos respuesta estatal, hay una situación de violencia masiva, no puedo decir que es generalizada, ni que es sistemática, porque no tenemos en este momento cómo evidenciarla pero sí es masiva”.
Es tan masiva que hay 311 líderes asesinados en los últimos 2 años. Si cruzamos datos de todos los líderes asesinados hasta el día de hoy encontramos que la mayoría son líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, barquereos, cocaleros, desplazados, de las zonas de reserva campesina, líderes sindicales, campesinos y Lgbti.
Muchos de los homicidios también siguen un patrón y es que las víctimas son asesinadas muy cerca o dentro de sus viviendas por hombres armados que llegan hasta el lugar y los asesinan frente a su familia. En otros casos se repite otro patrón y es que son raptados antes de ser hallados muertos por las autoridades. También se presenta el asesinato de los familiares de los líderes como los hijos, y eso se evidencia en algunos casos en el Urabá antioqueño.
Otro de los lugares comunes y es que en las zonas donde ha habido mayor disputa por la restitución de tierras y los cultivos ilícitos es donde más se han presentado esta clase de asesinatos, también donde confluyen diferentes actores armados y no hay un mando único establecido. “A los que están asesinando los están matando porque están impulsando quitar una economía considerada ilegal y que beneficia a los narcotraficantes y grupos armados. Y el Gobierno no está tomando medidas para proteger a esos líderes por lo que están expuestos a que los asesinen”, afirma Arnobis Zapata, coordinador de la Coccam en Córdoba.
Según el Gobierno por cada hectárea de coca que se retira, las cadenas de narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año. “Quienes se lucran de ese dinero, que son los narcotraficantes no los campesinos, obviamente ven que se están afectando sus intereses y por eso han asumido esos comportamientos”, reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.
La respuesta del Gobierno
Esta ola de violencia es un asunto que llama la atención de la comunidad internacional. Por esto, Guevara llamó la atención sobre el silencio del Gobierno, en especial después de las elecciones.
“Parece que las instituciones se silenciaron después de las elecciones y están viendo desde la barrera cómo están asesinado a estos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, añadió.
Lamentó que la situación no hubiese hecho parte de la reciente campaña electoral y reclamó acciones del Gobierno.
El presidente, Juan Manuel Santos, condenó este jueves la reciente ola de asesinatos de líderes sociales y ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ponerse al frente de la situación.
De acuerdo con el jefe de Estado los inspectores deberán “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública” ante los crímenes ocurridos durante los últimos días. Del mismo modo, añadió que evitar estas acciones delictivas demanda un trabajo en conjunto con múltiples entidades del Estado.
La orden se da debido a la muerte violenta de Margarita Estupiñan, en un hecho ocurrido en las últimas horas en el municipio de Tumaco, al cual se suma el de Ana María Cortes Mena, asesinada en Antioquia; y al homicidio de Luis Barrios en Barranquilla.
Entre tanto, señaló el jefe de Estado que la Fuerza Pública “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables, lo mismo la Fiscalía y todas las autoridades”, esto con el fin de erradicar un flagelo que va en aumento.
Para el próximo martes convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que se buscará adoptar nuevas medidas de protección para los líderes sociales. Ese día se formalizará la entrada en vigencia de un decreto especial de seguridad colectiva.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que entre las medidas a tomar está la de mejora el alumbrado público en lugares donde residen o trabajan los líderes amenazados e instalar antenas para mejorar la comunicación, en especial de los celulares, porque en muchas regiones no existe la telefonía.
“Este es el principal problema que afronta el nuevo Gobierno tan pronto llegue a la Casa de Nariño”, el próximo 7 de agosto, concluyó Guevara. Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Catatumbo y Norte de Santander, son las regiones con más riesgo.